La organización ambientalista señala que las reformas «legalizaron el abuso»
Redacción / Agencias
[dropcap]E[/dropcap]l Segundo Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se presentó bajo la sombra de cuatro accidentes ambientales ocurridos en menos de un mes, y los que hasta ahora no se han solucionado, lo que muestra el «menosprecio» de su administración hacia el medio ambiente en sus primeros 20 meses de gobierno, consideró Greenpeace.
En un análisis sobre el Informe de Gobierno, la organización ambientalista detalló que en sólo dos años, en la administración se consolidó un modelo extractivo de los recursos naturales.
«Los cuatro accidentes contaminaron diferentes ríos del país y causaron pérdidas millonarias por las afectaciones a actividades económicas como la agricultura y la ganadería. Dos derrames petroleros: uno en Cadereyta, Nuevo León y el otro en Huimanguillo, Tabasco; así como el vertido de agua con cianuro en el municipio El Oro, Durango y el derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas en los ríos Sonora y Bacanuchi, provenientes de la mina Buenavista de Grupo México, que ha afectado al menos a 22 mil personas en siete municipios y considerado por la administración de Peña Nieto como «la peor catástrofe ambiental en la industria minera del país en los tiempos modernos»», señala el análisis.
«Estos casos son sólo la punta del iceberg de la opacidad en la que actúan las industrias en México, donde la laxitud de las leyes les permite contaminar a cambio de multas irrisorias por concepto de «reparación del daño», sin que se tomen en cuenta las externalidades», agrega.
Recientes estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que la superficie de bosques y selvas en México pasó de 35.3 a 33.8 por ciento entre 1993 y 2011, lo que significa la pérdida de 1.5 por ciento de estos ecosistemas.
La tasa de deforestación en nuestro país se mantiene en cerca de medio millón de hectáreas al año, de acuerdo con datos de la UNAM y el INEGI. Pero México reporta ante la FAO sólo una pérdida anual de 155 mil hectáreas.
Destaca que los cambios realizados en el último año en el marco legal hacendario, de telecomunicaciones, electoral y energético, se privilegiaron los intereses económicos empresariales y se coartaron los derechos de millones de mexicanos, a un ambiente limpio, al agua y a otros recursos naturales, «todo bajo la promesa de un crecimiento económico que no ha llegado».
Con la promulgación de las leyes secundarias de la Reforma Energética, Enrique Peña Nieto «selló el retroceso ambiental en nuestro país, se nos condenó a seguir dependiendo de los hidrocarburos para la generación de electricidad y se tiró por la borda la oportunidad de transitar hacia fuentes renovables como el sol y el aire, pese al alto potencial que tenemos», expresó.
También considera que se legalizaron los abusos contra campesinos y comunidades con la creación de figuras legales como la «servidumbre legal, ocupación o afectación superficial de tierras», «eufemismos con los que las autoridades podrán despojar de tierras en los lugares donde haya hidrocarburos y al término de la «ocupación temporal», los dueños se quedarán con la responsabilidad de los contaminantes que se dejen en sus predios o también llamados «pasivos ambientales» y, por tanto, deberán compartir la responsabilidad en la remediación de la contaminación del suelo y agua.
«Por si fuera poco, nuevamente se disfrazó a la energía nuclear como una fuente limpia cuando en realidad es la más sucia de todas, poniendo en riesgo la vida y salud de la población. Experiencias internacionales han demostrado que se trata de una tecnología sumamente peligrosa, por su capacidad para dañar la integridad de las personas por la radioactividad, además no existe forma segura de eliminar los desechos que genera y favorece la creación de armas de destrucción masiva», señala el documento de la organización ambientalista.
La contaminación del agua
Cifras de 2011 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señalan que el 70 por ciento de los ríos nacionales presentan algún grado de contaminación, pero poco o nada se está haciendo para revertirlo y mucho menos para prevenir. Hace un año, el gobierno federal señaló que durante este sexenio la Conagua pasaría de ser un organismo reactivo a la contingencia a uno de prevención, «pero de esto nada hemos visto.
El reciente derrame de sustancias tóxicas a los ríos Sonora y Bacanuchi es solo la punta del iceberg de la contaminación tóxica de nuestros ríos, la mala gestión de las cuencas, la poca supervisión a las industrias por parte de la Conagua y la laxitud de leyes y sanciones».
Pese a la existencia de una Ley de la Responsabilidad Ambiental -que entró en vigor el 7 de julio del 2013 y que establece la reparación de daños en caso de delitos cometidos contra el ambiente- hace falta una revisión a la parte de las sanciones para inhibir a las empresas a contaminar.
En el caso de Sonora, consideró que la multa para Grupo México, cuyo dueño es el tercer hombre más rico del país, es «irrisoria».
La Conagua estableció el pago por 1.2 millones de pesos por las afectaciones a al menos 22 mil habitantes de siete municipios. Mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aplicaría una multa por 40 millones de pesos más la «reparación del daño» de la cual no se establece una cifra.
El fracking
Advierte que la Reforma Energética ha abierto otra amenaza en el tema del agua. La utilización del fracking (fractura hidráulica) para la extracción de gas shale, que consiste en perforar la roca de lutitas mediante la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a presión.
«Esta actividad disminuye la disponibilidad del agua para los seres humanos y ecosistemas: se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo. Ello supondría la disminución de cantidad de agua para otros usos, lo que pondría en peligro el cumplimiento del derecho humano a este recurso. Agricultura industrial absorbe a pequeños productores».
También acusa al gobierno de ignorado las advertencias de científicos, agricultores y ambientalistas sobre los riesgos de permitir el cultivo de organismos genéticamente modificados y se ha convertido «en abogado de la industria de la biotecnología, en lugar de velar por la protección de nuestra diversidad de maíz, la salud del campo, el medio ambiente y el bienestar de los agricultores. Pérdida de bosques y selvas».
Acusa que la legislación secundaria de la Reforma Energética y el llamado Paquete Verde, próximo a presentarse, representan una nueva amenaza para el sector forestal, pues abren la puerta al cambio de uso de suelo de bosques y selvas, una de las principales razones de la pérdida de estos ecosistemas, cuya tenencia de la tierra se encuentra, mayormente, en manos de comunidades indígenas y ejidos bajo la figura de propiedad social.
Datos oficiales muestran que 51.4 por ciento del territorio nacional es propiedad de comunidades indígenas y ejidos, en muchos de estos terrenos hay bosques y selvas que son la fuente de ingresos de miles de personas que gracias a su trabajo se han logrado conservar y están en riesgo de ser «ocupados temporalmente» para actividades relacionadas con el sector de hidrocarburos.
Este riesgo se repite en las 176 Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país, que representan el 12.93 por ciento del territorio nacional, lo que equivale a 25 millones 394 mil 779 hectáreas de la superficie del país, de las cuales solo 77 cuentan con un plan de manejo, es decir el 65 por ciento de la superficie total de ANP. «Si bien las Áreas Naturales Protegidas quedaron excluidas para la realización de actividades extractivas de hidrocarburos, aún es posible que dentro de ellas se puedan construir ductos para la transportación de éstos e infraestructura para la red eléctrica», advierte el análisis de Greenpeace.
(Con información de SinEmbargo)
