A través de asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada, figuras políticas presionan a sus partidos para obtener candidaturas, recorren el estado posicionando su imagen —incluso en momentos de veda electoral— y acumulan donativos que utilizan para su promoción personal sin rendir cuentas. Todo esto, sin riesgo de ser sancionados por las autoridades electorales
PRIMERA PARTE
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]D[/dropcap]e cara al proceso electoral 2018, la presencia de asociaciones civiles vinculadas a figuras políticas ha proliferado en la entidad, pues aprovechan lagunas en la ley para promocionar de forma indirecta la imagen de «suspirantes». La estrategia no es nueva pero sí exitosa, tal como queda demostrado con el caso de la asociación Fundación «Chiapas Verde», creada por el expresidente municipal de Chilón, Leonardo Rafael Guirao, pevemista que ahora ocupa una curul en San Lázaro.
Las organizaciones de la sociedad civil permiten a la ciudadanía participar en los temas que les interesan de forma activa, como miembros de uno de estas agrupaciones; o bien, de forma pasiva como donadores. No obstante, fue en el año 2004 que se reguló su actividad con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Surgen de la relación y organización de personas con intereses en común sin fines comerciales, de lucro o económicos, que dependen de las aportaciones de los mismos asociados o donadores; o bien, obtienen recursos por medio de los servicios que brindan a la sociedad como en el caso de aquellas conformadas por profesionistas. En ambos casos, la ley les permite su operatividad como fundaciones, tras cumplir algunos requisitos.
No obstante su noble origen, estas estructuras han sido aprovechadas como «trampolín» para puestos políticos y posicionamiento de figuras o partidos. ¿Pero cómo es que lo logran? Analistas han estudiado este fenómeno.
Cómo operan
El consultor político Efraín Martínez Figueroa, en su artículo «Las fundaciones y asociaciones civiles con fines políticos electorales», si bien aclara que en efecto la Constitución ampara el derecho de la libertad de asociación en su artículo 9, es evidente que aunque hay organizaciones sin fines políticos electorales, también existen aquellas que los tienen. Asimismo, da algunas pistas para distinguir una de otra.
En primera instancia, explica que las organizaciones filantrópicas, de beneficencia o de labor social formales están constituidas de manera legal ante notario público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en su caso, a una Junta de Asistencia Privada.
Además, adquieren certificaciones y registros oficiales como la Clave Única de Inscripción al Registro (Cluni), así como están sujetas a infracciones y sanciones plasmadas en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. Por lo general, las organizaciones con fines políticos electorales no cuentan con todos los registros antes mencionados.
Como segunda peculiaridad, aquellas «filantrópicas, de beneficencia o de labor social trabajan constantemente y prevalecen por décadas, mientras que las que tienen fines políticos electorales surgen con antelación a un comicio y desaparecen después del mismo». Y por último, las primeras realizan sus actividades de manera discreta y reservada, «evitan los reflectores de los medios de comunicación», en tanto que las segundas, efectúan «eventos masivos y con vasta publicidad, su objetivo es promocionar a un aspirante o a un partido político».
Asimismo, aclara que como el proceso electoral inicia con la emisión de la convocatoria para el mismo, en los primeros días del mes de octubre del año previo a la elección ordinaria, «todas aquellas organizaciones políticas electorales que estén trabajando con anterioridad a esta fecha, no violan ninguna ley electoral».
La periodista del periódico Reforma, Martha Martínez, en una investigación que publicó el año pasado refirió que la forma ideal que hallaron los partidos políticos para «darle la vuelta a las leyes electorales» es la creación de organizaciones civiles.
«A través de asociaciones civiles e instituciones de Asistencia Privada, estos políticos presionan a sus partidos para obtener candidaturas, recorren sus estados posicionando su imagen —incluso en momentos de veda electoral— y acumulan donativos que utilizan para su promoción personal sin rendir cuentas. Todo esto, sin riesgo de ser sancionados por las autoridades electorales».
