Aunque la legislación ha sido una victoria pues cuenta con varios aciertos gracias a las recomendaciones que las propias familias hicieron a la LXIII Legislatura, también tiene una serie de deficiencias que aún mantiene en desventaja la búsqueda eficaz
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]A[/dropcap]ctualmente hay más de 33 mil 400 personas desaparecidas reconocidas oficialmente por el Estado mexicano, de las cuales más de 5 mil son menores de 17 años, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C. (Frayba).
Por más de tres años, más de 60 colectivos de familiares de las y los desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil (OSC) emprendieron una lucha para que la desaparición forzada en México se reconociera como responsabilidad del Estado y exigieron a la Cámara de Diputados la creación de un marco jurídico que reconociera tanto la comisión de delitos como la desaparición por acción, omisión o asistencia política.
Fue hasta el pasado 12 de octubre cuando la LXIII Legislatura aprobó la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, una ley que también fortalece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, lo que, argumentan, contribuirá a dimensionar la crisis de desapariciones en el país y responder a la verdadera magnitud de esta problemática.
Esta Ley también promueve la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda y 32 Comisiones Locales de Búsqueda de personas desaparecidas, estructuras que incorporan la participación de familiares y organizaciones de la sociedad civil para dar con el paradero de habitantes y personas que en su paso por el territorio mexicano desaparecieron.
Aunque la legislación es una victoria aplaudida por las OSC, aún existen vacíos que ponen en riesgo su aplicación, principalmente, en los congresos locales.
Al respecto, Blanca Martínez, actual directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Lariosen Saltillo Coahuila y miembro del Consejo Directivo del Frayba, advierte que, aunque ésta ha sido una victoria indudable y es una legislación que cuenta con varios aciertos gracias a las recomendaciones que las familias hicieron a la LXIII Legislatura, también tiene una serie de deficiencias que nuevamente ponen en desventaja la búsqueda eficaz de las personas desaparecidas.
¿Una ley necesaria?
Cualquier forma de privación de la libertad por acción de los agentes del Estado, llámese arresto, detención o secuestro, con el fin de sustraer a las personas de la protección de la ley, es un delito grave.
Esta Ley reconoce y sanciona los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, promueve investigaciones exhaustivas -mediante la creación de Fiscalías Especializadas-, y establece mejores condiciones para que cualquier persona se acerque a la verdad, la justicia, el castigo a los culpables y para romper los patrones crónicos de impunidad que envuelven a esta práctica atroz.
Para Blanca Martínez, lo más relevante de la reciente aprobación es la participación de las familias de desaparecidos porque fueron quienes desde 2015 hicieron, junto con sus asesores técnicos, una propuesta de la legislación en la materia; además, negociaron directamente tanto con el Senado como con la Cámara de Diputados los puntos que no podían quedar fuera de la ley.
«Este es un reconocimiento de la lucha de las familias para contar con un marco jurídico que garantice el reconocimiento a la identidad y personalidad jurídica de los desaparecidos en el país», dijo la especialista.
Este marco jurídico reconoce que la desaparición forzada existe en México y que la comisión de delitos como la desaparición tanto por acción, omisión o asistencia, política y jurídicamente también es responsabilidad del Estado.
La activista explicó que una de las fortalezas de la ley es la Comisión Nacional de Búsqueda que estará integrada por diferentes dependencias y que tendrá facultades para realizar acciones usando recursos del Estado y exigiendo por ley, la colaboración tanto de dependencias gubernamentales como privadas para facilitar estrategias de búsqueda y localización.
«Lo central que las familias estuvieron debatiendo por más de dos años se centra en el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas y la responsabilidad del Estado de poner todas las condiciones para encontrarlos».
Según datos del Frayba, el norte del país es la región que cuenta con más casos de desaparecidos; se estima que a la fecha suman más de 33 mil las personas que no son localizadas, lo que representa al 52 por ciento del total de desaparecidos en México y los estados de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí representan el 36 por ciento del total de la desaparición nacional.
Pese a que el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Saltillo, Coahuila denunció en 2008 que el delito de desaparición se estaba extendiendo de manera indignante y alarmante alcanzando niveles inimaginables por todo el territorio mexicano, las autoridades no actuaron y de 2008 a 2009 los índices se elevaron.
Hoy, la identidad y personalidad jurídica, la comisión nacional de búsqueda y la tipificación del delito y reconocimiento de la cadena de mando en términos de responsabilidad; son los componentes que dan sentido a la lucha de las miles de familias afectadas por las desapariciones forzadas.
