La Junta Distrital Ejecutiva reubicó en domicilios particulares, presuntamente vinculados al PVEM, una quinta parte de las casillas del Distrito 9 Federal, lo que facilitaría mecanismos de fraude electoral como la operación «carrusel»
Redacción
[dropcap]E[/dropcap]n Chiapas podría estarse fraguando el fraude electoral más grande del que se tenga historia, orquestado desde la propia delegación del Instituto Nacional Electoral (INE): la reubicación en domicilios particulares de una quinta parte de las casillas del Distrito 9 Federal, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, que buscaría beneficiar al Partido Verde Ecologista de México en Chiapas y a su eventual candidato a diputado federal, Emilio Salazar Farías.
De acuerdo a la Lista de Ubicación de Casillas Aprobadas por la Junta Distrital Ejecutiva, propuesta el viernes pasado al Consejo Distrital del INE, de un total de 528 a instalarse en el Distrito 9, 111 se ubicarían en la banqueta de domicilios particulares, cuyos propietarios —se presume— estarían vinculados al PVEM, y cuatro de ellas se ubicarán en las instalaciones del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas (IESCH), escuela con la que tiene vínculos e intereses el diputado local por el Verde).
De las casillas a ubicarse en domicilios particulares, 89 cuentan con historial de ubicación y en la propuesta de encarte aparecen engañosamente categorizadas como ubicaciones en lugares públicos; es decir, no es la primera vez que serán instaladas en estos lugares sin justificación aparente y sin que nadie haya alzado la voz (por lo que es probable que los representantes de los otros partidos ante el INE impugnen la ubicación por considerar que facilitaría mecanismos de fraude electoral como la operación «carrusel», como seguramente ya ha ocurrido con anterioridad).
Además, 22 casillas tienen propuestas de nuevas ubicaciones y abiertamente aparecen en el encarte categorizadas como domicilios o garages particulares. Todo lo anterior no genera certeza, imparcialidad, legalidad; principios rectores del proceso electoral.
Al respecto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales privilegia el uso de espacios públicos para la instalación de las casillas. En su artículo 255 señala que las urnas deberán ubicarse en lugares de fácil y libre acceso para los electores; no ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales; no ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos o candidatos registrados en la elección de la que se trate.
Cabe destacar que en las elecciones de 2012 ni una sola de las casillas se ubicó en domicilio particular, por lo que el reseccionamiento efectuado recientemente por la Junta Distrital Ejecutiva del INE no sólo abona a la percepción de parcialidad por parte del organismo encargado de organizar, velar y calificar el proceso sino acentúa la crisis nacional de credibilidad por la que hoy atraviesa.
Y es que no está de más decir que recientemente los representantes y consejeros legislativos del PAN, PRD, Morena, PT, Movimiento Ciudadano, Partido Humanista y Encuentro Social exigieron al INE retome la independencia, de la que parece carecer al favorecer al Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México en sus recientes decisiones.
Estos partidos abandonaron la sesión del Consejo General del INE del pasado miércoles 18 de febrero «en protesta por el nivel de deterioro institucional y la falta de independencia e imparcialidad que como en ninguna época, se vive en esta institución clave en el proceso de construcción de la democracia mexicana», detallaron en un comunicado.
