Desde 2012, los hermanos Wílber y Manuel de Jesús «Chuy» Carpio Mayorga se han pasado la estafeta con acciones. Quien se atreva a levantar la voz, es hostigado, denuncian campesinos
Agencias
[dropcap]E[/dropcap]n Amatán, uno de los 118 municipios del estado de Chiapas, los hermanos Wílber y Manuel de Jesús «Chuy» Carpio Mayorga se han pasado de mano en mano el poder desde 2012 con acciones ilegales y hostigan a quienes se atreven a levantar la voz para evitarlo, denuncian campesinos organizados.
La gestión de Wílber como Presidente Municipal, abanderado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), comenzó en 2015 y está por concluir en los próximos meses. Una administración antes, entre 2012 y 2015, su hermano Manuel de Jesús estuvo al frente de la entidad en la que habitan alrededor de 15 mil personas, en representación de la misma fuerza política.
Ahora, durante el periodo 2018- 2021, los hermanos Carpio concentrarán nuevamente el poder: Manuel es el Presidente Municipal electo de Amatán, esta vez abanderado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
En entrevista para SinEmbargo, Daniel Zúñiga Maldonado, del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI CNPA MN), denuncia que los Carpio han logrado mantener el control político, económico y social en el Ayuntamiento y se han valido de los recursos económicos públicos y de los elementos de seguridad municipal para hostigar y silenciar a la organización que ha expresado su inconformidad.
El dirigente asegura que el triunfo de «Chuy» no se logró en las urnas el pasado 1 de julio, sino con la quema de boletas que no le favorecían y con votos ilegítimos. Los hermanos Carpio, critica, buscan perpetuarse en el poder –sin que el color y la ideología del partido político les importe– únicamente con el fin de vivir a costa del dinero del pueblo que sufre las consecuencias en la falta de infraestructura en caminos, escuelas y hospitales.
Desde seis hace años que llegaron al poder con el PVEM, acusa, integraron en la nómina del ayuntamiento a personas que les han ayudado a convencer a los habitantes de elegirlos como sus representantes y quienes además se han encargado de atacar y hostigar a quienes han protestado.
«Se han hecho de «incondicionales» que no necesariamente realizan una labor para el municipio, sino más bien una labor de representación en las comunidades, donde han ido generando redes. Cobran entre 5 mil y 500 pesos a la quincena. Estas personas les sirven para mantener el control político, pero mantener esa nómina ha implicado falta de obra social», recrimina.
Y agrega: «Hemos insistido en que el desvío de recursos ha sido su práctica para poder seguir pagando a los incondicionales».
Al no haber obras, organizaciones como MOCRI se han movilizado para exigir transparencia, rendición de cuentas y ejercicio debido de los recursos públicos en infraestructura para el bienestar social, pero han sufrido ataques y hostigamiento. Apenas el pasado 4 de mayo, un grupo de personas dispararon armas de distintos calibres a las afueras de las instalaciones del movimiento.
«La familia Carpio Mayorga y sus incondicionales se han acostumbrado a vivir del presupuesto municipal, entonces, ante la exigencia de obra social, reaccionan con violencia. Se gastan el presupuesto para sus beneficios personales», acusa.
Entre esos «incondicionales», indica Zúñiga, se encuentran familiares de los Carpio, miembros de PVEM y amatenses que orillados por la pobreza y marginación, acceden a someterse a sus órdenes.
De acuerdo con datos del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el municipio alberga 14 mil 394 personas, 13 mil 224 de las cuales viven en algún grado de pobreza.
Temen que la violencia escale
Los afectados afirman que han denunciado los hechos ante las autoridades estatales a cargo del Gobernador Manuel Velasco Coello, no obstante, recriminan omisión y falta de voluntad para poner fin al conflicto y evitar que la violencia derive en asesinatos de MOCRI.
El activista alerta que en aquella entidad se proyecta una «masacre» como la de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, cuando 45 indígenas fueron asesinados por grupos paramilitares.
Ante la omisión del Gobierno chiapaneco del PVEM, MOCRI exige la intervención del Gobierno de Enrique Peña Nieto para evitar que el conflicto escale.
«Debe haber una intervención del Gobierno federal ya porque las cosas pueden escalar», teme.
Además, llama a Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente, a mostrar congruencia con su discurso y no validar «fraudes electorales» como el cometido en Amatán el pasado 1 de julio.
«Hacemos el llamado a que la dirigencia nacional de Morena se pronuncie al respecto y no cobije a personajes con este tipo de actuar porque lejos de combatir hoy la corrupción, la imposición y el autoritarismo, los están cobijando», subraya y advierte que el próximo mandatario mexicano y Yeidckol Polevnsky, líder nacional de Morena «mancharían sus manos de sangre».
«Si no hay atención y una intervención del Estado para resolver este conflicto, lo que estamos previendo es que puede desencadenarse algo más lamentable», concluye.
(Con información de SinEmbargo)
