Amado Díaz Valdez, titular de la Semarnat y exempleado del cuarto mexicano más acaudalado, ha facilitado la concesión de 338 mil 840 hectáreas para exploración y explotación; grupos de ambientalistas han denunciado el inminente riesgo para las Áreas Naturales Protegidas, mientras que las autoridades callan y se benefician
Julieth Rodríguez / Portavoz
[dropcap]E[/dropcap]l porcentaje de territorio concesionado dentro del estado aumentó del 2.85 al 15.96 por ciento entre el 2009 y 2013, un repunte que se ha registrado de manera coincidente con la llegada de Amado Ríos Valdez a la titularidad de la delegación en Chiapas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); este personaje ha sido ligado a intereses del cuarto mexicano más acaudalado, Ricardo Salinas Pliego.
De acuerdo con el boletín emitido en mayo de este año por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad-Nodo Chiapas, los datos de Geoinfomex revelaron este incremento del 13.11 por ciento en la cantidad de superficie concesionada a la minería, en un periodo de cuatro años. Mientras que en 2009 sólo se trataba de una extensión de 200 mil 400 hectáreas; para el 2015 ya había un millón 460 mil 740 hectáreas destinadas para tal fin.
En 2012, se registraron como concesionadas un millón 47 mil 900 hectáreas; para 2013 —año en que Ríos Valdez tomó posesión como delegado de la Semarnat en Chiapas—, la cifra aumentó a un millón 121 mil 900, superficie a la que se le sumaron 338 mil 840 hectáreas más en el lapso de dos años (2015).
La Unión de Científicos explica en el boletín que según los datos proporcionados por el Sistema de Administración Minera (SIAM) acerca del territorio concesionado en 2015, la extensión «correspondería al 19.84 por ciento del territorio estatal», pero aclara que existen otras fuentes cuyas cifras estiman que en realidad asciende al 30 por ciento de todo Chiapas.
Para llegar a estos resultados, se analizaron los datos de tres fuentes: el Panorama Minero del estado 2013, de la Dirección General de Minería; la página del Sistema de Administración Minera; y cifras de investigaciones independientes. En síntesis, se detectaron 118 concesiones concentradas principalmente en los municipios de Pijijiapan, Acapetahua y Motozintla; además de otras concesiones en 27 de los 122 municipios de la entidad.
Conflicto de intereses
Hasta hace tres años, la Dirección General de Minería reconocía la existencia de dos proyectos en fase de exploración minera en Ixhuatán y Coatán; así como seis proyectos suspendidos. Uno de éstos es el denominado «La Cristina», que amenaza las reservas de la biósfera «El Triunfo» y «La Encrucijada».
Al delegado Amado Ríos Valdez se le ha identificado como promotor de esa minera, refirió Hermann Bellinghausen en una nota que publicó en abril de 2014, en el periódico de circulación nacional «La Jornada». Asimismo, dio a conocer: «Antes de asumir el cargo, Ríos Valdez fungía como coordinador general del Grupo Ocelote Gestión Ambiental Integral, empresa de consultoría que asesora en sus inversiones mineras al Grupo Salinas», conglomerado que preside el empresario Ricardo Salinas Pliego.
Como evidencia de que en efecto el ahora delegado era coordinador general del Grupo Ocelote Gestión Ambiental Integral, puede consultarse el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), Modalidad Particular, del proyecto denominado «Providencia 4».
De acuerdo con la Gaceta Ecológica de la Semarnat, publicada en julio de 2012, de los 30 proyectos ingresados en las delegaciones federales de esa dependencia, uno correspondía a la clave del MIA (07CH2012MD052) de «Providencia 4». El promovente fue GI Palo Seco SA PI DE CV, para el aprovechamiento de magnetita en el rancho «El Canelo» (en un fraccionamiento del mismo nombre) y Las Garzas, municipio de Tapachula.
Para el año siguiente (julio 2013), entre los resolutivos emitidos en las delegaciones federales de la Semarnat (según, Gaceta Ecológica), se determinaron tres para GI Palo Seco SA PI DE CV en los que la vigencia «no aplica». Se trata de los proyectos «Providencia 4» y sus homólogos «2» y «3»; todos, para aprovechamiento de magnetita en Tapachula.
