La Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas ha tachado de irresponsable al gobierno estatal por no atender la medida vigente en el estado
Fujiko Yamasaki / Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]a Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas calificó de irresponsable la actuación de las autoridades del gobierno estatal, encabezado por Manuel Velasco Coello, para asumir en coherencia e integralidad la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG).
Mediante un posicionamiento público, detallaron que luego de asistir el pasado viernes a la reunión ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) en seguimiento a la AVG a cinco meses de haberse declarado, ven con preocupación que pese a los compromisos adquiridos por las instituciones del gobierno estatal y federal para la implementación de acciones inmediatas, aún no haya acciones claras y contundentes para atender las múltiples denuncias presentadas por hechos de violencia y feminicidio hacia las mujeres en las distintas regiones de la entidad.
«Nos preocupa que pese al grave incremento de violencia contra las mujeres y los feminicidios en Chiapas, la autoridad asista sólo por cumplir con estas reuniones que son de carácter político, vital para atender la violencia directa y estructural que miles de mujeres denunciamos en esta entidad.»
En este sentido, lamentaron la falta de interés y ausencia del gobernador Velasco Coello, y funcionarios con capacidad de decisión al no asistir a la reunión ordinaria, misma que fue programada con suficiente antelación dada la importancia de atender el tema en el estado ordenado por la federación.
Asimismo, insistieron en que la declaratoria parcial de AVG para 23 municipios omite las graves violaciones a derechos humanos de las mujeres que se están cometiendo en el resto de municipios de la entidad que no fueron considerados como parte de la Declaratoria.
Expresaron también su desacuerdo en torno a no incorporar de manera oportuna y completa las observaciones que tanto las organizaciones peticionarias de la AVG como las que integran la Campaña Popular han realizado.
Denunciaron que a la fecha no se han instalado las mesas de atención de casos, salud y coordinación de municipios a pesar de la urgente necesidad de atender los eventos de violencia contra las mujeres que se siguen sumando en la entidad.
De la misma forma, señalaron que aunque la AVG fue declarada para siete municipios de Chiapas y 16 de la región Altos «preocupa la ausencia de todos los municipios de esta zona demostrando el desinterés y discriminación de integrar a estas localidades con presencia de pueblos indígenas dejando el vacío de posibles acciones orientadas a estas comunidades».
«Denunciamos que la falta de capacidad de los funcionarios delegados a las reuniones del GIM entorpece el avance sustancial de acuerdos mínimos ya que justifican su desconocimiento en la materia pretextando «respetar la autonomía municipal»»
Finalmente, reprobaron el uso y abuso que el gobierno estatal, servidores públicos y personas de la política interna hacen de los recursos públicos para instrumentalizar a mujeres beneficiarias de programas asistenciales, como el Prospera, para fines político electorales violentando su derecho a decidir y participar libremente sin condicionamiento alguno.
