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Elba Esther, cinco claves de la absolución

Elba Esther, cinco claves de la absolución

La exlideresa del poderoso sindicato de maestros quedó libre de todos los cargos por una combinación de deficiencias en la estrategia procesal de la fiscalía mexicana

Agencias

El caso judicial más emblemático del sexenio de Peña Nieto quedó este miércoles definitivamente cerrado. Elba Eshter Gordillo, la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México (SNTE), el mayor de América Latina, símbolo del poder corporativo mexicano, militante del PRI hasta su expulsión en 2006 y una de las figuras de mayor influencia política durante las últimas décadas, fue absuelta por un juez federal de delincuencia organizada y lavado de dinero, la última de las tres causas pendientes de La Maestra. Juristas y abogados analizan el fallo judicial.

La deficiente estrategia procesal de la fiscalía
Gordillo fue capturada en febrero de 2013 por policías federales en el aeropuerto de Toluca (Estado de México). El primer y principal cargo que se le imputó fue el desvío de fondos por cerca de 2.000 millones de pesos (104 millones de dólares) provenientes de cuotas sindicales. La fiscalía –PGR– redobló la munición pocos meses después, con la acusación de un nuevo delito: un fraude fiscal de unos 160.000 dólares en 2008. El movimiento de la fiscalía podía interpretarse como un paso al frente del Gobierno para asegurarse de que no consiguiera la libertad a través de subterfugios legales. Durante este periodo, fue repetidamente rechazado un amparo de la defensa para lograr el arresto domiciliario por cuestiones de salud.
Una de las primeras voces en cuestionar la estrategia procesal de la fiscalía ha sido Olga Sánchez Cordero, virtual secretaria de Gobernación y exministra de la Suprema Corte de Justicia. Durante el periplo del caso, Cordero tuvo oportunidad de revisar el expediente tras un recurso de la defensa que solicitó la intervención del Alto Tribunal. “Existían varias situaciones donde no estaba muy armada y muy fortalecida la acusación. Definitivamente no era una acusación muy sólida”, remarcó el mismo miércoles en declaraciones en un programa de radio.
“El procurador –incide Gabriel Reyes, exfiscal de la Federación– presentó mal el caso desde el día uno. Buscaban la gravedad en el tipo, para lograr una aprensión inmediata. Después de un Quinazo (el enjuiciamiento de otro famoso líder sindical por parte del Gobierno de Salinas de Gortari), Peña Nieto trató de hacer de jefe de Estado creyendo que se iba a apoderar de lo político, emulado a aquellos presidentes que encarcelaron a los sindicalistas”.

Desvío de fondos a paraísos fiscales
Tras cinco años y medio, más de 100 apelaciones y decenas de amparos, la acusación del Ministerio Público mexicano no logró si quiera una sentencia condenatoria en primera instancia. “La actuación de la PGR –apunta Miguel Carbonella, abogado e investigador de la UNAM, desde su canal de Youtube– es muy dudosa. Si se hubiese integrado de manera correcta el contenido de las averiguaciones previas sin duda se hubieran obtenido sentencias condenatorias, dado que son muy elocuentes respecto a una forma de enriquecimiento por parte de los líderes sindicales”.
La investigación de la fiscalía descubrió una trama entre los años 2009 y 2012 para el desvío sistemático de los recursos del sindicato a cuentas bancarias de Estados Unidos, Suiza y Liechtenstein. Una de las cuentas suizas estaba a nombre de una empresa cuya accionista mayoritaria era la madre de Gordillo, fallecida en 2009. Posteriormente, ese dinero era retirado mediante cheques de caja y servía para uso y disfrute de La Maestra: pagos a una cadena de tiendas de lujo estadounidenses, clínicas de cirugía estética también en EE UU, la compra de dos mansiones en California, obras de arte o pagar la propia tarjeta de crédito de Gordillo.

Lavado de dinero
La estrategia de la fiscalía fue imputar el esquema de desvíos detectado como lavado de dinero. “Esa era la acusación central sobre la que pendían todas las demás y para que exista lavado necesitamos un elemento fundamental: el origen ilícito de los recursos”, sostiene Reyes. Este sería el nudo gordiano de todo el proceso. Los recursos eran parte del patrimonio del sindicato y el propio sindicato nunca denunció irregularidades, malas prácticas o, mucho menos, un delito. “En ese momento los manejos buenos o malos del sindicato son una situación entre los agremiados y sus líderes. El Gobierno federal no puede decidir cuándo un líder sindical hace bien las cosas conforme a los estatutos del sindicato. Trataron al sindicato como si se tratara de una dependencia federal y como si los recursos debieran ser fiscalizados como una dependencia federal”, remata el exfiscal de la Federación.

Delincuencia organizada
“En el momento que no se pudo probar el lavado, se cayó también la acusación de delincuencia organizada”, apunta Ricardo Raphael, abogado y periodista, autor de libro de Lo socios de Alba Esther, donde investigó los canales por los que corría el dinero de la SNT. Las cuotas, obligatorias, de los más de los 1,5 millones de maestros eran recogidas anualmente por la Secretaría de Educación, que mediante un pliego petitorio entregaba a la dirección del sindicato. “Esos fondos son lícitos porque no fueron denunciados por los trabajadores de acuerdo con los estatutos. Así que, si la acusación de organización delictuosa hubiera prosperado, la cadena lógica seguiría desde Gordillo, al fideicomiso del sindicato, hasta llegar a la Secretaría”.

Defectos de forma en la acusación defraudación fiscal
Antes del cerrojazo de esta última causa, Gordillo ya había vencido en una primera batalla. En mayo de 2017 un tribunal de Ciudad de México la absolvía del delito de fraude fiscal. El tribunal tumbó las pruebas argumentado que tanto el SAT (Hacienda) como la PGR no comunicaron en tiempo y forma las pesquisas a la demandada, impidiendo a la defensa presentar las aclaraciones correspondientes. “El fraude fiscal se da cuando te hacen la visita domiciliaria y te hacen una liquidación de los adeudos que tienes para que efectivamente se pueda constituir el fraude fiscal, es un requisito de procedibilidad. No hubo tal”, recordó la exministra Cordero.
Para Raphael, “la vía fiscal era el caso más fuerte, a la Al Capone, pero el día que la detienen no lo tenían armado. Además, por ese delito no la hubiera dejado fuera de la jugada política. Por eso se armó el caso, creo que exageradamente, por el delito de crimen organizado. Era más difícil de probar, pero tenía otra ventaja: según el régimen especial de México permitía un arraigo inmediato y la seguridad de apartar a Gordillo de la operación política.

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