La falta de capacidad para detectar casos de víctimas en materia de trata de personas, la falta de un registro formal y acciones para prevenir este delito provoca que las cifras aumenten
Lucero Natarén / Aquínoticias
[dropcap]C[/dropcap]hiapas ha sido de los estados con mayor número de víctimas de los delitos en materia de trata de personas. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez destacó ayer en el Diagnóstico Sobre la Situación de Trata de Personas 2019 que Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca, concentran el 70 por ciento de las investigaciones, esto entre 2012 y 2017. En el país se registraron víctimas en todos los años comprendidos en este periodo, pero no todas las autoridades identificaron en cada uno de ellos. En 2015 se identificó el mayor número de víctimas, conforme al diagnóstico sobre la situación de trata de personas en México, elaborado por la CNDH.
Los casos de trata de personas han ido en aumento, esto derivado de la impunidad de estos delitos y el bajo porcentaje de casos en sentencia. Sumado de la nula coordinación interinstitucional entre la federación y los estados para prevenir este delito, según el presidente de la CNDH. Se identificaron 5 mil 245 víctimas de los delitos en materia de trata de personas, de las cuales, 3 mil 308 son mujeres, mil 86 niñas, 492 hombres y 289 niños. Se desconoce la edad de ocho hombres y de 62 mujeres. Sobre estas cifras, Antonino de Leo, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), reprochó la baja capacidad para detectar todos los casos.
El número de Víctimas identificadas, por Procuraduría y Fiscalía General y rango (2012-2017), en Chiapas, va de 500 a 999 víctimas, según información recabada por la CNDH.
En México, al igual que en el ámbito internacional, los delitos en materia de trata de personas afectan principalmente a las mujeres, con un 85 por ciento.
Los delitos en materia de trata de personas en el ámbito sexual siguen representando el mayor porcentaje de víctimas con un 70%. Mujeres y niñas representan el 95 por ciento de las víctimas en el ámbito sexual.
De las víctimas de los delitos en materia de trata de personas en el ámbito laboral, 53 por ciento corresponde a hombres y niños y un 47 por ciento son mujeres y niñas.
La edad de las víctimas de los delitos de trata de personas en México el 73 por ciento son personas adultas y un 27 por ciento son niñas, niños y adolescentes.
En 13 entidades el porcentaje de mujeres y niñas víctimas de los delitos en materia de trata de personas es mayor que a nivel nacional: Chiapas (89%), Tlaxcala (99%), Guanajuato (98%), Oaxaca (95%), Ciudad de México (93%), Michoacán (93%), San Luis Potosí (90%), Baja California (90%), Chihuahua (89%), Baja California Sur (87%), Sinaloa (87%), Nayarit (86%) y Quintana Roo (86%)
Es importante resaltar que las Procuradurías y Fiscalías Generales no tienen registro sobre si las víctimas pertenecen a alguno de los grupos identificados en condiciones de vulnerabilidad ante los delitos en materia de trata de personas: personas de una comunidad indígena, personas con discapacidad, personas LGBTTTIQ y personas migrantes en tránsito.
Ante esta situación, el titular de la CNDH recriminó que ninguna dependencia, incluyendo la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas haya implementado las acciones que la ley les impone para combatir este delito y atender a los afectados.
«El único diagnóstico presentado por el Gobierno federal, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se presentó hace cinco años y el análisis estuvo enmarcado en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas abrogada en junio de 2012», apuntó.
También reprochó que las acciones de prevención de las autoridades se centren únicamente en la difusión de folletos, sin embargo, dejan a un lado aspectos indispensables como el combate a las causas estructurales de la trata de personas y la atención a grupos y comunidades especialmente vulnerables.
