La discriminación por orientación sexual o identidad de género impide a este sector el acceso a un empleo digno; el colectivo transgénero es el más afectado, debido a que no pueden ocultar su identidad, así como quienes se asumen abiertamente lesbianas, gays y bisexuales
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]E[/dropcap]n Chiapas aún existe una brecha muy grande para la inclusión de la comunidad LGBT al ámbito laboral, muestra de ello es que ya se han registrado varios casos de discriminación que han sido documentados por activistas y defensores de los derechos humanos.
Desde la perspectiva de la ONU, la justicia social es la mayor meta global que se tiene en las sociedades contemporáneas, por tal motivo desde hace una década se instituyó el Día Mundial de la Justicia Social, conmemorado cada 20 de febrero con el objetivo de contribuir al bienestar social a través del trabajo decente y la igualdad entre los sexos.
Pese a lo anterior, en México y en Chiapas aún existen barreras y exclusión que afectan a grupos considerados «vulnerables», como es el caso de la comunidad gay, según refiere el representante para la región sur sureste de la Alianza Mexicana de las Juventudes que Viven con VIH, Darwin Pereyra.
«Somos gotas de agua que vamos navegando hacia un mismo fin, tenemos que seguir luchando hasta que la justicia social se sienta entre nosotros y nosotras», expresa el activista.
Y es que la justicia social se remite directamente al derecho de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, en especial los trabajadores, y al goce de los derechos humanos sociales y económicos, conocidos como derechos de segunda generación, de los que ningún ser humano debería ser privado.
La divergencia
Quienes integran la comunidad LGBT en Chiapas se han visto sometidos a la discriminación, que en el peor de los casos ha terminado en asesinatos, principalmente de transexuales, quienes son «las más jodidas entre las jodidas», de acuerdo con Pereyra, quien afirma que por su aspecto físico les son negados trabajos dignos.
«La violencia que vivimos las personas de la diversidad sexual se da a partir de muchas formas, existe una violencia sistémica por parte del gobierno, de las estructuras del poder, que nos niegan muchos derechos, entre ellos el derecho al trabajo digno.»
Al momento de requerir un empleo (sobre todo a las mujeres transexuales) las empresas u organizaciones gubernamentales exigen papeles de identidad que sean acordes a su expresión de género, es decir, «si tiene una expresión de mujer, tendría que tener un nombre de mujer, y el estado de Chiapas aún no ha reconocido la identidad de género de las personas trans, lo que da como resultado que sean ilegales en su propio país».
Lo anterior, trae como consecuencia que no tengan acceso a empleos bien remunerados o con pocas prestaciones y servicios, por lo que en gran medida se ven obligadas a recurrir al trabajo sexual, o bien al autoempleo.
Discriminación
Según cifras de la Primera Encuesta sobre Homofobia y Mundo Laboral (2014) realizada por las organizaciones Enehache y Espolea y la empresas JW Marriot y Google junto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el país una de cada 10 personas homosexuales, transexuales o bisexuales asegura que alguna vez la despidieron a causa de su orientación sexual o identidad de género.
Lo anterior representa una cifra muy alta si se considera que el 55 por ciento de este colectivo vive prácticamente «en el closet» en el trabajo, al ocultar sus preferencias por miedo a represalias, revela dicha encuesta.
La discriminación empieza desde los procesos de selección profesional. A dos de cada 10 personas LGTB les preguntan su orientación sexual en las entrevistas laborales. Y una de cada tres asevera que por ello mismo les negaron un trabajo. El 35 por ciento de las personas encuestadas reconocen sufrir discriminación en su puesto laboral.
Ricardo Baruch, activista de la Coalición Juvenil por los derechos sexuales y reproductivos e impulsor de dicha encuesta considera que el más golpeado es el colectivo transgénero debido a que no pueden ocultar su identidad. También es mayor la discriminación para lesbianas, gays y bisexuales que se asumen abiertamente.
