Basta levantarse y encender el televisor, la radio, la computadora o abrir el periódico y comenzar a darse cuenta que las noticias -la mayoría de las veces- nada tienen que ver con la realidad, pero es la única manera de que sus vidas no sean arrebatadas
Portavoz Staff
[dropcap]Y[/dropcap]a han pasado unos años desde que el periodismo en el país se convirtió en desinformación; basta levantarse y encender el televisor, la radio, la computadora o abrir el periódico y comenzar a darse cuenta que las noticias —la mayoría de las veces— nada tienen que ver con la realidad. Esto es resultado de la violencia desenfrenada contra los comunicadores, y con tal de que sus vidas no sean arrebatadas, cada día se hace más notorio su silencio.
La entidad está catalogada a nivel nacional por la organización Article 19 dentro de la denominada «zona de silencio» periodístico; pero, ¿de qué estamos hablando? El término se refiere a esos lugares donde el periodismo se ha quedado paralizado por completo, donde los comunicadores han sido amenazados o agredidos, y por miedo están más preocupados por su seguridad que por realizar trabajos de investigación que expongan la verdad.
Entonces, al ampliarse las «zonas de silencio» también se abre el espacio a la autocensura; la impunidad seguirá empoderando al crimen y sólo queda uno que otro valiente en redes sociales que intenta llenar ese vacío.
Las estadísticas
Respecto a la violación del derecho a la libertad de expresión, el informe 2016: Libertades en resistencia de Article 19 indica que en el caso de Chiapas se presentaron 12 agresiones contra la prensa; cuatro fueron por ataque físico o material, tres por intimidación, tres amenazas, un ataque a medios de comunicación y una de privación de la libertad.
Para el primer semestre de 2017 (enero-junio), el documento de dicha organización revela que en ese periodo a nivel nacional se registraron 1.5 agresiones diarias y se documentaron un total de 276, lo anterior incluye seis periodistas asesinados y uno más desaparecido. Dichas cifras representan un incremento del 23 por ciento respecto a las registradas durante el primer semestre del 2016 (218).
Además, se presume que el 50.7 por ciento de las agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos (140 de 276). Esto refleja el grado de impunidad y de la falta de autonomía en la procuración de justicia.
