Al Son del texto / Tina Rodriguez

Foto: El Universal

Lo que hizo el Tribunal del Poder Judicial de la Federación es aplicar la ley electoral en Chenalhó, de acuerdo a su vigencia, en una entidad cuyo proceso pasado fue sumamente evidenciado y hasta el cuerpo concejal de su órgano electoral, sustituido por el INE.
Es decir no se trató de pisotear usos y costumbres en Chenalhó al regresarle el municipio a la triunfadora, como muchos dicen con las vestiduras desgarradas; ahí se aceptó llevar a cabo una elección y eso es constitucional y en esa métrica se aplica.
Ahora la quieren revertir mediante ese argumento de que habrá problemas por la reacción de los indígenas varones, que solo beneficia a un grupo caciquil que se ha aprovechado de siempre de ese método convenenciero.
Porque si no aceptan la ley electoral como es, como aceptan las otras que le dan beneficios agropecuarios y agrícolas, e incluso presupuestos especiales para municipios indígenas que manejan a su arbitrio, y que de plano nunca presentan comprobación, en una arbitrariedad que permite el estado mismo, en aras de no crear conflictos en esos municipios mañosos.
Se tiene que aplicar la ley y ya.
Quien se oponga se ajustará a lo que sancione la misma.

Al Son que me toquen…

¿Cómo está eso de que se debe buscar una legislación que regule el derecho a manifestarse?
Desde luego que molesta tener calles cerradas por el paso de manifestantes, pero ¿no deberían los distintos niveles de gobierno evitar que se llegue a ese punto en lugar de meterlo a la ley?
La mayor parte de las manifestaciones se llevan al cabo por gente cuyos problemas no fueron resueltos por algún nivel de gobierno, o porque les queda claro que la autoridad está cargada al lado de los que no tienen razón, como casi siempre.
Hemos visto no pocas veces que los políticos encargados de las negociaciones gustan de explotar la situación en busca de imagen, de aparecer como los operadores cuando son parte de lo que provocó el problema, y hasta resulta muy egoísta pensar que las manifestaciones deberían estar prohibidas, al mismo tiempo un derecho ciudadano exigir que cesen los bloqueos, que es un asunto distinto, y entramos en qué justifica no quejarse o quejarse dañando a terceros.
Otros terceros fueron dañados porque los funcionarios afectaron sus intereses en aras de ganar con los propios, y nos preguntamos por qué no mejor llaman a cuentas a los abusivos que complicaron primero el escenario.
Porque ni negar que con la Reforma Educativa, los diseñadores de ésta sabían que la CNTE iba a reaccionar. Solo que no sabían con qué virulencia.

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