De arrastres y arrastrados
Si el alcalde de Las Margaritas, Jorge Luis Escandón, merecía o no, el «castigo» impuesto por comuneros inconformes con su administración, es asunto trivial frente a la preocupante realidad del estado, en cuanto a resultados inmediatos en los municipios que desde el sexenio pasado, fueron relegados del financiamiento adecuado y suficiente que la ley ordena.
La extrema violencia a la que han recurrido en varios municipios, si bien no es justificada, es comprendida por la mayoría de chiapanecos, que ven con profunda frustración un retraso alarmante en el desarrollo de los pueblos y la ausencia de políticas públicas acordes con los obligados cambios globales.
A lo anterior se unen otros factores críticos, además de acciones deplorables que han alimentado la furia colectiva contra los funcionarios públicos, principalmente alcaldes, quienes durante la campaña electoral, hicieron promesas que bien sabían, no podrían cumplir. No fueron previsores frente al discurso del candidato presidencial que llevaba delantera, quien sostuvo que haría recortes presupuestales para ahorrar y para terminar con la corrupción.
A casi un año, ni pulcritud en el gasto público, ni ahorro, sino derroches superfluos que solo han acrecentado la pobreza y retrasado cambios fundamentales en el país.
Pero hay algo más de fondo que alienta la violencia contra la autoridad misma: el discurso alcahuete de un presidente de la República que incluso, ha llamado «pueblo sabio» a las hordas que asuelan pueblos y ciudades, bajo el supuesto de defender su visión personal de la política nacional. Como en el caso del crimen organizado, el resultado ha sido el empoderamiento de grupos de choque potencialmente peligrosos para la estabilidad y la seguridad nacional.
En Chiapas, hay que decirlo, el gobierno ha intentado poner orden; su primer gran objetivo fue la legal y necesaria persecución judicial de los líderes de una facción magisterial que por dos sexenios, han tenido secuestrada a la educación y se han hecho millonarios mediante sobornos, chantajes y extorsiones, aparte de la sustracción de fondos públicos para la educación.
La inoportuna, grosera e invasiva intervención del presidente López, frenó la acción legal contra los acusados y dejó al gobierno chiapaneco, atado de manos y a la merced de ése grupo, pese a que la mayoría de ciudadanos, apoyaba la iniciativa doméstica de acabar con la impunidad.
Otro factor que ha contribuido al descontento generalizado, es el de la falaz «austeridad»; ésta ha sido de tal manera lacerante, que —me atrevería a decir— a un 80-87 por ciento de los municipios, no les está llegando el recurso federal asignado y si les llega, lleva los respectivos recortes. Una prueba de ello es la falta de obra pública. Si usted habla con constructores locales, le contarán que no tienen trabajo. Lo poco que se ha invertido en esa materia, ha sido asignado desde la federación, a constructoras foráneas o a constructores locales influyentes.
Si revisamos cuidadosamente, encontraremos que la demanda más recurrente de los grupos que han recurrido a la violencia para hacerse escuchar, es precisamente, la falta de obras públicas. Que faltan caminos, escuelas, centros de salud, calles pavimentadas… No vayamos lejos: las calles de Tuxtla Gutiérrez están hechas un desastre y no hay un solo programa ni siquiera para bacheo.
En resumen, los orígenes de la ira popular, están en una política financiera fallida. Porque la deuda externa, por ejemplo, ahí sigue y sigue creciendo; nada se ha ahorrado, puesto que esos «ahorros», se han invertido en asistencia social limitada que, si bien por el momento mantiene en cierto grado de popularidad a AMLO, en el mediano plazo (cuando los billetes resulten insuficientes) será la pesada loza sobre el hasta ahora, único y principal beneficiario.
También está en la insana intervención presidencial y en la blandengue respuesta de la Fiscalía, cuyo titular, más parece estar en campaña electoral, que sometiendo a los malosos que pululan por todo Chiapas. ¿Cuántos funcionarios más habrán de ser secuestrados, arrastrados y vejados antes que el señor Llaven Abarca haga su trabajo de manera oportuna, correcta y eficaz? Así, mientras un alcalde es arrastrado, el Fiscal busca tener arrastre entre potenciales electores… para el 2024.
Transitorio
El ministro presidente de la SCJN, denunció que, en sus tiempos, el expresidente Felipe Calderón, lo presionó para resolver algunos casos y someter a ese organismo a su capricho. No es nada nuevo. Ni el último caso.
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