Acusan de fraude a Fernando Castellanos

Empresarios y activistas denuncian ante medios de comunicación recurrentes irregularidades en el pago de bienes y servicios a proveedores del ayuntamiento: falsificación de firmas, pagos a empresas fantasmas y campañas mediáticas de denostación; piden a las autoridades competentes llamar a cuentas al aún presidente municipal y a todos los funcionarios que conforman su red de complicidades

Julieth Rodríguez/Portavoz

[dropcap]A[/dropcap]cusaciones de fraude, peculado, ejercicio indebido del servicio público y abuso de funciones públicas, afronta el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, por pago de servicios a una empresa «fantasma» e impago a reales proveedores.
En compañía de activistas y empresarios preocupados porque el edil tiene pretensiones de aspirar al cargo de gobernador pese a su mal proceder en la administración municipal, ayer por la tarde, Rafael Castillejos Guízar, representante legal de la compañía Grupo Constructor Inmobiliario de México, relató que por parte del Ayuntamiento capitalino sólo se han encontrado con mentiras, datos falsos, malversación de fondos públicos y corrupción.
Ya han hecho del conocimiento de esta situación, a través de denuncias, a la Fiscalía General del Estado de Chiapas —que preside Raciel López Salazar—; el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso estatal; el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; así como de la Junta Local de Chiapas, del Instituto Nacional Electoral, según consta en las copias que los denunciantes proporcionaron a Portavoz.
De acuerdo con lo que sostienen los quejosos, el 1 de diciembre de 2015, Castellanos Cal y Mayor solicitó los servicios de Grupo Constructor Inmobiliario de México para efectuar la remodelación del edificio que ocupa la Presidencia Municipal, así como la instalación de un elevador. Aunque los trabajos se concluyeron de manera satisfactoria, la empresa nunca recibió pagos por las labores y ante la próxima conclusión de la actual administración, emprendió sus propias investigaciones a fin que se le reconociera la propiedad del elevador y que se cubrieran las deudas.

Empresa «fantasma»
Como resultado de las indagatorias, una fuente les otorgó la copia fotostática de la factura donde el Ayuntamiento municipal supuestamente acredita que paga por el elevador a una empresa que no se los vendió, y temen que la misma malversación se haya emprendido en el caso del dinero que correspondería a la remodelación.
«Logramos —casi una semana posterior a que se nos facilitara la copia— el número de cheque, cuenta y denominación que fue pagada a esa empresa que no proveyó el elevador; y cuando empezamos a indagar más porque queríamos saber quién es esta empresa, a dónde estaba, nos encontramos con otro lado más agravante, resulta que es una factura apócrifa, la empresa no existe, el QR que tiene la factura no coincide con la clave que está registrada; y ante esa situación optamos, ya teniendo las documentales, presentar una denuncia en la fiscalía por fraude en materia penal contra Fernando castellanos», explicó Castillejos Guízar.
La compañía inexistente se denomina «Equípate Comercializadora», a la que el Ayuntamiento entregó un millón 379 mil 652.96 pesos, según la factura número 1529 de fecha 11 de agosto de 2017 —de la que este medio tiene copia—, que se pagó con cheque de Banorte, número 0000090 de la cuenta número 0485926680, por concepto del elevador que coincide con las características de aquel que la empresa agraviada adquirió e instaló en la Presidencia Municipal. En total Grupo Constructor Inmoviliario de México hizo un desembolso por esa maquinaria y la remodelación, de 6 millones 99 mil 714 pesos.
Desde diciembre han permanecido sin resolución, por lo que le mandaron una carta al fiscal, López Salazar, para manifestarles que les extraña que no se le haga ni siquiera un requerimiento al alcalde, por lo que insisten a esta autoridad que se avoque a la investigación de la evidencia que se ha entregado, la factura falsa.
Por parte del Poder Judicial, es lento pero hay avance reconoció Castillejos. Asimismo, comentó que se acercaron al área que investiga los actos de corrupción dentro de la misma fiscalía, desde donde sí se hizo un requerimiento a la síndico municipal Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, quien ante la autoridad negó que el elevador sea propiedad de Grupo Constructor Inmobiliario de México y que haya deuda de por medio. No obstante, ellos han exhibido documentación comprobatoria.
Castillejos Guízar, quien además es presidente del Consejo Empresarial para la Productividad, ha encontrado eco de sus demandas en el mismo gremio, donde ya suman varias las quejas contra la actual administración municipal que van en el mismo sentido que él ha planteado: engaños, corrupción, campañas mediáticas de denostación.

Quieren dañar Tuxtla
En palabras de Mauricio Gándara Gallardo, director general de GTR Consultores, en la administración municipal hay claras muestras de que se conciertan planes para causarle daño patrimonial al pueblo de Tuxtla Gutiérrez, en los que incluso ha estado coludida quien fue la secretaria municipal, Gloria Luna, acusó.
Asimismo, hubo una intentona de afectar a los tuxtlecos cuando alcalde convocó a una sesión en la que pretendía dejar sin efectos el contenido del punto 30 del orden del día del acta 133, correspondiente a la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 16 de noviembre de 2010. No obstante, Gándara presionó a través de redes sociales para que así no fuera y con el trabajo de los regidores se logró que se retirara de los puntos del día.
Señaló a la actual secretaria general del Ayuntamiento, Madga Jan de hacer todo lo posible por perder el caso contra Proactiva, además que se opera que sea el pueblo de Tuxtla quien salde la deuda 300 millones de pesos que mantiene el gobierno municipal con esa empresa.
Por su parte, en la conferencia de prensa, Héctor Montesinos dijo que esto es prueba que desde hace 11 años cada administración ha apoyado 100 por ciento a Proactiva, sin tomar en cuenta la salud de los ciudadanos. Muestra de ello es que la autoridad municipal actúa de manera que pierda los juicios ante esa empresa, por «amarres en lo oscurito», por ello en próximos días presentará una denuncia en contra de Fernando Castellanos y funcionarios por el atentado contra el derecho a la salud de los tuxtlecos.
Al final, piden se investigue para que caiga el peso de la ley sobre la persona de Fernando Castellanos Cal y Mayor, así como sobre todos los funcionarios que se han prestado a servir a los intereses ajenos al bienestar de la ciudad capital, a fin de terminar con esta red de complicidades.

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