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Héctor Estrada
En el combate contra la trata en Chiapas aún nada que celebrar <br /> Héctor Estrada

En el combate contra la trata en Chiapas aún nada que celebrar
Héctor Estrada

Enmarcado por actos protocolarios, reconocimientos a los “esfuerzos” gubernamentales y discursos rebuscados, hace unos días se conmemoró el Día Mundial Contra la Trata de Personas, un problema que mantiene a Chiapas como una de las entidades de mayor incidencia a nivel nacional y donde -por el momento- no hay nada que celebrar.

Este mismo fin de semana, integrantes de la organización Mujeres por la Superación de Tapachula se manifestaron en esa misma ciudad para exigir a las autoridades “visibilizar la problemática” y crear programas integrales que verdaderamente combatan dicho delito.
Denunciaron que actualmente hacen falta indicadores medibles y un diagnóstico real del problema, pues –aseguraron- existe un grave vacío en las legislaciones contra la trata de personas y se requieren acciones de revisión a los marcos jurídicos para una urgente actualización de los mismos.
Y es que, aunque se señala a Chiapas como una de las entidades con mayor incidencia de ese delito, la realidad es que las autoridades chiapanecas no cuentan aún con diagnósticos precisos o cifras que permitan conocer a detalle la situación y así implementar acciones más eficaces en este rubro.

Las cifras extraoficiales

De acuerdo a datos de asociaciones civiles involucradas en la atención de víctimas de trata, se han registrado casos en al menos 35 municipios de la entidad chiapaneca, teniendo la incidencia más preocupante en los municipios de Comitán, Frontera Comalapa, Tapachula, Pijijiapan y Tuxtla Gutiérrez.
La propia Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) dio a conocer este mismo año que Chiapas es catalogado ya como el estado mexicano más vulnerable a la trata de personas, por encima de entidades como Chihuahua, Distrito Federal y Baja California, entro otros.
Según datos de la ONUDOC, en la entidad chiapaneca las víctimas son principalmente migrantes ilegales de Guatemala, El Salvador, Honduras, y Nicaragua, explotados en bares y prostíbulos; su clientela es mayormente local.
Es un problema nacional que sin duda tiene sus mayores repercusiones en Chiapas.
Como muestra de ello, recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó el Trafficking in Persons Report 2014, un documento a través del cual se clasifica en cuatro niveles la actuación de los países en el combate contra la trata de personas, donde México no registró calificaciones positivas.
El reporte señala que desde 2008 México ha estado en el nivel 2; esto significa que se le considera como un gobierno que ha realizado esfuerzos para su prevención y sanción sin cumplir completamente con los estándares mínimos para su erradicación.
De acuerdo con el Informe de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, el país entero no muestra avances significativos por lo menos desde 2011, año a partir del cual se cuenta con información relativa a la actuación que las autoridades federales y estatales ha tenido en la materia.

La impunidad

Es así como hoy la trata de personas se mantiene intensamente activa gracias a la ineficiencia de las acciones gubernamentales o la complicidad de las propias autoridades, pero además, es un delito que significa elevados niveles de impunidad para las víctimas que logran escapar o son rescatadas para finalmente denunciar a sus verdugos.
De acuerdo al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2013, de las más de 420 investigaciones iniciadas contra presuntos casos de trata de personas –entre los que destaca Chiapas con 60 casos- sólo se concretaron 61 sentencias.
Es decir, de un total de 551 personas procesadas y sentenciadas, a 465 no se les pudo fincar ninguna responsabilidad. El 84% de los casos no tuvo una sentencia condenatoria, lo que cuestiona la integración de las averiguaciones previas en las entidades y explica por qué en tres años sólo hay 200 sentencias por este delito en todo el territorio nacional.
Frente a este lamentable panorama no queda más que exigir a las autoridades menos discursos y más acciones contundentes. De nada sirve a miles de personas explotadas las buenas intenciones gubernamentales si no se hace un trabajo verdaderamente comprometido para desarticular a las bandas delincuenciales, mejorar los procesos jurídicos y de investigación, pero sobre todo, combatir la corrupción judicial que se sustenta como principal cómplice de este y muchos delitos.

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