Mordieron el anzuelo
Los opositores a la encuesta que se realizó para tomar la contraproducente decisión de cancelar la continuidad de la construcción del aeropuerto de Texcoco, mordieron el anzuelo. Señalan que la encuesta es ilegal por no haberse hecho conforme a lo establecido en la ley.
Visto desde esa óptica me queda claro que no se apeló al marco jurídico vigente y se hizo simplemente como un ejercicio o mecanismo propuesto por quien aún no asume la presidencia para tomar una determinación en la que claramente tenía una inclinación. Digamos que es un «sondeo» realizado con financiamiento de los diputados de Morena (no sabemos a cuánto asciende la aportación), con apoyo de la Fundación Rosenbluth que preside don Enrique Calderón Alzati. Dicha institución está especializada en sistemas informáticos y tecnología aplicada. Se dedica a impartir diplomados y cursos sobre diversos temas relacionados con su objeto.
Se entiende que dicha fundación desarrolló la aplicación y organizó el proceso de consulta que, ha decir de algunos testimonios, falló al no inhibir la multiplicidad de votos reproducidos en redes sociales por quienes hicieron estos ejercicios. Resultaron ser problemas de comunicación con la señal de internet. El sesgo de los centros de votación careció de rigor metodológico. No se sabe si les pagaron a las personas que instalaron los centros de votación y se infiere que son simpatizantes o militantes de Morena. También falló la tinta indeleble utilizada, ya que desaparecía con facilidad (eso lo comprobé personalmente unas horas después de emitir mi voto). Digamos que comparada con el rigor y medidas de seguridad y transparencia con que se organizan las elecciones en México, dista mucho de ofrecer resultados creíbles y verificables.
En síntesis, es un sondeo en que se infiere participaron simpatizantes de Morena cuyo resultado era predecible. Suponiendo que se trató de un primer ensayo de consulta y se hizo de buena fe, sin alterar resultados, el resultado a la postre era predecible. Yo me fui con la finta. Participé seguro de que, acorde con encuestas publicadas, triunfaría el aeropuerto en Texcoco. Es un tema de sentido común, pero al parecer es el menos común de los sentidos.
Quienes participaron en el debate por parte del futuro gobierno se suponía debían, según ofrecieron, ser imparciales. No lo fueron. Oficiosa y sistemáticamente el ingeniero Jiménez Sprieu defendió sus postulados en contra del NAIM y a favor de Santa Lucia. Al final de cuentas él, junto con el ingeniero Rioboó, le vendió esa idea a AMLO. El día que dieron a conocer los resultados no festejaban el ejercicio tanto como el resultado de la consulta. No ocultaron su euforia.
A una crítica del periodista Carlos Marín, el ingeniero Alzati contestó en un escrito publicado por Milenio que: «la suspensión de una obra gigantesca que, de continuarse, no sería otra cosa que un monumento para celebrar el gran negocio inmobiliario de un sexenio que termina hundido en el descrédito y la ignominia.» Es tanto como si un árbitro festejara un gol de Ronaldo en pleno partido. El señor responsable de realizar la consulta no podía más que defender su implementación. No su resultado.
Por la cantidad de críticas sobre la supuesta ilegalidad, ahora los diputados de Morena, a decir de Martí Batres, presentarán una iniciativa para modificar la ley y poder realizar las consultas cuantas veces consideren necesario. Ahí es donde digo que la oposición mordió el anzuelo. Andrés Manuel ya midió la lealtad de sus seguidores ante estos ejercicios y con el aval del «pueblo sabio» podrá hacer lo que le venga en gana.
Ahora AMLO va por la consulta al Tren Maya. Por supuesto los estados beneficiarios votaremos a favor. ¿Pensarán lo mismo en el centro y norte del país ó sólo encuestarán a los estados involucrados en el magno proyecto? Yo he escuchado opiniones en contrario. Ahora bien, ¿consultarán a los pobladores en Santa Lucía? Se supone que no porque ya está decidido.
Sólo que ya se atravesó un pelo en la sopa…
Y ahora, dicen no también a santa lucia y exigen consulta
Anote bien el nombre de José Antonio Lara Duque, abogado y coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL). Representa a pueblos y comunidades en torno a la actual base aérea militar en Santa Lucía. Se están organizando para impedir la construcción de la nueva terminal y literalmente afilan los machetes –como en Atenco- para exigir una consulta. Pero no las que hacen la Fundación Rosenbluth. Exigen se lleve a cabo conforme al convenio 169 de OIT, es decir, sólo participarían los llamados pueblos originarios. Así como aparecieron defensores de un lago que ya no existe donde se construye aún el NAIM, ellos se preparan para la defensa de los mantos acuíferos en la zona de Santa Lucía. Resulta que en el polígono que ocupa, las condiciones son idénticas al NAIM y se trata de una zona lacustre. Advierten, además, sobre los daños ambientales y la probable desecación del lago de Zumpango cercano a la base aérea. En pocas palabras, el asunto se enredará más ahora que Don Sprieu rebosa de contento. A ver como desfacen este entuerto.
