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Héctor Estrada
Complicidad y corrupción abonan a proliferación de bares clandestinos  <br /> Héctor Estrada

Complicidad y corrupción abonan a proliferación de bares clandestinos
Héctor Estrada

La falta de mano dura, la nula aplicación de la ley y la existencia de una evidente complicidad ha convertido en Tuxtla Gutiérrez en tierra fértil para la propagación de cantinas y bares clandestinos que a la fecha, según datos de las propias autoridades municipales, se estiman en alrededor de dos mil establecimientos ilegales de este tipo.
De acuerdo a las declaraciones del secretario de Salud en la capital chiapaneca, Mario Ernesto Velasco Zenteno, aunque no se tiene un registro exacto de este tipo de negocios, la proliferación de los bares y cantinas ilegales ya es equiparable al número de establecimientos empadronados que operan de manera legal la ciudad.
La realidad es que no se trata de un asunto nuevo, es un problema al que se ha dejado crecer descaradamente durante la última década. Las cantinas aparecen de la noche a la mañana en zonas habitacionales sin que se hayan realizado los procesos necesarios para autorizar su funcionamiento.
A decir de las autoridades en materia de procuración de justicia, el principal problema al que se enfrentan para realizar las clausuras correspondientes es que gran parte de estos negocios clandestinos se encuentran escondidos tras fachadas de viviendas ordinarias, por lo que “se dificulta su detección y el ingreso de los elementos policiacos”.
Sin embargo, lo evidente de la situación para miles de ciudadanos deja en claro que la falta de acción y la complicidad van más allá de meras dificultades operativas. Es un tema de omisiones que permiten a centenares de estos negocios funcionar flagrantemente, con el delito a todo volumen, sin que se haga algo al respecto.
De acuerdo a datos estadísticos de los números de emergencias, a la semana se reciben entre cinco y 10 denuncias ciudadanas sobre perjuicios, afectaciones y molestias causadas por los bares y las cantinas clandestinas; se trata de vecinos a los que no les ha quedado de otra que aprender a vivir con el problema junto a sus hogares.
Hasta meses llega a tardar la aplicación del operativo de clausura, para que en cuestión de semanas o días el establecimiento esté funcionando nuevamente en las mismas condiciones; sin estudios de factibilidad, medidas de protección civil, estándares de higiene y mucho menos con la infraestructura necesaria para minimizar las molestias a los vecinos (tratándose de una zona habitacional).
Los ciudadanos valientes que se atreven a denunciar a las “cantinas y bares de traspatio” terminan perdiendo su tiempo en los procesos de denuncia, ganándose enemigos de manera gratuita y facilitando la llegada del diezmo para muchos funcionarios de bajo y mediano nivel que terminan facilitando la reapertura de los negocios por diversas razones de conveniencia.
Hay que reconocer que no es un asunto exclusivo de Tuxtla Gutiérrez, es una situación que hoy enfrentan miles de personas en todos los municipios de Chiapas, una problemática con el paso del tiempo parece facilidades y complicidades descaradas.
Declaraciones de la iglesia católica, en voz de Felipe Arizmendi, y hasta marchas de feligreses han evidenciado la gravedad de dicha en municipios como San Cristóbal de las Casas, Jitotol, Comitán, Tapachula, Cintalapa y Ocosingo, entre otros tantos rincones de Chiapas donde las cantinas ilegales siguen ganado terreno.
Además de las graves afectaciones a las zonas habitacionales, la existencia de estos giros también implica un elevado problema de salud pública, pues se estima que en México cerca de 25 millones bebidas alcohólicas son adulteradas, por lo que no cumplen con la normatividad en lo que refiere a su etiquetado y son producidas en destilerías clandestinas.
En la entidad chiapaneca la cifra no es menos preocupante, se calcula que poco más del 10 por ciento de las bebidas que se suministran en los bares, antros y cantinas clandestinos son adulteradas.
Actualmente la jurisdicción para autorizar y regular la venta de bebidas alcohólicas, así como el funcionamiento de los bares y cantinas está en manos de la secretaria de salud estatal. Es tiempo de que la dependencia se ponga a hacer su trabajo, pero sobre todo aplicar un intenso proceso de depuración que permita eliminar la corrupción de sus entrañas.
De nada servirá fomentar la denuncia ciudadana muestra no se apliquen las leyes al pie de la letra y las autoridades que deberían evitar la clandestinidad sigan siendo este negocio tan redituable y lascivo.

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