Otros personajes
Al iniciar el año 2015, según el SIAM e Infomex, existían 99 concesiones vigentes otorgadas por el gobierno federal en el estado. De acuerdo con la organización Otros Mundos Chiapas, de esa cifra 22 estaban a nombre de personajes vinculados a Salinas Pliego; se trata de Tristán Canales Reyna (con 12 concesiones), su esposa Diana Luna Hernández (con ocho) y su hija María Cristina Canales Luna (con dos).
Gustavo Castro, de ese organismo independiente, denunció: «El concesionario con el mayor número de títulos es el ingeniero Tristán Canales Reyna, vinculado a la minera canadiense Blackfire que presuntamente ordenó el asesinato del activista Mariano Abarca… Canales Reyna es presunto hijo del abogado Tristán Canales Najjar, quien fuera diputado federal, actualmente empresario mexicano, uno de los directivos del Grupo Salinas y TV Azteca, y presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión».
Por su parte, el portal Animal Político refirió acerca de este caso que el priista Canales Najjar «también es vicepresidente de Información y Asuntos Públicos de Grupo Salinas», por lo que de nueva cuenta queda evidenciado el estrecho lazo que une a Valdez Ríos con Salinas Pliego, posicionado en el «top 5» de millonarios en México de la Revista Forbes.
Otro personaje conforma la triada que permite la acelerada expansión de la minería en Chiapas: Luis Armando Melgar, senador por el Partido Verde Ecologista de México desde 2012, exdirector del Canal 40 (propiedad de Salinas Pliego) y actual presidente de la Fundación Azteca en Chiapas.
En el reportaje de Ángeles Mariscal y Celia Guerrero, publicado en agosto de este año por Animal Político, se lee: «Fundación Azteca comenzó a tener presencia en la región al mismo tiempo que empezaron a entregarse las concesiones mineras y que en el estado crecía el Partido Verde, que en 2012 se instaló en la gubernatura con la postulación de Manuel Velasco Coello».
El trabajo periodístico identifica como otra operadora de Salinas Pliego a nivel federal, a la hija de éste, Ninfa Salinas Sada, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Senado y de Grupo Dragón, empresa dedicada al aprovechamiento energético mediante el establecimiento de parques eólicos y geotérmicos.
«Juntos, Canales, Melgar y Ninfa Salinas impulsaron dentro del Congreso las reformas energéticas (propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto) que cambiaron las condiciones para la explotación y manejo de hidrocarburos, minas, energía eléctrica y geotérmica», dice el reportaje.
ANP comprometidas
Esta estrategia para hacerse de los recursos minerales de Chiapas a costa de la salud y seguridad de sus habitantes, ya había sido denunciada por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad-Nodo Chiapas.
En su boletín emitido en mayo, asentó: «El Estado facilita la adecuación legislativa, como lo ha hecho con la Reforma Energética el actual gobierno, la cual ha permitido la entrada de capitales privados para la exploración y explotación petrolera, y ha dado el permiso para la extracción de hidrocarburos no convencionales y minerales raros mediante tecnologías que afectan gravemente la salud ecosistémica».
Estos capitales privados posaron sus ojos en Chiapas, la última frontera minera del país (según la Unión), debido a que forma parte de una franja que corre por el Pacífico desde Michoacán. Lo crítico de esta situación es que en el caso de la entidad, los yacimientos coinciden con las áreas naturales protegidas, localizadas en la Sierra Madre de Chiapas, entre los límites con Oaxaca y el volcán Tacaná, región prioritaria tanto para conservación como hidrológicamente.
Según datos del SIAM 2015, en el corredor Sepultura-Tacaná se han concesionado más de un millón hectáreas en zona de influencia o al interior de reservas estatales y federales. En total, al interior de la reserva El Triunfo se concesionaron mil 655 hectáreas; en La Encrucijada, 38 mil 230 hectáreas.
En un estado bajo la administración del Partido Verde Ecologista de México, a pedazos, el territorio más rico en biodiversidad se ha entregado a la mano destructora de monopolios cuyo único interés es incrementar su inmensa fortuna. Es innegable su injerencia en la urdimbre política, donde como en el ajedrez, ha colocado a conveniencia de su estrategia, a los alfiles que le aparten los obstáculos legales que le impiden socavar a este de por sí trizado Chiapas.
