Congreso, lo que hay que saber

El poder Legislativo se destaca tanto por devengar uno de los mayores presupuestos asignados, así como por un trabajo representativo deficiente, según el informe Legislativo 2017, del Imco

Esmeralda Fonseca / Portavoz

[dropcap]A[/dropcap]unque a nivel nacional, el Congreso de la entidad figura entre los cinco con mayor presupuesto asignado –291 millones de pesos en el año pasado–, al momento de desempeñar funciones, no desarrollan de forma eficiente el trabajo representativo, de acuerdo con el Informe Legislativo 2017 creado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
El trabajo de investigación nace por el escaso estudio, monitoreo y rendición de cuentas de los poderes legislativos, que se evidencia en lo poco que conocemos acerca de su funcionamiento interno, estructura administrativa, personal técnico, órganos de gobierno, así como el presupuesto y gasto de diputados y grupos parlamentarios.
Por lo que el informe se concentra en tres puntos importantes como la composición y conformación de los congresos locales; manejo de recursos públicos y desempeños legislativos.

Composición y conformación

Con base en datos de marzo pasado, en la entidad hay un total de 40 diputados; 24 son de mayoría relativa (uninominales), es decir, 59 por ciento; y 16 de representación proporcional (plurinominales), 41 por ciento.
Cabe señalar que, a nivel nacional, el número de éstos se ha estabilizado e incluso ha disminuido de forma marginal en los últimos años, ya que desde el 2010 a la fecha, no se han registrado aumentos. Chiapas es uno de los estados que percibe una mínima reducción en la cantidad de legisladores; en su caso pasó de 41 a 40.
En lo que respecta a cuántos habitantes representa cada diputado local, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que deberá ser proporcional al número de pobladores de cada entidad.
Respecto a esto, el Imco menciona que la complejidad del ejercicio de atender y expresar las demandas ciudadanas, recae en que hay una brecha entre sus funciones legislativas y de control con el número de personas representadas por entidad federativa.
Por ejemplo, en Chiapas, por cada 134 mil 552 habitantes hay un diputado local; mientras que en Campeche hay 26 mil 716 habitantes para cada representante.
En cuanto al tema de reelección, la cual es posible en todo el país debido a la reforma constitucional en materia político electoral, publicada el 14 de febrero de 2014, para senadores y diputados federales, en el caso de diputados locales, la CPEUM determinó que la reelección inmediata podrá efectuarse hasta por cuatro periodos, a través del mismo partido o cualquiera de los partidos de coalición que los hubiera postulado, o que hayan renunciado a su militancia antes de la mitad de su aspiración.
Para el estado se instituyeron cuatro periodos consecutivos como máximo, es decir, 12 años; y comenzó a ser aplicable a quienes fueran electos en 2015.
Dicha acción constituye, según Casar (2014) «un candado impuesto para mantener el poder de designación y disciplina de las cúpulas partidistas sobre sus candidatos», como se lee en el informe.
Uno de los rubros donde «sobresale» Chiapas es en la paridad de género. De acuerdo con los datos obtenidos por el Imco, es uno de los estados donde los congresos tienen mayor representación de mujeres que de hombres. De las 40 diputaciones, 24 curules son ocupadas por mujeres y 16 por varones.
En contraste con este logro, en la entidad se han presentado casos relevantes de violencia política de género, como el caso de las renuncias de dos alcaldesas electas en 2015 en los municipios de Chenalhó y Oxchuc. Posteriormente se supo que habían recibido amenazas.
Acerca de los partidos políticos, reconocidos por la Constitución como entidades de interés público para promover la participación ciudadana, en el estado se cuenta con dos de origen local: Chiapas Unido y Mover a Chiapas.