«Un desaparecido en cualquier lugar del mundo es un desaparecido por el que hay que poner todos los recursos del estado para buscarlo porque si se dan las desapariciones es porque el Estado, el gobierno, las instituciones lo facilitan».
Actuación de los congresos locales
Hasta el momento, no existe un estado de la República que no cuente con una queja por desaparición.
Por lo tanto, lo más urgente en la materia es que haya recursos para que opere la Comisión Nacional de Búsqueda, pues hasta el 12 de octubre se había negado la problemática y a la fecha, según declaraciones de Blanca Martínez, no se han facilitado los recursos para poder atender una problemática que el Estado mismo generó.
La ley tiene que ser más ciudadanizada, tiene que tener más condiciones y recursos propios para la búsqueda, tener capacidad para convocar a todas las fuerzas e instituciones para que colaboren en las estrategias de los desaparecidos.
Con 397 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la Ley, a partir de la cual a quien incurra en el delito de desaparición forzada, se le impondrá una pena de 40 a 60 años de prisión, y de 10 mil a 20 mil días multa.
Esta sanción podrá aumentar hasta en una mitad, cuando la víctima pierda la vida, sea migrante, menor de edad, mujer, persona con discapacidad o adulto mayor, periodista o defensor de derechos humanos; y a la desaparición cometida por particulares, se le impondrá pena de 25 a 50 años de prisión y de 4 mil a 8 mil días multa.
Que los estados aprueben la ley es el mayor reto. Integrantes del Frayba confirman que el siguiente paso es que las legislaciones locales actúen, algo que consideran posible pero tardado. «Los diputados locales no están interesados en la gente».
Chiapas con una importante lista de desaparecidos
La criminalización de la protesta y del derecho a defender derechos humanos ha ido en aumento; de acuerdo con las cifras del informe «La esperanza no se agota», realizado por la Red TDT (que aglutina a 84 organizaciones de 23 entidades), son 106 ejecuciones extrajudiciales y 81 desapariciones de personas defensoras las que han ocurrido del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2017.
El informe revela que en lo que va de este sexenio, la criminalización de la protesta y de la defensa de los derechos humanos tiene como objetivo posicionar política y mediáticamente a las personas manifestantes y a las personas defensoras como enemigas del desarrollo.
Y aunque resulta difícil establecer un vínculo del Estado con los agresores, el Frayba sostiene que hay una responsabilidad estatal real, pues los perpetradores buscan mantener la posición dominante que ocupan en la estructura social actual.
La aprobación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición tiene gran relevancia en lo local considerando que Chiapas figura entre los siete estados que concentran el 69 por ciento de los casos de abusos hacia los defensores de los derechos humanos en México que fueron conocidos en los primeros cuatro años de la administración de Peña Nieto.
Este clima de agresión que se vive en Chiapas se debe a que existen agrupaciones perpetradoras de violaciones que de manera constante ponen en riesgo el trabajo de las personas y colectivos defensores de los DDHH.
El informe de la Red TDT revela que fuerzas de seguridad (estatal, municipal y federal) han cometido detenciones arbitrarias, agresiones físicas, intimidaciones, amenazas u hostigamientos contra defensores de derechos humanos, incluso el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas es señalado.
La propia Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) puso los ojos en el estado y destacó los casos de activistas chiapanecos ejecutados más representativos que a la fecha han sido los de Humberto Morales Sántiz y Rodrigo Guadalupe Huet Gómez.
De manera general, según el informe de la RED TDT, se conocen otras siete ejecuciones extrajudiciales en la entidad; las de Juan Vázquez Guzmán, Armando Montejo López, Celestino Montejo Díaz, José Luis Solís López, Héctor López Sántiz, Juan Carlos Jiménez Velasco y Roberto Díaz Aguilar.
Además, Chiapas figura en la lista de los estados que aprobaron diversos procesos que favorecen la criminalización de la protesta y el derecho a defender los derechos humanos; de acuerdo con la opinión de expertos, son legislaciones que abren la puerta para la comisión de violaciones graves a los derechos humanos.
Es importante mencionar que de 2012 a la fecha, se han publicado cinco leyes locales que, por un lado, criminalizan y/o coartan el derecho humano a la protesta; y por otro, abren la puerta para que se cometan violaciones graves al legalizar el uso indiscriminado de la fuerza pública, incluyendo el uso de balas de goma y armas de fuego contra manifestantes
Quintana Roo, Puebla, Chiapas, Distrito Federal y el Estado de México son las entidades que aprobaron leyes que vulneran los derechos humanos de los defensores y, aunque las de Chiapas y Puebla fueron derogadas el mismo año de su aprobación ambos estados fueron fuertemente criticados.
