El diputado federal pidió que sus legislaturas concluyan este proceso que inició hace seis años
Redacción
[dropcap]V[/dropcap]ale la pena exhortar a las legislaturas locales en el país para armonizar sus constituciones en materia de derechos humanos, a fin de defender la dignidad humana y su pleno ejercicio, ya que existen estados que no han logrado la conjunción de sus cartas máximas con la reforma al artículo 1 Constitucional, publicada el 10 de junio de 2011, informó el diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el reporte «Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos», revela que únicamente 11 de las 32 entidades federativas (34% del total) cumplen con el 100 por ciento de la armonización. En el punto de acuerdo, que se presentó en la Permanente y analiza la Primera Comisión, después de seis años de esa reforma, entidades federativas como Sonora, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México y Morelos, oscilan en un porcentaje de avance entre 27 y 63 por ciento.
La armonización y sistematización de las Constituciones en las entidades federativas es un imperativo para fortalecer los parámetros y estándares institucionales, dado que ambas son condiciones del funcionamiento del federalismo. Aunado a ello, modificaciones relativas a los derechos humanos, como la reforma del 10 de junio de 2011, demandan que sean cumplidas para garantizar, mediante el Estado de derecho, el ejercicio de dignidad humana en el país.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en el Congreso de la Unión, dijo que es fundamental exhortar a los poderes legislativos locales, a fin de dar cabal cumplimiento a los principios que defienden los derechos relativos a la dignidad humana y su pleno ejercicio, sin mencionar que la armonización de las constituciones estatales también supone el fortalecimiento del sistema jurídico mexicano y la interconexión normativa de un todo coherente.
Para finalizar, Salazar Farías, recordó que dicha reforma cambia el paradigma del ejercicio de los derechos humanos en el país, donde las autoridades y entes estatales adquieren la obligación no sólo de garantizar, sino de promover y robustecer el esquema de garantías, atendiendo principios como la progresividad y la interdependencia, mecanismos eficaces para su aplicación y protección.