También identificó algunas características en común que comparten estas asociaciones utilizadas con fines políticos. Se crean años o meses antes que sus dirigentes sean postulados a un cargo popular; y los nombres de estos organismos es similar o coincide con lemas de posteriores campañas.
«La mayoría regala lentes, despensas, sillas de ruedas, cobijas, materiales de construcción, juguetes, útiles escolares, medicinas y cortes de pelo (…) Sus «causas» son la atención a grupos vulnerables, la prevención de enfermedades como el cáncer, el cuidado del medio ambiente y la promoción de valores».
Asimismo, tienen «un estatus legal que no las obliga a transparentar los recursos que reciben y a muchas de ellas sus dirigentes las activan y desactivan de acuerdo con sus necesidades políticas (…) A decir de María Marván, exconsejera presidenta del Instituto Federal Electoral (IFE) —hoy Instituto Nacional Electoral—, el uso de asociaciones civiles con fines proselitistas es uno de los resultados de las reformas electorales de 2007 y 2014, las cuales aumentaron las restricciones para los políticos, haciendo a éstos más cínicos», agrega.
Primera oleada
Estas condiciones previstas en la ley tras la modificación, permite a estas organizaciones de la sociedad administrar en la opacidad los recursos privados —además de apoyos públicos— que reciben y que no están obligados a transparentar.
Tal es el caso que la periodista documentó, el de la Fundación «Chiapas Verde» que en 2011 creo el exedil de Chilón, Leonardo Rafael Guirao, actual diputado propietario a nivel federal de extracción pevemista.
Refirió que en 2013, el logo de ese organismo apareció en el calzoncillo del boxeador Juan Manuel Márquez, durante su pelea contra Timothy Bradley. «El parche fue pagado con donativos privados, pues las bases de datos disponibles (en Secretaría de Hacienda) indican que la fundación no tiene acceso a apoyos públicos (…) A pesar de las críticas por el patrocinio al pugilista, «Chiapas Verde» no informó de dónde sacó los recursos y cuál fue el beneficio social derivado de esa acción».
En 2012, de acuerdo con información emitida por el entonces IFE, el PRI pagó 455 mil pesos como precio por colocar «un distintivo» en el calzón de Márquez en su pelea contra Manny Pacquiao.
Al siguiente año de la contienda Márquez-Bradley (2014), la fundación de Guirao implementó diversos actos públicos (campañas de reforestación y entrega de apoyos a madres solteras), que le ayudaron a posicionarse entre la población, lo que habría dado como consecuencia que resultara electo para la diputación federal que hoy ostenta.
En investigación hemerográfica, se constató que en ese periodo (2011-2014) la fundación mantenía algún tipo de convenio con los principales medios periodísticos en Chiapas, ya que designaban espacios en sus páginas para la publicación de boletines y fotos de las acciones emprendidas por «Chiapas Verde», en diversas regiones.
Al igual que Guirao, hay otro pevemista asiduo a las asociaciones civiles. El actual senador federal Luis Armando Melgar presidió la Fundación «Azteca Chiapas», dedicada a las acciones altruistas con amplia exposición mediática. Además, en 2015, apareció la Fundación «Red Melgar», presidida por su padre Antonio Melgar Aranda, exsenador, exdiputado federal y exalcalde de Tapachula.
En últimas fechas, la Red Melgar ha sido acusada por grupos campesinos de ser responsable de un fraude que asciende a más de un millón 56 mil pesos que serían utilizados para gestión de proyectos productivos en la región Frailesca.
Por la época en que estas asociaciones civiles surgieron, otra «pintó» de morado espacios en los medios locales y organizó actos multitudinarios. Se trataba de «Mover a Chiapas», considerada por su otrora líder moral Enoc Hernández como una «asociación política enfocada en la labor social» pues se dedicaba a gestionar brigadas de salud y al reparto de sillas de ruedas.