En el caso específico de Chiapas, activistas refieren que menos del uno por ciento de la población trans tiene un trabajo digno o bien remunerado. De acuerdo con Darwin Pereyra, en el estado existen 30 mujeres transexuales empleadas dignamente, de ellas cinco se encuentran en Tuxtla Gutiérrez de las cuales una es burócrata y tres más se dedican al autoempleo.
Los datos indican que en la entidad chiapaneca, las mujeres transexuales solo tienen tres opciones de trabajo: el trabajo sexual, la burocracia (con discriminación) y el autoempleo. Por su parte, la población gay tiene mayores oportunidades de acceder a empleos bien remunerados.
Adriana Morales, es una chica transexual de 26 años que en reiteradas ocasiones ha sido víctima de la discriminación y la transfobia, le ha sido negado el acceso a establecimientos públicos y a pesar de contar con una licenciatura no ha podido conseguir un empleo, incluso, cuando ha tenido que competir con personas que únicamente tienen la primaria los contratos han sido para éstas.
No tenemos los mismos derechos, no digo que aquellos que no tienen educación sean menos pero es evidente que el rechazo proviene de la transfobia, en cuanto leen mi acta de nacimiento me dicen nosotros nos ponemos en contacto contigo y nunca recibo la tan esperada llamada».
La Primera Encuesta sobre Homofobia y Mundo Laboral revela que sólo 15 por ciento de las personas que sufren discriminación laboral hacen algo contra ella. La mayoría renuncia, frente a un 38 por ciento que lo acusa ante superiores y solo 17 por ciento interpone una demanda legal.
Trabajo sexual
Las primeras experiencias de violencia directa que sufren las mujeres transgénero ocurren generalmente dentro del ámbito familiar. En un segundo momento son víctimas de violencia institucional dentro de la escuela, no solamente al ser discriminadas por parte de sus compañeros sino también por parte de los directivos al no garantizarles un espacio libre de estigmas y discriminación.
Así lo explica David Ismael Gutiérrez Gamboa, egresado de la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), en su tesis de maestría titulada «Violencia hacia mujeres transgénero trabajadoras sexuales en el estado de Chiapas», y precisa que esta situación ha sido una de las principales causas por las que las mujeres transgénero han desertado de la escuela, hecho que les ha impedido posteriormente el acceso a determinados empleos. Asimismo, quienes logran tener empleos formales son discriminadas e inclusive rechazadas, por la no concordancia entre sus documentos oficiales y su apariencia física.
«En Chiapas no existe la posibilidad para que ellas puedan modificar su identidad. Esta situación ha orillado a muchas de ellas a ciertas actividades feminizadas, relegadas al campo de lo privado, como es la estética, el trabajo doméstico y en el último de los casos el trabajo sexual, situación que maximiza la violencia que viven las mujeres transgénero», afirma Gutiérrez Gamboa.
Diversas asociaciones civiles y activistas chiapanecos coinciden en que el promedio de vida de una persona trans es de 35 años (en México), mientras que en el resto de la población es de 78, esto debido a que el 70 por ciento de las mujeres transexuales se dedica al trabajo sexual, convirtiéndolas en las más vulnerables a contraer enfermedades de transmisión sexual, como el VIH.
Según Yunni García, representante del Colectivo Diana Sacayán, la exclusión que enfrenta la población transgénero en el país, es consecuencia de la falta de equidad y justicia social, además de la evidente democracia fallida y falta de oportunidades laborales, muestra de ello es que, tal sólo en esta asociación 78 integrantes son trabajadores sexuales, mientras que 136 se dedican a otros oficios, especialmente al estilismo.
«No habrá justicia social hasta que no tengamos justicia igualitaria de acceso a un buen trabajo, digno y bien remunerado, no habrá justicia social si no tenemos acceso a la salud bien reconocidos y validados, cuando la gente de la diversidad sexual que es pobre también sea reconocida que no sean racistas, misóginos y clasistas», finalizó Darwin Pereyra, vocero de la Alianza Mexicana de las Juventudes que Viven con VIH.
