La presencia de barreras estructurales que afectan la participación política de las mujeres en México es más grave todavía en el medio rural, dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. Estas apreciaciones cobran relevancia para el caso de Chiapas, ya que se trata de una entidad cuyo territorio es mayoritariamente de población rural
Portavoz Staff
[dropcap]L[/dropcap]as mujeres poco a poco han ido conquistando sus derechos políticos y espacios de participación ciudadana. Chiapas, no es la excepción. Estos progresos se han obtenido en el ámbito jurídico con la reforma y aplicación de leyes pero hay cambios, más allá del papel, que son los más difíciles de lograr: los culturales y sociales que han ocasionado que cuestiones como la paridad sean, en muchas ocasiones, mera simulación.
La obligatoriedad de la paridad contemplada en las leyes es un «aspecto que no impidió que las mujeres fuesen objeto de discriminación, de hecho, lo que ocurrió es que se reconfiguró de manera distinta la forma de ejercer violencia política contra ellas», escribieron los investigadores de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Abraham Mena Farrera, Juan Iván Martínez Ortega y Ariadna Martínez Olvera.
En el artículo titulado «Violencia política de género en Chiapas», los especialistas asentaron los resultados de un estudio acerca de esta problemática en las elecciones 2015, que es apremiante considerar dado los comicios de 2018 y los 64 años del derecho del voto de las mujeres en México.
«Cuando las mujeres desean participar en lo político/electoral, las transgresiones se castigan con humillaciones públicas y cuestionamientos a su moralidad y capacidad para tomar decisiones, tal como lo documentamos en el estudio realizado.
«A las expresiones de violencia ejercidas en ese espacio público/político/electoral se les denomina violencia política de género porque la construcción sociocultural de la diferencia sexual es la base en la que se justifica y legitima. Ello, impide la participación equitativa entre hombres y mujeres y propicia que el ingreso y desarrollo en la actividad política sea difícil y en desventaja para ellas», explican los expertos.
Destacaron que en esa jornada electoral, las instituciones y partidos políticos simularon el cumplimiento de la paridad puesto que postularon a mujeres con cercanía familiar para que, después de ser elegidas, renunciaran para favorecer a hombres. Asimismo, hubo resistencias culturales entre habitantes de algunos municipios, ante el hecho de ser gobernados por una mujer, lo que intensificó la violencia en esas regiones.
Asentaron que debido a estas resistencias que pudieran generar las reformas progresistas —como la de la paridad—, es importante anticipar medidas para resolver los conflictos que pudieran presentarse al aplicar la ley. No obstante, las mujeres se encuentran con «el enemigo en casa», en las entrañas del mismo Congreso de la Unión.
Dilación
La diputada morenista Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, acusó que la minuta en materia de violencia política de género se encuentra detenida desde marzo pasado en la Cámara de Diputados; como consecuencia, aunque las reformas en el tema sean aprobadas en las siguientes semanas, ya no tendrían efecto en el presente proceso electoral.
De acuerdo con la información retomada por SemMéxico, mediante una carta dirigida al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, pidió que éste instruya a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Igualdad de Género para que emitan el dictamen en materia de violencia política de género.
La minuta referida fue aprobada por el Senado el 9 de marzo y fue enviada a la Cámara de Diputados, donde se turnó para su dictaminación a las comisiones de Igualdad de Género y de Gobernación. El 25 de abril, la Comisión de Gobernación la aprobó sin modificaciones; y la Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género emitió una opinión favorable.
Sin embargo, la Comisión de Igualdad de Género discutió la minuta y no la sometió a votación en su última reunión de trabajo del segundo periodo ordinario, segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, el 26 de abril pasado. Por tanto, no llegó al pleno y quedó como parte de la agenda pendiente de la Cámara Baja para el nuevo periodo que inició en septiembre.
Diversas legisladoras hicieron llamados para que la minuta fuese aprobada en periodo extraordinario antes de junio de este año, como lo indican las leyes electorales, a fin de proteger los derechos políticos de las mujeres rumbo a las elecciones federales de 2018. No se hizo así.
«No existe nada que justifique esta omisión del Poder Legislativo y de un órgano de la Cámara de Diputados que debe velar por el reconocimiento de los derechos de las mujeres», y está fuera de toda lógica que la Comisión de Igualdad de Género detenga el dictamen, expresó Contreras Julián.
Finalmente, aseguró que la violencia política contra las mujeres «se da en todos los partidos, sin distinción, ninguno queda exento. Esto hace indispensable sumar esfuerzos y voluntades para concretar acciones y considerar a la violencia política como un delito».
Comprométanse: INE
Un día después de las afirmaciones de la diputada morenista, la agencia de noticias Cimac dio a conocer que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, llamó a los partidos políticos a comprometerse más con la paridad de género; aseguró, las instituciones electorales ya hacen lo que les toca.
En el seminario «La participación política de las Mujeres Rurales 100 líderes del México Rural», comentó que la presencia de barreras estructurales que afectan la participación política de las mujeres en México es más grave todavía en el medio rural».
Estas apreciaciones cobran relevancia para el caso de Chiapas, ya que se trata de una entidad cuyo territorio es mayoritariamente de población rural.
La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malassis, subrayó la importancia de impulsar los derechos político-electorales de las mujeres.
Recordó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su recomendación general 34, señala que las mujeres rurales tienen más probabilidades de ser excluidas de los puestos de liderazgo y toma de decisiones a todos los niveles, además de que se ven afectadas con mayor frecuencia y medida por la violencia de género, así como por la falta de acceso a la justicia y a recursos jurídicos eficaces.
Resaltó que no debe ignorarse la importancia del empoderamiento, la libre determinación y la posición de las mujeres rurales en la toma de decisiones y la gobernanza. «Cuando todo ello se ignora, señala el propio Comité, los Estados ponen en peligro su propio progreso. Habremos de preguntarnos si como órganos de Estado hemos cumplido con esta encomienda», concluyó.
