El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó a la Fiscalía especializada en delitos electorales (Fepade) defina cuáles son los cargos en su contra y se detalle el tema de la prescripción. La juzgadora federal indicó que al no haber determinado la carpeta de investigación, el exdirector fue colocado en un estado de «indefensión» al no tener conocimiento de su situación jurídica
Agencias
[dropcap]E[/dropcap]l Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió un amparo al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y ordenó a la Fiscalía especializada en delitos electorales (Fepade) que defina si el delito que se le imputa, por presunto financiamiento de la empresa Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, ya prescribió, y que también se le comunique si aún hay diligencias por practicar.
En su resolución, que aún puede apelarse, el Juzgado estableció que la Fepade incurrió en violaciones al principio de legalidad y seguridad jurídica, por lo que le pidió que emita un nuevo acuerdo en el que «subsane vicios formales», se defina cuáles son los cargos en su contra y se detalle el tema de la prescripción.
«Al resolver el amparo 702/2018, la juzgadora federal instruyó que en un plazo de 30 días hábiles, la Fepade determine si existen o no diligencias por practicar y, en caso positivo, las desahogue de inmediato», indicó una nota informativa del Consejo de la Judicatura.
La Fepade, estableció el juzgado sobre su resolución, «no expresó las razones, circunstancias particulares o argumentos del porqué consideraba que no operaba la figura de la prescripción», y no estableció los delitos imputados.
«La juzgadora federal calificó fundados los conceptos de violación reclamados por el quejoso, consistentes en que al no haberse determinado la carpeta de investigación en un plazo razonable, le generó inseguridad e incertidumbre jurídica, colocándolo en un estado de indefensión al no tener conocimiento de su situación jurídica», detalló el Consejo de la Judicatura en su comunicado.
La autoridad responsable, insistió el juzgado, «ha agotado todas las diligencias conducentes para la investigación y ha pasado un tiempo razonable, encontrándose en aptitud de determinar la carpeta de investigación como en derecho proceda».
Lo anterior, señaló, «a fin de que se deje de generar inseguridad jurídica, dado que el quejoso tiene conocimiento de los hechos denunciados en su contra desde el año 2017, lo que lo coloca en incertidumbre».
Con información de Animal Político
