El alto grado de impunidad y abuso con el que se manejan algunos alcaldes en Chiapas tiene hoy otro claro ejemplo en el municipio de Tecpatán, donde al menos 10 familias de escasos recursos han sido despojadas de sus viviendas y predios para cobrarles «a lo chino» préstamos mañosos contraídos con agiotistas vinculados a autoridades locales.
El caso de Tecpatán es tal vez uno de los tantos que suceden en México bajo el silencio, la ignorancia y el miedo de las víctimas. Se trata del delito de usura donde la falta de conocimiento sobre el marco legal hace que muchos terminen pagando intereses exorbitantes como víctimas de una violación a la ley que desconocen.
Es justamente lo que sucedió en dicho municipio donde hace unos meses familias de bajos recursos contrajeron préstamos de alrededor de cinco mil pesos con el abogado Guillermo Flores Cerón, conocido por sus vínculos con el Gobierno Municipal de Rodolfo Guzmán López.
De esta forma y tras retrasos en los pagos, Guillermo Flores inició hace unas semanas una serie de actos de extorsión y embargos contra las familias morosas, despojándolas de sus viviendas y predios. Todo bajo la complicidad omisa de las autoridades municipales, que pese a los desesperados llamados de auxilio, decidieron quedarse inmóviles ante los desalojos violentos.
Hoy las familias despojadas reclaman en las calles la intervención de las autoridades competentes para detener dichas irregularidades que, incluso, reportan ya la presunta detención y encarcelamiento de una mujer de la tercera con el nombre de María Rebeca Gómez Vásquez.
Desconcertados ante tan abusivos actos, las familias afectadas se han manifestado con bloqueos en importantes calles y accesos sin que nadie los escuche. Con la casi burlona respuesta del alcalde para invitarlos a juntar el dinero y «ayudarlos» con una pequeña parte para recuperar sus propiedades.
Se le olvida tanto al abogado Guillermo Flores Cerón como al alcalde Rodolfo Guzmán López que la usura está tipificada como delito en el Código Penal para el Estado de Chiapas, por lo que ambos están incurriendo y solapando un hecho ilegal que necesita la urgente intervención de las autoridades judiciales.
El artículo 320 es claro: «comete el delito de usura el que por medio de pactos orales o contratos de mutuo o prendarios y que sin contar con los permisos correspondientes realice préstamos de dinero, y obtenga para él o para un tercero, beneficios económicos que estén en una notoria desproporción en relación a la prestación del servicio».
Aquí el llamado es a las autoridades judiciales para acercarse y atender inmediatamente a las víctimas, e iniciar las investigaciones correspondientes a fin de deslindar responsabilidades y castigar a los verdaderos delincuentes de «cuello blanco» que en Chiapas, como en otras partes de México, siguen abusando de la necesidad e ignorancia de las personas.
