Alto al despojo y daño al pueblo indigena, pide CNI

La situación en las comunidades, tanto rurales como urbanas, es desesperanzadora hasta alcanzar niveles insospechados. La violencia con la que el Estado y el crimen organizado han golpeado a cientos de miles de familias se suma al despojo que empresas mineras, energéticas, refresqueras y de todo tipo

Agencias

[dropcap]M[/dropcap]aría de Jesús Patricio o «Marychuy», como la llaman sus compañeros y compañeras de lucha, es una mujer de estatura baja y piel morena, tiene 57 años y en su comunidad ha estado siempre muy al pendiente de que los conocimientos de que la medicina tradicional no se pierdan y se conserven. Por eso luchó por abrir un consultorio en 1995, donde también se pueden conseguir las plantas necesarias para curar diversos males. Desde hace veinte años, «Marychuy» pertenece, además, al Congreso Nacional Indígena (CNI) y ha caminado junto a esta organización pese a los embates de la represión y el despojo sufrido.
«Marychuy» fue elegida para ser la vocera de una propuesta política sin precedentes a nivel nacional y que para México representa un reto enorme. Decenas de delegados de más de cuarenta pueblos indígenas se reunieron el pasado 28 de mayo de 2017 y conformaron un Consejo Indígena de Gobierno (CIG), que para efectos de participación política en el terreno electoral de 2018, tiene que contar con un representante. Es decir, «Marychuy».
Como dirían las y los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), su participación, su empeño y sus valores mostrados en su toma de protesta como vocera del CIG la llevaron a desempeñar esta dura tarea de escuchar no solo a sus compañeros de lucha, sino al país entero: «Vemos que la compañera no se rinde, no claudica y no se venderá a los de arriba», afirman las y los zapatistas. Le tocará estar al frente de esta iniciativa política de los pueblos indígenas de México, pero no para imponer, sino para llevar la palabra de las comunidades indígenas que integran el CIG.
El concejal Mario Luna, perteneciente a la tribu yaqui (Sonora), explicó que es precisamente el CIG quien va a encabezar esta campaña: «Como la ley no permite que se pueda registrar un Consejo, vamos a registrar a nuestra vocera y ella va a transmitir las decisiones y los comunicados de todos nosotros los que estamos aquí».
No se trata de la formación de un partido político, ni siquiera del inicio de una campaña electoral anticipada, sino de la organización de los pueblos indígenas del país para construir una alternativa real a la «narcopolítica» que gobierna el país ligada a los megaproyectos que están rompiendo todo un tejido social, cultural y ambiental. Como bien expuso la portavoz, «no es tanto trabajar en la cuestión de llevar votos, más bien nuestra participación es por la vida; es por la reconstitución de nuestros pueblos que han sido golpeados por años. Dar este paso es difícil para nosotros, pero creemos que es necesario darlo».
Por su parte, el concejal indígena procedente de Chiapas, Jorgino Domínguez, explicó, tras el anuncio de la consolidación del CIG y el nombramiento de la vocera, que «si nosotros nos hubieramos quedado esperando a que un partido político o un candidato nos viniera a salvar, no estaríamos aquí. Los pueblos hemos decidido luchar y resistir en colectivo. No porque seamos súper héroes, sino porque es la única alternativa, no solo como existencia de los pueblos, sino de la existencia civilizatoria de todos los pueblos indígenas de este país».

La unión de los pueblos indígenas en México

Fue el 12 de octubre de 1996 y en presencia de la comandanta zapatista Ramona cuando el Congreso Nacional Indígena (CNI) nace con la idea de ser la casa de todos los pueblos indígenas del país. Es en el contexto de la firma de los Acuerdos de San Andrés y una larga serie de reuniones entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y representantes de comunidades de casi todo el país, que esta nueva iniciativa política tiene éxito y se consolida como movimiento diverso, amplio y de alcance nacional.
Más de veinte años han pasado entre el surgimiento del CNI y el planteamiento de la propuesta de la consolidación de un gobierno indígena. No solo años, también han ocurrido muchas muertes y mucha represión contra los pueblos indígenas. En el vigésimo aniversario del CNI, celebrado el pasado mes de octubre de 2016, la coordinación provisional de esta organización realizó un diagnóstico de la situación mexicana; y al ver la necesidad de continuar su lucha, los pueblos indígenas ahí reunidos anunciaron esta iniciativa que cimbró las bases de la clase política mexicana: la conformación del Consejo Indígena de Gobierno y el nombramiento de su vocera, la misma que sería registrada como candidata independiente a la presidencia de la República.
En repetidas ocasiones, el CNI ha señalado que México atraviesa una situación crítica en cuanto al respeto a la vida, siendo esta iniciativa tal vez la última oportunidad para sobrevivir al despojo y a la violencia desatada. La situación en las comunidades, tanto rurales como urbanas, es desesperanzadora hasta alcanzar niveles insospechados. La violencia con la que el Estado y el crimen organizado han golpeado a cientos de miles de familias se suma al despojo que empresas mineras, energéticas, refresqueras y de todo tipo han llevado a cabo impunemente, acabando con el sustento de comunidades, ya sea el agua, sus cultivos o su tejido social. Basta recorrer este país para darse cuenta de ello; basta leer los periódicos, hablar con la gente. Basta vivir en México para saber que lo que aquí se vive es una guerra y que se acaban, cada vez más, las opciones para mantener la vida y asegurar su reproducción.

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