San Felipe Ecatepec se está quedando sin agua a causa de la injerencia de una planta embotelladora de Coca-Cola, operada por la empresa mexicana Femsa, concluyó un estudio de la organización Truthout
Portavoz Staff
[dropcap]S[/dropcap]an Felipe Ecatepec, en San Cristóbal de Las Casas, se está quedando sin agua a causa de la injerencia de una planta embotelladora de Coca-Cola, operada por la empresa mexicana Femsa, concluyó un estudio de la organización Truthout. Hubo advertencias y nadie hizo nada.
Enclavada en los Altos de Chiapas, a esta comunidad se llega del centro de la cabecera municipal por la Carretera Internacional 190, tras un recorrido en auto que dura entre 15 y 30 minutos, dependiendo del tránsito.
Es un oasis campestre lejos de la actividad nocturna y bohemia de la ciudad más cercana pero tan gélida como ésta o tal vez más, debido a la amplia verdosidad intercalada con la poca urbanización que representan moradas sencillas: la mayoría, una pieza de material coronada con láminas o tejas; abundan los frondosos abetos y otras especies, así como las calles de terracería. Predomina el clima templado subhúmedo y llueve todo el verano, por no decir que todo el año.
Este cuadro campirano que se antoja de ensueño se torna poco a poco en pesadilla. Se está secando silenciosamente. De acuerdo con el análisis de Truthout retomado por el portal Sin Embargo, los residentes se han visto obligados a comprar agua embotellada porque la planta embotelladora de Coca-Cola asentada en esa localidad indígena está drenando los pozos.
Este complejo —ubicado en la salida norponiente de San Cristóbal— consumió más de 1.08 millones de litros de agua por día en 2016, determinó la investigación de la periodista Martha Pskowski. Además, esto se aúna a otra situación que amenaza a la comunidad.
La página web consigna que el expresidente del Territorio Comunal de San Felipe Ecatepec, Juan Urbano, de 57 años, habría explicado a la organización —sin fines de lucro, con sede en Estados Unidos— que el crecimiento de la gélida ciudad les ha restado de forma gradual tierras agrícolas.
Por ello, es cada vez menor el número de personas en la comunidad que todavía cultivan maíz, frijoles y calabaza en parcelas, una costumbre que ha sido transmitida por generaciones.
Para sembrar, se requiere agua y es ahí donde se cierra el círculo de carestía. «En los últimos cuatro años nuestros pozos han comenzado a secarse», «a veces las personas caminan dos horas al día para tomar agua, otras tienen que comprarla», declaró el excomisariado a Truthout.
De acuerdo con el reportaje, Coca-Cola obtiene el vital líquido de los lados del volcán Huitepec, donde el agua es de la mejor calidad. La extrae en tal cantidad que sería suficiente para abastecer a los 200 mil habitantes de Tuxtla Gutiérrez con los 80 litros de agua diaria que necesitan.
Pero la historia de San Felipe Ecatepec se repite en este Chiapas de contrastes puesto que si bien es la entidad con el mayor nivel de recursos hídricos renovables per cápita en México (según el Atlas del agua en México 2015), una de cada tres personas en zonas rurales carece de agua potable segura y muchas de sus comunidades indígenas y pobres enfrentan problemas de salud como caries y diabetes porque Coca Cola «es su mejor opción».
Gobierno, parte del problema
El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que todos los gobiernos municipales deben proveer a las y los ciudadanos agua potable, apta para beber y bañarse, así como sistemas de drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. No obstante, a San Felipe lo han ignorado por más de una década.
«Hemos estado pidiendo al gobierno instalar un pozo profundo en la comunidad durante 12 años», dijo Urbano a Truthout. «Hemos ido a los gobiernos municipal, estatal y federal, pero no han hecho nada».
Para Femsa, las autoridades sí han tenido oídos. La investigación periodística de Sin Embargo consigna que la planta embotelladora de Coca-Cola abrió en 1994, el mismo año que el levantamiento zapatista. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) renovó el permiso en 2005 y ahora la empresa opera dos pozos, a pesar que el 8 de diciembre de 2012 tomó protesta el primer gobernador de la entidad emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello; y es de esta misma fracción, el actual presidente municipal Antonio Cancino González.
