En un país con más de 53 millones de pobres, el acceso a los programas sociales y otros beneficios en campaña electoral se convierte en una cuestión de supervivencia
Agencias
[dropcap]E[/dropcap]l día que Clara vio al candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Valentín Maldonado en su unidad residencial ofreciendo botes de pintura a ella y sus vecinos, sospechó que algo no estaba bien.
A Clara le ofrecieron uno de los botes de pintura el 14 de junio a cambio de presentar una fotocopia de su carnet electoral. La pintura habría sido un beneficio al que Clara, por ser residente de Coyoacán, tendría derecho a través de programas sociales que ofrecen instrumentos para los hogares, como tinacos de agua y otros objetos supuestos a mejorar la calidad de vida.
El problema es que la distribución de todos estos beneficios había sido vetada por la autoridad electoral hasta después de las elecciones locales de la capital (en 2015) para evitar que delegaciones como Coyoacán utilizaran recursos públicos para persuadir a los votantes a su favor.
En la unidad residencial Villa Panamericana, Coyoacán, al sur de Ciudad de México, donde vive Clara, ya habían repartido muchas cosas en los últimos meses. Esto gracias a que la delegación dobló el presupuesto del programa social A Tu Lado, de casi 55 millones de pesos a casi 110 millones de pesos, y expandió un programa de 159 millones destinado a otorgar tabletas electrónicas a estudiantes para que cualquiera pudiera acceder a ellas. Así fue que Clara vio cómo se regaron tabletas digitales y vajillas a sus vecinos del conjunto, se podaron los árboles y se impermeabilizaron los edificios. Todo en temporada electoral.
Enterada de la veda electoral, Clara, nombre ficticio de una mujer de 57 años, llamó al número de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para hacer una denuncia anónima al siguiente día.
El condicionamiento del voto a través de programas públicos no es un problema exclusivo de Coyoacán y sus alrededores, y tampoco es una práctica de un solo partido. En cambio, es un reflejo de la realidad de un país donde el precio de cada boleta electoral depende de la necesidad monetaria de los residentes de la zona. La compra de votos se ha normalizado en los sectores más marginados del país.
«La compra del voto es una de las pocas certezas que hay en la vida mexicana» asegura Alberto Serdán, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, cuya organización no gubernamental creó una plataforma virtual para que los ciudadanos del país hicieran denuncias de hechos irregulares que hayan presentado durante las campañas electorales.
Según Serdán, las personas están tan acostumbradas al abandono gubernamental que existe en medio de las elecciones, que los ciudadanos han optado por una actitud de «en época electoral toca sacar lo que puedas».
«En medio de la elección no se espera nada de los representantes, pero en campaña se tiene la expectativa de «algo me tocará»» dijo Serdán. «Es una perversión que debilita la democracia».
En un país donde, según el Concejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2017 más de 53,4 millones de mexicanos —correspondiente al 43,6 por ciento por ciento de la población— vivían por debajo de la línea de pobreza, el acceso a los programas sociales y otros beneficios se convierte en una cuestión de supervivencia.
Es por esto que el fiscal a cargo de la FEPADE, Héctor Díaz-Santana, dijo que el organismo de control ha aumentado en los últimos meses entrenamientos que permitan a 500 mil policías y 250 mil funcionarios identificar delitos electorales, incluyendo los de condicionamiento de voto.
«Hemos tenido denuncias que aclaran que sí existe un claro condicionamiento frente a los programas sociales a cambio del voto», dijo Díaz-Santana. «Pero en este sentido también hemos trabajado con beneficiarios para decirles que entre el voto y su capacidad para elegir por quién quieren votar, no hay forma que se puedan enterar». Esto apela a la responsabilidad ciudadana de no sucumbir ante aquellos que los tientan a aceptar ayudas tangibles a cambio del sufragio. Aun así, desestima el papel que juega la pobreza en tal negociación.
La explotación de la inequidad de cada voto se ve reflejada en la manera más inesperada, especialmente en los altos índices de votación en las áreas rurales y en el voto femenino. La participación ciudadana masiva que en condiciones naturales sería considerada un logro para la democracia, apunta hacia las poblaciones indígenas o rurales, más presionadas para ser parte del proceso electoral en beneficio del partido o contrincante que sostenga mayor influencia política sobre ellos.
