Este 15 de septiembre, fecha simboÌlica, el presiden- te AndreÌs Manuel LoÌpez Obrador envioÌ a la CaÌmara de Diputados, su iniciativa de Ley de AmnistiÌa.
Esta propuesta inicia un debate sobre presos poliÌticos y otorgamiento de indultos a personas que ya han sido encontrados culpables. Los pactos de amnistiÌa son una herramienta de instauracioÌn de paz que ha sido empleada por diversas naciones como final simboÌlico de enfrentamientos sociales violentos. No podemos
dejar de resaltar que implica un paso adelante en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Esta propuesta señala en su exposicioÌn de motivos que busca, tambieÌn, beneficiar a personas privadas de la libertad de tres grupos sociales vulnerables: mujeres, joÌvenes e indiÌgenas.
De acuerdo con el INEGI (CaracteriÌsticas de la poblacioÌn privada de la libertad en MeÌxico de 2018) las mujeres representan el 5% del total de la poblacioÌn privada de la libertad. No obstante, en comparacioÌn con los hombres, existe una mayor proporcioÌn de mujeres reclusas que no han recibido sentencia, diferencia que se ampliÌa en los centros federales.
La fuente citada señala que el 5.5% del total de la poblacioÌn penitenciaria es hablante de alguna len- gua indiÌgena. Otro sector vulnerable que es muy probable que cuando fueron indiciados no hayan ejercido plenamente su derecho a la debida defensa, toda vez que no fueron pro- cesados en su lengua, ni con una defensoriÌa calificada o traductor.
La Iniciativa reconoce que ya he expresado en otras ocasiones: la gran mayoriÌa de mujeres recluidas por delitos contra la salud fueron forzadas a transportar drogas bajo amenaza o influencia de su coÌnyuge, pareja sentimental, amenazadas con hacerle daño a sus hijos, algunas de ellas tambieÌn se han declarado culpables bajo tortura, lo cual ha sido denunciado por muchas de nosotras y ONG Ìs. OjalaÌ esta posible Ley logre brindarles justicia.
En el caso de la interrupcioÌn del embarazo, el actual CoÌdigo Nacional de Procedimientos Penales lo clasifica como delito no grave, pero aquellas mujeres cuya situacioÌn socio-econoÌmica no les ha permitido pagar fianza, han sido privadas de su libertad, lo cual constituye una clara discriminacioÌn por motivos econoÌmicos incluso entre grupos de mujeres. HabraÌ que acompañar esta medida con la necesaria reforma al marco legal y a la imparticioÌn de justicia en siÌ misma, asiÌ como poliÌticas puÌblicas que haga posible su reinsercioÌn social. Este tipo de Iniciativa pone sobre la mesa el tema de que en las caÌrceles deben estar los verdaderos delincuentes, que hoy siguen libres (violadores, secuestradores, tratantes, etc.) para poner castigos ejemplares no a la pobreza, sino a la vileza, a la maldad y a la delincuencia organizada.