Cdigo Nucú / Cesar Trujillo

Alcaldes morosos

Cada trienio varios presidentes municipales en Chiapas se marchan sin entregar cuentas claras. Se han acostumbrado a la impunidad y a vivir bajo el maquillaje que los sexenios les han heredado: auditorías de escritorio donde logran comprobar en papel la supuesta obra pública, aunque la realidad sea otra muy diferente.
Por eso es de suma importancia poner atención al señalamiento que hiciera a un medio local Bárbara Melissa Mañón, presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, y que expuso que son 82 los exalcaldes que aún no cumplen con la cuenta pública y que podían «fincarles responsabilidades penales».
El mensaje es claro y preciso, y de llevarse a cabo sembraría un antecedente en este tipo de problemas que son una constante en cada uno de los municipios, pues para todos es bien sabido que desde el mismo Poder Legislativo les cubren las espaldas a los ediles que creen que por ser compadres, conocidos o lacayos de algún legislador tienen ganada la gloria: herencia de la impunidad.
Los han acostumbrado a la sobreprotección y a las bondades de esa comprobación que inflan con documentos, pero que si se llevara al campo, a las prácticas, a las auditorías físicas en donde se revise minuciosamente todo aquello que afirman adquirieron en beneficio de su municipio, seguro estoy que pocos serían los que librarían el brazo ejecutor de la ley.
¿Cuántos de esos 82 alcaldes, que no se revelaron en nombre, llevan varios años enquistados en el poder?, ¿cuántos se pasan la estafeta de mano en mano y siguen torciendo las leyes y haciendo lo que se les antoja con el erario?, ¿cuántos están ahí por favores políticos y desviando los recursos a su antojo u ocupando otro puesto en estos momentos?
Interesante sería saber los nombres de estos vivales, porque se trata del 66 por ciento de los alcaldes que están incumpliendo con la cuenta pública y, por tanto, no merecen prórrogas ni perdón.
Desgraciadamente, y lo he señalado en otras ocasiones, el llamado Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE) siempre tuvo un caminar tibio y timorato, y se dirigió con exhortos y amenazas mediáticas que nunca llegaron al fondo de las cosas: que es lo que se requiere para que exista un cambio verdadero, si es eso lo que se pretende.
Y seguramente saldrán los aplaudidores a decir que el OFSCE transparentó las cuentas públicas: y no dudo que los papeles estén en orden, grapados, prensados con un clip, guardados en alguna carpeta y acomodados, por orden alfabético, en algún archivero. Lo importante sería saber cuánta de esa información es real, cuánta se sometió al escrutinio, cuánta es resultado de la corrupción, cuánta es entre «compas».
Hoy, esta legislatura tiene en sus manos la oportunidad de meter en cintura a uno de los tres órdenes de gobierno que siempre sale con una pata más larga y la otra más corta, sobre todo en esos municipios que sigue imperando la marginación, donde los caciques siguen haciendo de las suyas, donde la obra pública en los documentos muestra grandes obras de desarrollo e impacto social, y que en la realidad no existen o no son más que emblemas a la burla y cinismo.
La misma presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado ha hecho énfasis en que lo más recurrente en las anomalías es en cuanto a los estándares de las obras. Y quienes nos dedicamos al noble oficio de informar sabemos cómo se las gastan los ediles en cuanto a este tema. He ahí la importancia de no quitar el dedo del renglón.
No podemos pasar por alto que se había dicho el año pasado, en la antesala de las elecciones, que cerca de 90 ayuntamientos no habían comprobado nada. ¿Y así los palomearon para ser reelegidos? Digo, sabemos que no era un impedimento porque siempre encuentra artilugios legaloides para burlar todo, pero el castigo, al menos, debería existir.
Ahora estaremos atentos a lo que defina este Congreso, a las medidas que se tomen y ver si no terminan poniendo paja al camino para tapar el lodo, y resultando todos los ediles unos hombres de bien.

Manjar
Los datos que dio a conocer el fiscal general Alejandro Gertz sobre las 23 carpetas de investigación que involucran a los exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Sedesol, en delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, son por demás importantes, sobre todo porque estas averiguaciones previas están desde 2015 y mantiene cuatro procesos abiertos en contra de seis servidores públicos. Curiosamente fueron vinculados a proceso, pero enfrentan las acusaciones en libertad. Las autoridades consideran que no cometieron delitos graves. Al parecer no les importa que el daño a las arcas de la nación sea de 839 millones 769 mil 480 pesos. Si se tratara de un pobre robándose un pan para alimentar a sus hijos y evitar que éstos mueran de hambre, seguramente lo estarían juzgando con todo el peso de la ley por tomar lo que no le corresponde. #CuestiónDeEnfoque // «El Congreso es tan extraño. Un hombre se pone a hablar y no dice nada. Nadie le escucha… y después todo el mundo está en desacuerdo». Boris Marshalov. #LaFrase // La recomendación de hoy es el libro Gabo periodista: antología de textos periodísticos de Gabriel García Márquez de Gerald Martin y el disco Road to Ruin de Ramones. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

* Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.

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