Manejo de recursos públicos

La responsabilidad de los Congresos respecto a la adecuada gestión de los recursos públicos está señalada en el artículo 134 constitucional, el cual menciona que se deberá administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para poder satisfacer los objetivos planteados. Por ello, es importante evaluar de qué manera han valorado y usado el dinero.
El instituto encontró deficiencias generalizadas que contrastan con los principios antes señalados, como asimetría presupuestal debido a ineficiencias en la función legislativa; crecimiento y ampliaciones injustificadas de las cantidades asignadas; discrecionalidad en la concesión de capitales al interior de los congresos; asignaciones presupuestarias que van más allá de las atribuciones de los diputados locales; reserva y opacidad en el ejercicio de los recursos públicos.
En la primera de ellas, se muestra la ineficiencia con la que operan la mayoría de los congresos, ya que se podrían lograr buenos resultados en razón de iniciativas presentadas y aprobadas, números de sesiones de pleno, estudios financieros, entre otros, con menos dinero.
Por ejemplo, el Congreso de Chiapas se desempeñó con un presupuesto de 291 millones de pesos en 2017; mientras que Colima funcionó con 93.3 millones de pesos.
El pretexto que se utiliza para explicar esta y otras diferencias, se basa en la «normalización» de que dichas estimaciones se obtienen por el número de legisladores que hay en cada entidad.
Asimismo, existen irregularidades en el presupuesto destinado por diputado en los estados. La legislatura chiapaneca gasta 7.3 millones de pesos por representante, en comparación con Puebla, Colima, Tamaulipas, Hidalgo, Campeche o Yucatán; entidades que atribuyen 3.5, 3.7, 4.3, 4.4, 5.2 y 5.7 millones de pesos, respectivamente.
Incluso, años atrás, el Imco halló que en algunas entidades, la cantidad para cada legislador en 2011 rebasaba al de parlamentos de otros países; en ese entonces, la Asamblea Legislativa de Baja California obtuvo 2.1 millones de dólares por representante, mientras que las cámaras bajas de Japón recibieron 1.5 millones de dólares.
Todas estas disparidades llevan a formularse preguntas como ¿qué tan distinto es el Congreso de Chiapas con, por ejemplo, el de Yucatán?, ¿Cómo puede funcionar mejor un congreso, con un presupuesto de 7.3 millones de pesos?
El instituto indica que, si el presupuesto de cada ente local se redujera, de tal manera que el monto por diputado de las entidades fuera equivalente al menor del país (3.5 millones de pesos, en 2017), se lograría un ahorro de recursos por 9 mil 574.2 millones de pesos, es decir, el 70.7 por ciento del total general.
No obstante, la realidad es otra, pues las cuentas de los congresos locales crecieron de forma injustificada al 11.1 por ciento en los último cinco años; pasaron de 10 mil 307.9 millones de pesos a 13 mil 551.3 millones de pesos. En Chiapas, el presupuesto incrementó 29.4 por ciento entre el 2012 y el 2017.
En cuanto a al tema de discrecionalidad, el informe exhibe que los legisladores han modificado el recurso público, hasta el punto que la cantidad gastada al final del año no coincida con lo aprobado; además de no rendir cuentas sobre los ajustes realizados.
Cabe señalar que, aunque los presupuestos aprobados sí pueden tener cambios a lo largo del año, y muchos de ésos, con base en justificaciones técnicas, no gozan de la misma libertad que los poderes ejecutivos estatales, no enfrentan contingencias que obliguen a realizar esta acción.
Al Imco le fue imposible conocer si en Chiapas hubo alguna variación entre el presupuesto aprobado y el gastado al final del 2016; esto, porque a la fecha de corte del informe, no se encontraron disponibles las cuentas públicas de dicho ejercicio fiscal.
De igual forma, se desconoce la distribución del gasto total porque, al 10 de junio de 2017, no habían publicado la cuenta correspondiente al desempeño de 2016, ni mucho menos los informes trimestrales del mismo.
Respecto al pago de aguinaldo a los diputados de Chiapas, se consideran 60 días, según la respuesta a la solicitud de información; lo que rebasa cuatros veces al mínimo establecido por la Ley Federal del Trabajo.
Acerca de las remuneraciones (sueldos, bonos, apoyos, compensaciones, entre otros) no hubo respuesta.

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