Según cifras del Instituto Nacional Electoral, en las elecciones del 2012, fueron las mujeres en las áreas rurales quienes presentaron el más alto índice de asistencia a las mesas electorales. El número de ellas que salieron a votar en mesas rurales se acercó al 70 por ciento, mientras que un 55 por ciento de hombres en cascos urbanos se presentaron a las urnas. En general, durante las elecciones pasadas, la participación ciudadana escasamente alcanzó el 62 por ciento.
«Esto habla de que la compra de votos cumple un papel importante en la vida del campo» dijo Jaime Cárdenas, docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
Cárdenas aclara que aunque hay varios tipos de compra de votos, desde proporcionar pagos en efectivo —mitad antes y mitad después de que se entregue una prueba de la boleta—, hasta presión social como cerrar las válvulas de agua de todo un sector, «es el candidato que tiene a su disposición los programas sociales quien tiene más posibilidad de ganar las elecciones».
«Es muy chistoso, porque en tiempos de campaña vemos que nuestras unidades se ponen muy bonitas, o sea, padrísimas», dijo Izchel Silva Espinosa, 27, quien es vecina de Clara, y a quien dice le ofrecieron una tableta electrónica y una vajilla a cambio de su carnet electoral.
Una de las últimas mejoras en el conjunto residencial fue la instalación de una rampa para personas con discapacidad que coincidió con la visita de Maldonado (el entonces candidato a jefe delegacional de Coyoacán en campaña) a Villa Panamericana.
Silva Espinosa dijo que fue testigo de cómo uno de sus vecinos de Villa Panamericana le contó al candidato del PRD de su necesidad por una rampa más amplia para poder caminar al lado de su hijo. A los pocos días, según Silva Espinosa, trabajadores de la delegación asistieron a la unidad residencial con una trabajadora de campaña para supervisar la obra.
«La rampa, sabemos que se hizo con dinero de nuestro presupuesto», insistió Silva Espinoza. «Está muy bien que se haga esa obra pero, en este caso, el que debería haber escuchado la denuncia, tomar la necesidad y atenderla, es un funcionario de la delegación, no el candidato». Aun así, el vecino le confesó a Clara que la rampa no cambió su voto, según ella.
Este no es siempre el caso. Los programas estatales en época electoral se pueden convertir en una herramienta política para recordarle al pueblo quién tiene el control de sus recursos. Díaz-Santana apuntó que el sistema penal acusatorio bajo el que se rige la FEPADE tiene carencias a la hora de procesar los casos como este.
«Una de las cosas que está causando problemas es que los delitos electorales son de estricta aplicación. Lo que quiere decir es que si no existe un tipo penal, no se puede sancionar» explicó Díaz-Santana. Es en esta delgada línea de ambigüedad fiscal donde se esconden aquellos que abusan los recursos públicos para su conveniencia.
«Los delitos electorales no se consideran delitos graves», dijo Cárdenas, el docente de la UNAM. «Como no son graves los delitos, le permite a la persona pagar una fianza y participar en el sistema. Saben que en caso de que se le demuestre que lo ha cometido, puede que se de en libertad bajo fianza».
Cuando Díaz-Santana tomó el mando de la FEPADE a mediados de diciembre, según él, había cerca de 4 mil investigaciones abiertas, incluso desde el 2007, por delitos electorales. De estas, se han cerrado mil 500. Es por eso que el fiscal insistió en que la ciudadanía debe tener un rol activo en las denuncias de circunstancias dudosas para que se puedan realizar las investigaciones pertinentes.
A vísperas de la jornada electoral, la FEPADE aumento de 100 a 150 el número de personas que atenderán en la línea telefónica las denuncias.
En el caso de la denuncia de los botes de pintura de Clara, cuando EL PAÍS llamó para verificar el número de expediente, con autorización de la mujer, el personal de la FEPADE informó que el asunto estaba marcado como «atendido» en el sistema. Según la mujer que atendió la llamada, como la denuncia «es local», Clara tendrá que llamar a la ciudad para presentar nuevamente la denuncia.