Truthout fue tajante en sus conclusiones: «En México, la regulación gubernamental laxa, impulsada por la puerta giratoria entre el gobierno y la industria, ayudó a Femsa a convertirse en la embotelladora más importante de Coca-Cola en todo el mundo».
Aunque un representante de la compañía en la Ciudad de México dijo a Truthout que el programa de reforestación en Chiapas ha plantado más de 129 mil árboles —como parte de los proyectos que en este tema y en captación de lluvia Femsa financia para «reponer» la misma cantidad de agua que usa en la producción de su refresco—, lo cierto es que estas acciones no han devuelto el agua a San Felipe Ecatepec.
Ya se había advertido
En mayo de este año, el doctor Marcos Arana Cedeño, director de la Defensoría del Derecho a la Salud en el estado denunció que Coca-Cola arrasaba con grandes cantidades de agua en San Cristóbal de Las Casas (poblada por más de 200 mil habitantes), y que la poca que deja disponible para uso humano no es de calidad.
«La presencia de Coca-Cola en Chiapas ha incentivado el consumo excesivo de refrescos. La empresa promueve sus productos, valiéndose de la falta de agua potable que ella misma ha provocado, con lo que intensifica los problemas de salud como obesidad, diabetes y caries», denunció el también investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas «Salvador Zubirán», en entrevista para Sin Embargo.
La sobrepoblación, la deforestación y la explotación industrial han comprometido la disponibilidad del agua para el municipio puesto que han provocado la reducción de los mantos acuíferos, consideró el especialista. Pero de esa tríada de causas, opinó que la última es la más preocupante.
Femsa suma a esa desmedida explotación industrial, campañas que van en detrimento de la salud y las prácticas culturales de las comunidades indígenas, acusó el investigador. Para el portal periodístico, declaró que ha desplegado «estrategias comerciales monopólicas de discriminación de precios», especialmente dirigidas a esta población. Por ello, es más barato comprar Coca-Cola en las localidades indígenas que en las ciudades, lamentó.
«Para lograr posicionar a este grado la bebida, la marca ha desarrollado estrategias mercantiles «muy agresivas» que incluyen bajar el precio de los productos que ofrecen en las comunidades hasta un 30 por ciento», lo que provoca un «desplazamiento terrible» de los hábitos alimenticios de la población, con «consecuencias terribles» para la salud.
Advirtió además acerca de que la empresa buscaba otro lugar en la región Altos para abrir una segunda fábrica y prospectaba apoderarse de un manantial. Buscan tierras en los municipios de Huixtán y Zinacantán, aseveró.
«El Estado no está cumpliendo con sus obligaciones de proteger a los habitantes y en cambio hace alianzas para proteger intereses comerciales. La concesión es federal, pero el gobernador debería ayudar a priorizar los intereses y las necesidades de la población», dijo para el medio nacional.
Esto se trata de un evidente conflicto de interés puesto que se favorece a la industria por sobre a la población. «La Secretaría de Salud [local] que debería estar velando por el bienestar de la población no lo hace: En la propia Secretaría de Salud y en los edificios públicos de Chiapas vas a ver máquinas expendedoras que además tienen grabado el escudo del estado, es decir, hay una alianza entre el Gobierno y la empresa para promocionar los productos de Coca-Cola. Es inaudito», sentenció.
Un mes antes de las declaraciones de este especialista, habitantes de San Cristóbal de Las Casas, organizaciones civiles y académicos se habían manifestado para exigir que se anulara la concesión a Coca-Cola.
Por esas fechas, el relator especial de la ONU, Léo Heller, constató en su visita que en Chiapas se viola el derecho humano al agua, a pesar de estar amparado por la Constitución mexicana.
«Me encontré con autoridades estatales y municipales y visité una comunidad urbana y poblaciones indígenas rurales que experimentan falta de acceso a agua potable segura y saneamiento», comentó en referencia a los recorridos que hizo en San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, así como en zonas aledañas.
De manera general, criticó que diversos funcionarios se excusaran de no proveer el recurso a los asentamientos poblacionales irregulares bajo el argumento de que hacerlo significaría legitimar la ocupación ilegal de la tierra. Les recordó que las autoridades de los tres niveles tienen la obligación de que todos los derechos humanos —y por tanto, al agua— sean «respetados, promovidos, protegidos y cumplidos para toda la sociedad, sin importar su condición social y económica, ni su situación de vivienda».
