Suman tres meses al hilo con repuntes de violencia y crimen en algunos municipios indígenas de Chiapas; son gobernados por los partidos en el poder, los mismos que hoy se encuentran en plena batalla electoral. Ayer, tocó a Chilón protagonizar la nota roja puesto que dos personas y una camioneta fueron calcinadas. La ciudadanía reclama al gobernador que deje de andar en campaña y que asuma sus compromisos
Julieth Rodríguez / Portavoz
[dropcap]S[/dropcap]e suman tres meses al hilo sin que haya cesado el crimen en algunos municipios indígenas de Chiapas, todos ellos son gobernados, si no por el Partido Verde Ecologista de Chiapas, por el Revolucionario Institucional. Ayer tocó a Chilón protagonizar una escalada de violencia en la que dos personas y una camioneta fueron calcinadas, hecho antecedido por reportes de disparos.
Es probable que los balazos y los cadáveres no sean hechos separados, ya que uno de los cuerpos presentó impactos de arma de fuego. Su hallazgo se dio después que el político Roberto Albores Gleason, precandidato a la gubernatura estatal por el PRI, concluyera en esas tierras donde hace seis años ganó el PVEM, un evento de precampaña al que asistieron militantes del tricolor.
De acuerdo con Eje Central, el hecho violento fue la consecuencia de un enfrentamiento entre autodefensas y el grupo delictivo «Los Pechtoneros» del que se tienen reportes desde 2016. Y habría ocurrido en el tramo carretero Chilón-Yajalón, a unos 200 metros de la Gasolinera «La Cañada».
De las víctimas, se presume que sus identidades corresponden a las de Rósemberg Álvaro Méndez y Román Sánchez Pérez; uno de quienes presuntamente ha sido reconocido como supuesto líder criminal.
La Fiscalía de Justicia Indígena inició las indagatorias y abrió la carpeta de investigación 04-031-1004-208, por el delito de homicidio calificado. Hasta el cierre de esta edición, se desconocía el móvil del enfrentamiento, así como el paradero de los sospechosos.
Oxchuc
Anteayer, indígenas tzeltales de Oxchuc le dieron un ultimátum de 72 horas al gobernador Manuel Velasco Coello, advirtiendo que si su administración no hace justicia en el caso del asesinato de tres de sus habitantes, ellos la tomarán por sus propias manos.
Hicieron este pronunciamiento en el marco del funeral de dos miembros de la Comisión Permanente de la Paz y Justicia fenecidos en el ataque, en el que resultaron heridas 20 personas.
Según lo publicado por El Universal, la tercera víctima no pudo ser velada debido a que yace en territorio de los grupos armados que perpetraron el atentado. Asimismo, el presidente municipal elegido por usos y costumbres, Óscar Gómez López, acusó a la diputada local Cecilia López Sánchez y al aspirante a la precandidatura del gobierno del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, —ambos de extracción pevemista— de proteger y financiar células delincuenciales.
Sobre todo, exigen castigo para la alcaldesa constitucional de Oxchuc, María Gloria Sánchez Gómez, también del Verde; y su esposo, Norberto Sántiz López. Lo pobladores aseguran que la pareja es la autora intelectual de la agresión suscitada el 24 de enero pasado.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado anunció la detención de tres presuntos implicados en los hechos, quienes —aseveró— serán sentenciados con una pena ejemplar, así que en las próximas horas se les vinculará a proceso por homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa, atentados contra la paz y la integridad corporal, y patrimonial de la colectividad y del Estado.
Asimismo, el abogado defensor de la alcaldesa constitucional sostiene que las versiones del edil electo por usos y costumbres son falsas. Explicó para Portavoz que Ovidio López Sántiz, Víctor Sántiz Gómez y Francisco Méndez Gómez —los fallecidos— fueron a provocar a la comunidad; «la criminología de campo lo describe», aseveró.
El conflicto en esta región data de un día antes del 1 de octubre de 2015, fecha en la que Sánchez Gómez recibió el bastón de mando en la comunidad como nueva presidenta municipal, aunque hasta ahora no ha podido ejercer su cargo —del que fue obligada a pedir licencia el 4 de febrero de 2016— puesto que sus adversarios, del Partido Nueva Alianza, acusaron de fraude y de instaurar un cacicazgo junto con su marido, quien ya había sido edil.
Chenalhó y Chalchihuitán
Tres meses antes, el asesinato de Samuel Pérez Luna, poblador de Chalchihuitán, agudizó el conflicto entre ese municipio que preside el PRI y su vecino, Chenalhó, donde gobierna el Verde.
Ese octubre comenzó el éxodo forzado de más de 5 mil indígenas que se refugiaron en las montañas, según documentó el Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas». Dos meses permanecieron en condiciones tan precarias que fue inevitable el deceso de al menos nueve personas, entre ellas, cuatro infantes.
En diciembre, el Tribunal Unitario Agrario de Chiapas resolvió que el territorio en disputa sería regresado a Chenalhó, luego que reconocieran que había sido cedido de forma errónea a Chalchihuitán por la Secretaría de Reforma Agraria en 1973.
Apenas este enero, retornaron de forma parcial a sus comunidades pese que las condiciones de seguridad no estaban dadas por el gobierno del estado, informaron organismos de defensa de derechos humanos.
Aunque en un principio aseveraron que impugnarían la sentencia del Tribunal, al final resolvieron acatarla —informó su vocero Nicodemo Aguilar, mediante comunicado—, tras una asamblea llevada a cabo en mesa de diálogo con la Secretaría de Gobierno, donde las autoridades se comprometieron a «reforzar la ayuda humanitaria» y la seguridad de los habitantes. Hasta el día 20 de este mes, por lo menos mil personas continuaban fuera de sus hogares.
