Según las copias de los documentos que obran en poder de esta editorial, el abogado Mauricio Gándara Gallardo acusa un detrimento a las familias tuxtlecas, generado al otorgar la concesión de servicio público a dicha empresa, a la cual pagó 105 millones de pesos en contravención de la ley citada, puesto que se trata de una cantidad —a juicio del denunciante— desproporcional si se toma en cuenta que ha sido insuficiente, deficiente y de mala calidad
Julieth Rodríguez / Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]uego que tanto activistas como empresarios acusaran al alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor de fraude, el día de ayer se presentó la formal denuncia ante la Contraloría Municipal por violación o incumplimiento de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Chiapas.
Mauricio Gándara Gallardo, director general de GTR Consultores, interpuso el recurso legal ante la instancia en contra de Castellanos, así como de quien fue secretaria del Ayuntamiento hasta agosto de 2017, Gloria Trinidad Luna Ruiz; la secretaria en funciones Magda Elizabeth Jan Argüello; la síndico Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna; la tesorera municipal María Cristina Palomeque Rincón; el secretario de Servicios Municipales, Ahmed Jamil Gómez Choel; director de Limpia y Aseo Público, Madain Vázquez Jiménez; director financiero y contable, Edmundo Román Maldonado; y el director jurídico Ricardo Mota Farías.
Según las copias de los documentos que obran en poder de esta editorial, los acusa del detrimento a las familias tuxtlecas, generado al otorgar la concesión de servicio público que otorgó el Ayuntamiento a la empresa Proactiva, a la cual pagó 105 millones de pesos en contravención de la ley citada, puesto que se trata de una cantidad —a juicio del denunciante— desproporcional si se toma en cuenta que ha sido insuficiente, deficiente y de mala calidad.
El también abogado explicó un día antes en conferencia de prensa, que en la administración municipal hay claras muestras de que se conciertan planes para causarle daño patrimonial al pueblo de Tuxtla Gutiérrez.
Esto lo fundamenta con la intentona del alcalde, quien convocó a una sesión en la que pretendía dejar sin efectos el contenido del punto 30 del orden del día del acta 133, correspondiente a la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 16 de noviembre de 2010; de haber sucedido, los tuxtlecos hubieran desembolsado 300 millones de pesos a la concesionaria Proactiva.
No obstante, Gándara presionó a través de redes sociales para que así no fuera y con el trabajo de los regidores se logró que se retirara de los puntos del día.
Además de ello, denuncia que se ha beneficiado con un pago mensual de 160 mil pesos al despacho denominado Enlace Empresarial del Sureste, cuyo representante legal Édgar Axel Benítez Aguilar es amigo y socio de Enrique Arvizu Luna, hijo de Gloria Trinidad Luna Ruiz.
También revela que Jan Argüello reconoció por escrito a los regidores, haberse reunido furtivamente con representantes de Proactiva para negociar una reducción de deuda y un convenio de pago a plazo, lo que es contrario a velar por los intereses de los tuxtlecos.
Por su parte Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna —acusa Gándara— se ha negado a firmar los escritos de rechazo de las estimaciones que presenta cada mes Proactiva, al Ayuntamiento (lo que acredita el denunciante con oficios), en claro favorecimiento de la empresa.
Así, entre todos los funcionarios que afrontan la acusación operan auto sabotajes para perder los juicios que se promovieron contra Proactiva.
Ello incluso ha sido la causa del despido injustificado de la perito en materia de contabilidad, Elvira Yaneth Hernández Bermúdez, quien estaba designada a varios expedientes judiciales que ha iniciado Proactiva contra el Ayuntamiento y pueblo de Tuxtla Gutiérrez.
Por todo lo anterior, Gándara solicita que la Contraloría Municipal se avoque a investigar y llevar cabo las diligencias correspondientes, para determinar como ilegales los hechos que se denuncian y se actúe conforme lo dicta la nueva ley del Sistema Anticorrupción del estado de Chiapas.
