En breve se iniciará un proceso judicial en su contra, por la deuda de más de 108 millones de pesos que dejó al organismo electoral, señala abogado
Héctor Estrada
[dropcap]L[/dropcap]a deuda de más de 108 millones de pesos que el ex titular del Instituto Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Adrián Sánchez Cervantes, dejó al organismo electoral está en vía de comprobación para iniciarse de inmediato un proceso judicial en su contra, señaló el miembro del Colegio de Abogados de México, Juan Ignacio Martínez Lazcano.
Hace meses un grupo trabajadores del IPEC, que prefirieron guardar el anonimato por temor a represalias, precisaron que justo antes de la salida de Sánchez Cervantes se reportó la desaparición de documentación fiscal (facturas y contratos) que el organismo ha señalado como elementos que impiden comprobar el desvío de recursos cometido por el ex Consejero Presidente.
No obstante dicha premisa, el jurista Juan Ignacio Martínez aseguró que la «desaparición» de la documentación comprobatoria no puede ser argumento para impedir una auditoria o investigación judicial.
Señaló que legalmente es posible solicitar la reimpresión de facturas a proveedores y copias de contratos establecidos durante la estancia de Adrián Sánchez como Secretario Ejecutivo y Consejero Presidente del organismo.
«Si existen indicios de un anómalo usos de recursos públicos por parte de un funcionario el extravío de documentación no puede ser impedimento para realizar una auditoría. Los organismos de fiscalización deben solicitar la restitución de la papelería e iniciar la investigación, porque el sólo hecho de extraviar documentos tan importantes ya resulta sospechoso», expresó.
Anomalías
Y es que, tras la salida de Sánchez Cervantes del IEPC una serie de anomalías sobre su administración salieron a la luz pública, entre los que destaca una deuda de 108 millones 249 mil pesos que el instituto tiene con diversos proveedores de servicios a los que no se les realizaron los pagos convenidos en sus facturas.
Un ejemplo claro fue lo sucedido en junio del año pasado cuando un juez del ramo civil dictó un embargo contra el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) al incumplir con el pago de seis millones de pesos a la empresa DSI elecciones SA de CV, contratada para organizar los comicios –vía electrónica– de los migrantes chiapanecos en Estados Unidos.
La relación con DSI elecciones SA de CV en 2012 formó parte de una serie de contratos firmados cuando Adrián Sánchez ostentaba el cargo de Secretario Ejecutivo del IEPC, justo unos meses antes de ser ascendido al cargo de Consejero Presidente de dicho organismo.
Según consta en estadísticas oficiales del organismo electoral, Sánchez Cervantes recibió el Instituto Elecciones y Participación Ciudadana con un deuda de 60 millones de pesos que elevó durante su administración a 108 millones 249 mil pesos que aún no han podido ser legitimados por los órganos auditores.
En lo que respecta a la plantilla laboral, el ex titular del IEPC elevó la nómina 119 a 140 puestos laborales. La mayoría de los nuevos puestos con sueldos superiores a los 15 o 20 mil pesos mensuales, aunado a una deuda en revisión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por omitir pagos del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Sin embargo, el escandalo más reciente se refiere a la denuncia pública hecha por los empleados del Instituto Elecciones y Participación Ciudadana, quienes revelaron un presunto caso de malversación de recursos cometidos contra los fondos destinados al pago del Infonavit y el seguro médico.
Es decir, según consta en informes del Infonavit, durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2014 no se entregaron al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) los recursos que se descontaron mensualmente a los trabajadores (vía nómina) para el pago de dichos beneficios laborales.
Aunque los montos totales del desfalco a los fondos del Infonavit y el IMSS aún no han sido precisados, al menos media centena de trabajadores perdieron la posibilidad de acceder a un crédito de vivienda durante el año pasado como consecuencia de las irregularidades en los pagos emitidos por el IEPC.
«El Infonavit extendió un informe donde se nos notificó a los trabajadores que simplemente el IEPC dejó de pagar el recursos de los trabajadores, aunque nunca se nos dejó de descontar vía nomina ese dinero. Sabemos que no se ha hecho nada al respecto para aclarar el asunto. Mientras tanto nuestro dinero ya se dio por perdido», puntualizaron los trabajadores afectados.
