A Estribor / Juan Carlos Cal y Mayor

Austeridad y eficiencia

Uno de los mandatos del masivo voto popular que se expresó en las urnas el pasado primero de julio, fue combatir la corrupción e impunidad, así como acabar con la opulencia que representa lo que la vox populi considera los excesivos salarios y prestaciones que perciben los funcionarios públicos, los legisladores así como jueces y magistrados del poder judicial. Fue el hartazgo de una sociedad por los abusos de aquellos funcionarios, sin vocación de servicio, por culpa de los cuales ahora se juzga por igual a la gran mayoría.
El anuncio de los 50 compromisos por parte de AMLO va en consonancia con el momento político que vive el país derivado de los escándalos de corrupción que generaron un descontento generalizado y un enojo social que se vio reflejado en las urnas. Lo más significativo fue la gran participación de una ciudadanía que tiene grandes expectativas y exige cambios profundos al régimen político y la manera de gobernar.
Desde el documento fundacional proclamado por José María Morelos y Pavón -Los sentimientos de la Nación- se llamaba a «moderar la opulencia y la indigencia». Para Don Benito Juárez, los funcionarios públicos, no podían improvisar fortunas, disponiéndose a vivir, en la «honrada medianía» que proporciona la retribución que la ley les señala.
Es importante contextualizar que desde la independencia y luego en la reforma del 57, las finanzas públicas eran casi nulas. El eficaz y gran recaudador era el clero. Por eso la separación de la iglesia y el estado así como la desamortización de los bienes del entonces gran terrateniente que eran los poderes eclesiásticos. El incipiente nacimiento de la República Juarista, surgió acompañado de millonarios empréstitos extranjeros ya contraídos (el origen de nuestra deuda histórica) que orilló al Presidente Juárez al proclamar la ley de suspensión de pagos de 1861. La viabilidad de las instituciones del gobierno y las fuerzas armadas para mantener el orden, estaba comprometida y la suspensión de pagos (o aplazamiento) provocó que España, Inglaterra y Francia sitiaran al país en el puerto de Veracruz que representaba la principal fuente de ingresos por la vía aduanal. De ahí provino la intervención francesa y la conformación del segundo imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo. El interés del imperio francés era mas geoestratégico que económico. La deuda fue un pretexto para justificar el intervencionismo en América de Napoleón III. La doctrina Monroe tomó fuerza porque los norteamericanos no querían una extensión del predominio europeo. Mientras los conservadores firmaron el tratado Mon-Almonte con España en 1859 a cambio de empréstitos para subvencionar la guerra contra los liberales, estos últimos suscribieron el tratado McLane Ocampo, que comprometía derechos de intervención a perpetuidad para los norteamericanos principalmente en el istmo de Tehuantepec.
Fue memorable la gesta del general Zaragoza que con un ejercito famélico por la falta de recursos combatió y venció a los franceses en la batalla de Puebla. Por eso que en esos momentos históricos la austeridad era por fuerza una medida necesaria.
Ya en pleno siglo XX, los gobiernos priístas de Echeverría y López Portillo, cuyas medidas populistas y excesos provocaron una profunda crisis económica, obligaron a Miguel de la Madrid hacer de la renovación moral de las sociedad y el combate a la corrupción la tesis central de su gobierno sin lograr un cambio sustantivo al respecto. A pesar del control absoluto de los medios de comunicación, la inauguración del mundial del 86 reflejó el repudió social en la rechifla generalizada que recibió el presidente de la Madrid en el estadio azteca.
En contraste con esos gobiernos y mucho antes, durante el gobierno de Don Adolfo Ruiz Cortines, destacó la honestidad del Presidente quien al termino de su mandato regreso a vivir a su casa en Veracruz cuando no existían pensiones para expresidentes. Heredó un patrimonio modesto y debería ser un referente ahora que lo que se discute es precisamente eso.
Hoy destaca como un referente moral el expresidente de Uruguay Pepe Mujica, quien rechazo ocupar la casa presidencial y vive en su «chacra». Muchos lo admiran alrededor del mundo por esa muestra de sencillez, pero es de destacar que junto con su esposa son senadores vitalicios y reciben una percepción también vitalicia. El caso de Pepe Mujica es excepcional y admirable, pero no le caracterizó el proponer una reducción generalizada de sueldos como ahora se pretende en nuestro próximo gobierno.
Hoy se discute si la medida es necesaria y se debe aplicar los niveles de mandos medios y superiores del propio poder ejecutivo así como el legislativo y judicial. Por supuesto que el anuncio de López Obrador tiene un amplio respaldo popular y más ahora que se están haciendo públicas la percepciones de los ministros de la suprema corte y en general de jueces y magistrados federales, así como los diputados y senadores. Para una gran mayoría resulta ofensivo, porque que piensan que además de cobrar altos salarios son además corruptos. Las discusión esta abierta y ha provocado reacciones pero falta su implementación una vez que el próximo poder legislativo con mayoría morenista presente su iniciativa de egresos y la reducción de plazas en altos mandos de la administración como se pretende en las delegaciones federales en los estados.
Se supone que las medidas de austeridad generaran ahorros para que sin aumentar impuestos se puedan cumplir los compromisos de apoyar a los adultos mayores y las becas laborales, así como otras inversiones importantes como la descentralización de las secretarias de estado que merecen un análisis aparte. El tema no es tan sencillo como parece porque tiene implicaciones legales y de carácter laboral.
Difícil será imponer a rajatabla, pero ojalá surja algo positivo de todo esto por la vía del consenso y no de la imposición del mayoriteo que sin duda es legal y legitimo. En mi opinión, evitar el dispendio inmoderado de los recursos públicos es un tema de salud política y la intención es clara, pero también se debe ponderar si estos ajustes no implican la falta de eficacia y resultados en el ejercicio del gobierno.
Sanear las finanzas públicas es una necesidad para devolver la solvencia económica del gobierno. Particularmente en los gobiernos estatales es necesario regular los empréstitos y evitar pasivos que afectan el funcionamiento de la economía. Se debiera hacer un ejercicio del costo beneficio que significan todos y cada uno de los rubros del gasto público. Hay tela de donde contar si se hace un esfuerzo de reingeniería presupuestal. En todo caso hay que ponderar primero la justificación y la eficiencia del gasto así como la inversión pública por encima del raquitismo institucional. La austeridad por si sola no lo garantiza. Por el contrario puede estimular aun, sin desearlo, una corrupción que bien puede mutar y adaptarse a los nuevos tiempos.

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