Tras cumplir con los requisitos del artículo 56 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de la normatividad estatal, en septiembre de 2014 recibió por parte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) su registro como instituto político; y en 2015 se posicionó como la cuarta fuerza más popular en el estado.
Se le ha acusado de ser «satélite» del partido en el poder debido al fuerte vínculo de su líder moral, Hernández, con el gobernador del estado Manuel Velasco Coello. Éste lo había colocado en la titularidad del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech) antes que presidiera esa fuerza política; e incluso, en la presidencia de la Fundación «Manuel Velasco Suárez», surgida en honor de su abuelo.
¿Segunda generación?
Ante el inminente proceso electoral de 2018, Enoc Hernández no baja la guardia y se ha autoproclamado como presidente de la asociación civil «Yo quiero tener un millón de amigos», cuya imagen —otra vez, en morado— comienza a aparecer en diversos puntos del estado a manera de pintas.
También se nota la presencia de la Fundación Guirao, que impulsa la campaña «Con garra humana», caracterizada por manejar la imagen de un león y el color verde predominante, y con la que desde el año pasado impulsa diversas acciones de reforestación —tal como «Chiapas Verde— y conciertos.
De manera súbita, ha aparecido en diversos puntos la imagen de la Fundación «Jaguar Negro», con el lema «Cuidemos lo mejor de Chiapas» y cuya misión es «promover la conservación del medio ambiente y la cultura del deporte, mediante acciones con la sociedad chiapaneca», se lee en su muro de Facebook, abierto apenas el 4 de abril pasado. Curiosamente, se denomina igual que el mote con el que se ha autonombrado el presidente de la mesa directiva del Congreso del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.
Sin embargo, se constató mediante consulta que ninguna de las fundaciones y asociaciones citadas en este trabajo figura en la base de datos federal de las organizaciones inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. De ello se aduce que su razón social es distinta, o bien, no cuentan con alguno de los registros oficiales (o Cluni) previstas en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Cada una organiza eventos multitudinarios que pueden ser de reparto de despensas, artículos de primera necesidad, con fines médicos o ecológicos hasta culturales y deportivos que tienen amplia cobertura en los medios de comunicación.
Además, han aparecido en épocas posteriores a comicios y la figura central que destaca en las acciones es un político que hasta ese momento no ha sido «destapado» como candidato a un puesto de elección popular. Sobra mencionar lo que es evidente: cumplen con todas las características que el consultor político Efraín Martínez Figueroa sugiere para identificarlas como fundaciones/asociaciones civiles con fines políticos electorales. Pero ¿por qué la ley no las sanciona por actos anticipados de campaña proselitista?
SEGUNDA PARTE
Las organizaciones de la sociedad civil permiten a la ciudadanía participar en los temas que les interesan, no obstante su noble origen, estas estructuras han sido aprovechadas como «trampolín» para puestos políticos y posicionamiento de figuras o partidos. De ahí que de cara al proceso electoral federal 2018, la presencia de asociaciones civiles vinculadas a figuras políticas ha proliferado en la entidad.
Tal es el caso de la asociación civil «Yo quiero tener un millón de amigos», que lidera Enoc Hernández; la Fundación Guirao, que impulsa la campaña «Con garra humana» y es presidida por Leonardo Rafael Guirao, pevemista que ocupa una curul en San Lázaro; y la reciente aparición de la Fundación «Jaguar Negro», con el lema «Cuidemos lo mejor de Chiapas» y que curiosamente, se denomina igual que el mote con el que se ha autonombrado el presidente de la mesa directiva del Congreso del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.
Todas coinciden con las características que el consultor político Efraín Martínez Figueroa atribuye a las fundaciones/asociaciones civiles con fines políticos electorales. Pero ¿por qué la ley no las sanciona por actos anticipados de campaña proselitista?
Lagunas en la ley
El vacío legal que permite a las fundaciones u asociaciones civiles estriba en lo que la propia ley define como propaganda electoral. Tanto la Ley federal de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil (artículo 7), como la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado de Chiapas (artículo 35) advierten que estos organismos de la sociedad civil no deberán realizar actividades de proselitismo partidista o electoral y que de ser así, serán sancionadas.
