Un informe advierte del gasto ilícito en las campañas: por cada peso reportado hay otros 15 en la oscuridad
Agencias
[dropcap]E[/dropcap]n México hay una popular leyenda urbana que suele repetirse cerca de las elecciones. Se dice que los cajeros automáticos de los bancos se quedan secos en las ciudades pequeñas y medianas en las jornadas electorales. Los aparatos clientelares de los partidos políticos y sus candidatos utilizan en su despliegue tal cantidad de recursos para garantizar el triunfo electoral. Hoy existen datos que podrían dar veracidad al mito. El Banco de México muestra que los años con elecciones tienen un aumento inexplicable de dinero en efectivo. Por ejemplo, durante las presidenciales de 2012 y las intermedias de 2015 el flujo aumentó más de 37 mil millones de pesos (mil 800 millones de dólares), un 5 por ciento, en los meses anteriores a los comicios. Esto sin que existiera un fenómeno estacional, de consumo o crecimiento que explique el repunte.
Las elecciones en México mueven a mucha gente y una monumental cantidad de dinero. El país encara el 1 de julio el proceso electoral más grande de su historia, con 629 cargos federales a elegir y otras 17 mil 670 autoridades locales en liza. Los partidos y candidatos recibirán 11 mil 800 millones de pesos (597 millones de dólares) para gastar. Sin embargo, la competitividad electoral ha generado a los partidos la necesidad de invertir más para triunfar. «Esta elección va a generar cuentas por pagar por varios años», señaló Luis Carlos Ugalde, director de la consultora Integralia.
Ugalde ha elaborado junto a María Amparo Casar, de la asociación civil Mexicanos contra la corrupción y la impunidad el informe Dinero bajo la mesa: financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México. Los autores del texto se han propuesto dar dimensión a un problema que no conoce de colores u orientaciones ideológicas. «Es un problema sistémico que se está saliendo de control. Cualquier partido político tiende a utilizar las mismas prácticas», consideró Ugalde, quien presidió el Instituto Federal Electoral entre 2003 y 2007.
El informe afirma que por cada peso que un candidato a gobernador declara a la autoridad electoral hay otros 15 pesos más que se gastan en la oscuridad. Esto significa que una campaña para hacerse con el poder local –este año hay nueve entidades en juego—puede superar unas diez veces el techo de gasto marcado por los organismos vigilantes de la contienda. «El promedio de gasto real ejercido de una campaña exitosa a gobernador puede rondar los 460 millones de pesos (23 millones de dólares)», asegura el documento elaborado a partir de análisis de fuentes oficiales, investigaciones periodísticas y entrevistas a operadores políticos, candidatos, gobernadores, estrategas, periodistas y funcionarios públicos.
Los autores advierten que todos los cálculos en el informe son conservadores. En las elecciones presidenciales el gasto es superior y en las de alcaldes y diputados puede ser menor a las de los gobernadores. Pero coinciden con seguridad en que el mayor gasto de una campaña se hace para alimentar las estructuras clientelares encargadas de organizar y movilizar a brigadistas y votantes el día de la elección. Esto incluye desde coordinadores que recogen y retienen credenciales para votar de los simpatizantes de candidatos rivales, hasta el pago de autobuses y choferes para transportar a la gente a las casillas.
Clientelismo electoral
Nadie conoce el tamaño real de estos ejércitos de tierra. Sin embargo, el informe dibuja su estructura. Los promotores de colonias pueden ganar entre 500 y 2 mil 500 pesos al mes. Estos sueldos van aumentando hasta llegar a los coordinadores regionales, que ingresan mensualmente entre 20 mil y 80 mil pesos.
Un partido como el PRI, que tiene una gran presencia nacional, pretende contratar 21 mil abogados para defender sus votos en las 157 mil casillas que serán instaladas para la jornada electoral del 1 de julio. Los autores del reporte aseguran que el gasto en estas estructuras en una campaña para gobernador de una entidad de tamaño mediano supera los 290 millones de pesos (14 millones de dólares). «Es una estimación muy conservadora», señaló Ximena Mata, una de las coordinadoras de la investigación.
Los promotores del texto consideran que una nueva reforma política podría mejorar los sistemas de fiscalización y de gasto ilegal en las campañas políticas. De esta forma, se podría cambiar hacia un enfoque que pueda prevenir estos delitos y no a uno que sancione a posteriori con multas que son irrisorias. «El sistema invita hoy a su violación», asegura Ugalde.
María Amparo Casar propuso reducir el uso del dinero en efectivo en las transacciones y elevar la bancarización para que las autoridades bancarias puedan detectar triangulaciones sospechosas entre empresas y partidos políticos. El coautor del reporte sugirió también hacer el voto obligatorio para todos los mexicanos. De esa forma se evitaría trasladar el costo de la movilización electoral a las redes clientelares de los partidos y sus candidatos. Una gigantesca red que está calentando motores para trabajar el próximo 1 de julio.
