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A Estribor / Juan Carlos Cal y Mayor

A Estribor / Juan Carlos Cal y Mayor

Texcoco respira por la herida

De ordenarse la paralización del NAIM a partir del nuevo gobierno, se prepara por parte de los afectados “tenedores de bonos” una acción legal denominada “class action”, misma que se presentaría ante la denominada “First District Court in the State of New York”, cita en Manhattan. El Proceso judicial tendrá como parte demandante a los tenedores de los bonos que fueron ofertados y adquiridos a través de la Bolsa de Valores de NY, papel comercial cuyo ofertante fue precisamente el denominado Grupo Aeropuertario de la Ciudad de México (“GACM”), empresa paraestatal Mexicana controlada por ASA, esto es, por el Gobierno Federal de nuestro país.
Las demandas de “clase” suelen buscar la reparación masiva de daños de onerosísima cuantía, a toda una “clase” de individuos en idénticas circunstancias, que tan solo debe sumarse a la acción mediante la simple firma de una especie de “proxy” o intermediario y sin participar en las diligencias judiciales, otorgando absoluta libertad al litigante representando al grupo que ejercita la acción.
El uso del sistema bursátil estadounidense (“NYSE”) es lo que otorga competencia jurisdiccional al juez federal de NYC, incluso al amparo de convenciones internacionales de las que México forma parte. La litis que se plantea es bastante elemental: el propio oferente de los bonos colocados y enajenados que recabaron hasta 13.5 mil millones de dólares, será la entidad que extinguirá la fuente de repago de los propios títulos, es decir, el GACM. Obviamente el que la orden provenga del nuevo ejecutivo federal en nada modifica la personalidad jurídica ni del Gobierno Federal Mexicano ni de la citada empresa paraestatal desarrolladora del NAIM, como parte potencialmente demandada. Eso no solamente tipifica de manera meridiana la figura del “Civil Fraud”, sino que adicionalmente tiene implicaciones punitivas de daños y perjuicios que normalmente rebasan en más de un 100% el monto principal inherente al reclamo, estaríamos hablando de más de 27 mil millones de dólares en reclamo.
De hecho esta situación explica el motivo por el cual la obra por absurdo que parezca aún sigue en curso como se ha anunciado y en ejecución a pesar de la anunciada cancelación de la construcción. La administración saliente buscó no ser copartícipe de semejante escenario y las responsabilidades que ello conllevaría.
Esta inminente acción, aparentemente muy dañina para el patrimonio público de nuestro país, podría acabar constituyendo un contrapeso y por tanto generar involuntariamente los actos de reversión que se necesiten para que el NAIM continúe hasta sus últimas consecuencias y, al final del camino, en beneficio de este país.
El análisis corresponde a José A. Duclaud, un abogado corporativo quien tiene mucho de razón. La eventual cancelación unilateral de la obra del NAIM, implicaría una serie de demandas por parte de inversionistas que arriesgaron su capital y cuyas sentencias, de acuerdo al derecho internacional, tendrán efectos para el gobierno mexicano con multimillonarias pérdidas. Hablamos en principio 120 mil millones de dólares a resarcir a unos 750 inversionistas extranjeros.

Implicaciones legales y económicas
Más allá de la “consulta” o las conjeturas en torno a probables actos de corrupción en las obras del NAIM de Texcoco, estarán las implicaciones legales y económicas con altísimos costos para el erario. Tarde o temprano saldrá más caro el caldo que las albóndigas, esto aunado a los gastos por habilitar o rehabilitar los aeropuertos actuales. Habrá que encarar la cascada de demandas legales que se vienen encima.
Cuatro afores destinaron 13,500 millones de pesos de los recursos de los trabajadores para adquirir parte de los 30,000 millones que se emitieron a través de Fibra E, de la nueva terminal aérea. Afore Inbursa, Pensionissste, Profuturo y XXI Banorte y los trabajadores que representan tendrían que formarse al final de la línea de pago en caso de que se cancele la terminal. Primero se paga a los acreedores, seguido por impuestos y después al gobierno y socios capitalistas.

Más caro el caldo
Si la cancelación del NAIM Texcoco se debe a la corrupción o a los gastos onerosos, se convertirá en el FOBAPROA de este gobierno, ya que “rescatar” a los inversionistas y cumplir con los contratistas, como se ha ofrecido, será subsanar con presupuesto público un error en perjuicio de unos cuantos que todos pagaremos. Es tirar a la basura 250 mil millones de dólares o más.
Al final de cuentas, el mal menor sería terminar el aeropuerto de Texcoco que bien podría, si tanto les preocupa, concluirse con inversiones privadas. Será un gran negocio que en vez de representar valiosos ingresos para el gobierno, terminará beneficiando al gran capital privado, me canso ganso…

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