No obstante, según la jurisprudencia desprendida de diversas leyes en la materia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) considera que la publicidad es propaganda electoral si la transmiten o contratan de manera directa los institutos políticos, candidatos o militantes, no fundaciones u organizaciones civiles.
Además, debe tratarse de material de divulgación de la ideología del partido con tendencia a moldear la opinión —a favor o en contra— de los receptores, a fin de persuadir o incentivar conductas políticas. Como en los actos de estos organismos se presentan muchas veces como apartidistas y no se pide la adhesión a un instituto político o el sufragio a su favor, «saltan» la estipulación de la ley.
Se considera proselitismo también si promueven la figura de un instituto político o un aspirante a un puesto popular. Así, a pesar de que figuren como dirigentes personajes de la escena política, mientras no sean declarados candidatos oficiales a puestos de elección y tampoco revelen sus pretensiones, no puede considerarse violatorio de la ley.
¿Qué dice el CEPC?
De acuerdo con el artículo 3 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana (CEPC), para que sea clasificado como acto anticipado de campaña o precampaña, deben contener llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura o candidatura, según sea el caso.
Por si cabría la duda, el artículo 224 de esa misma legislación es tajante acerca de lo que se consideran actos de precampaña: «Los actos de proselitismo que realicen los ciudadanos en su calidad de precandidatos, de conformidad con este Código». No menciona fundaciones o asociaciones civiles y menos a políticos que aún no son «destapados».
Son actos de proselitismo aquellas «actividades de organización, mítines, marchas, reuniones públicas, asambleas, debates, entrevistas o la difusión de cualquier tipo de propaganda con las que se pretenda ganar prosélitos a favor de la candidatura a un cargo de elección popular». Todos los actos o eventos multitudinarios organizados por fundaciones u organizaciones de la sociedad civil tampoco caben en esta definición.
Y por último, el artículo referido enmarca como propaganda de precampaña al «conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, publicidad y encuestas por Internet, grabaciones, proyecciones, encuestas, sondeos, publicidad por perifoneo y expresiones en general que durante la precampaña producen y difunden los precandidatos o sus simpatizantes».
De nueva cuenta, el Código no considera como propaganda política al mismo compendio de elementos emitido por un organismo civil, que se escuda en la promoción de un Chiapas mejor o fines altruistas y lo hace fuera de la época de precampaña o campaña.
Bien lo consignó la periodista Martha Martínez: «Al repartir apoyos presentándose como dirigentes o representantes de una organización civil, argumentar que lo hacen porque trabajan a favor de sectores vulnerables y entregar dádivas sin solicitar expresamente el voto a cambio, los políticos que usan asociaciones civiles dificultan que sus actividades sean catalogadas como propaganda electoral, a pesar de que este acercamiento con la sociedad les permite posicionar su nombre y rostro ante votantes potenciales».
Para Reforma, la politóloga y exconsejera electoral del Consejo General del entonces IFE, María Marván atribuyó la impunidad con que los políticos actúan través de las asociaciones, a las reformas electorales de 2007 y 2014 pues se establecieron plazos de precampañas y campañas, por lo que los actos efectuados antes de esos periodos, no se contemplan.
Asimismo, explicó que ante la ley las asociaciones civiles no se consideran ilegítimas, sino que entre más de estas figuras haya en la sociedad, se interpreta que se camina hacia la consolidación de la cultura democrática debido a la aparente mayor participación ciudadana en asuntos concernientes a la sociedad en su conjunto.
«Tendríamos que empezar a reconocer que el camino emprendido a partir de la reforma de 2007-2008 no está dando los resultados esperados: no se ha fortalecido la democracia, no ha hecho políticos más honestos y no ha hecho partidos políticos más rectos. Es momento de cambiar de paradigma», sentenció.
