Académicos y organizaciones de la sociedad civil ven en los decretos una vía para que «se haga negocio» con recursos hídricos cuyo uso estaba limitado, mientras la Conagua niega que sea una privatización
Agencias
[dropcap]E[/dropcap]l Gobierno mexicano promulgó el pasado 5 de junio una decena de decretos que eliminan la protección sobre grandes cuencas hídricas del país norteamericano y que, en la práctica, abren la puerta al uso de esa agua por parte de agentes privados. En los citados decretos presidenciales, Enrique Peña Nieto, convierte las zonas de veda —en las que la extracción de agua está casi completamente restringida— en zonas de reserva —también protegidas, pero en las que se permite, de manera limitada, la explotación, uso o aprovechamiento del agua, incluso por parte de privados, si las autoridades lo consideran «de utilidad pública»â€” y deja, según dos juristas consultados, en manos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la posibilidad de otorgar concesiones de uso de este recurso a compañías de diversos sectores, entre ellos la minería, la fracturación hidráulica (fracking), la industria refresquera o la generación de energía hidroeléctrica. La citada Conagua ha desmentido tajantemente en un comunicado que se trate de una privatización del agua.
La decena de resoluciones promulgadas cambian el estatus de una cantidad «muy significativa» de agua en México, según Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y autor de varios trabajos sobre derecho al agua en el país latinoamericano. «Sin embargo, el Gobierno va más allá: no solo pasa de veda a reserva, sino que se abre la puerta a la concesión de parte de los volúmenes a empresas y a que organismos privados hagan negocio con el agua. En sí, el decreto no privatiza nada pero sí es un paso más —y grave— hacia la privatización de este recurso», añade. «Es algo muy preocupante, que habilita el acceso al agua para actores a los que les estaba costando trabajo».
La medida, que supone cambiar la catalogación de casi 300 de las 757 cuencas de México, llega a las puertas de las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio en las que todas las encuestas dan al partido gobernante, el PRI, una probabilidad muy baja de mantenerse en el poder. Las cuencas afectadas concentran, según publicó la semana pasada el diario La Jornada, más de la mitad de los lagos y ríos de México.
La WWF, la organización de protección de la naturaleza que arropó al presidente mexicano en el acto en el que se desgranaron los decretos, defendió la medida. «Establece reservas de agua que garantizan la disponibilidad de este recurso para la población y la naturaleza durante los próximos 50 años», subraya en un comunicado datado el pasado 5 de junio. «Estos decretos representan una visión de futuro, ya que plantean un camino sustentable para estas cuencas, que evitará la grave sobrexplotación, contaminación y escasez que vivimos en otros muchos ríos del país», profundizó el máximo responsable de WWF en suelo mexicano, Jorge Rickards.
En cambio, las asociaciones de la sociedad civil mexicana en defensa del agua han puesto el grito en el cielo por lo que consideran un «retroceso» para un país que sufre un creciente estrés hídrico en las regiones centro y norte. En estas zonas —que concentran el grueso de la población y del PIB, pero que solo tienen la tercera parte del agua nacional— se encuentran una parte de las cuencas afectadas por el cambio normativo. Los decretos, critica la coordinadora nacional Agua para Todos, el mayor ente mexicano en defensa del derecho humano al agua, que agrupa a casi una treintena de organizaciones de todo el país, «van a permitir a la Conagua garantizar los volúmenes que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadores de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos al agua de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales».
Según el análisis de esta organización, hasta 50 mil derechos de uso de ejidos y comunidades indígenas en estas zonas protegidas que ya han caducado se liberarán para poder ser concesionados a privados. «Es un movimiento altamente riesgoso», enfatiza María Luisa Torregrosa, de Flacso y de la Red de Agua de la Academia Mexicana de Ciencias. «Al quitar la veda a las concesiones, lo que tenemos es la posibilidad futura de ceder el derecho al agua durante varias décadas. Y se abre la vía, también, a la transferencia de agua de unas zonas a otras. Es una forma de liberalizar el agua que estaba protegida por un problema escasez», dice, en la misma línea, Karina Kloster, investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y autora de varios trabajos sobre el problema hídrico en el país norteamericano.
«Aunque las vedas han sido violadas sistemáticamente por la Conagua en las tres últimas décadas», critica Elena Burns, responsable de Planeación del Centro para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana y colaboradora de Agua Para Todos, «las empresas requieren de seguridad jurídica en sus concesiones. De ahí la medida». «No se puede permitir esto», complementa Raúl Pacheco-Vega, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) especializado en la gestión de recursos naturales. «Es un mensaje muy claro: haz negocio con nosotros porque no se sabe si podrás con el Gobierno entrante».
Según los cálculos de Pacheco-Vega, el 80 por ciento de las cuencas hídricas mexicanas ya están sobreexplotadas, y este cambio legal no hará sino profundizar esa situación. «Básicamente lo que permiten estos decretos es cambiar la política hidráulica mexicana de centrada en la conservación a privatizadora», agrega por teléfono. «Es, en definitiva, una privatización secundaria: no se trata, literalmente, de vender el agua en este momento, pero sí se autoriza el uso futuro para industrial y de servicios».
