En la guerra contra la informalidad se siguen perdiendo batallas / Hector Estrada

Las recientes cifras publicadas por el INEGI nuevamente han dejado en claro que la solución a la informalidad laboral requiere más que buenos deseos, y Chiapas se ha vuelto uno de los tres ejemplos más evidentes de lo inefectivas que pueden resultar las políticas públicas sin visión a fondo y sentido social.
De manera coordinada, juntos a los tres órdenes de gobierno, en septiembre pasado el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, lanzó el programa «Crezcamos Juntos», que tiene como objetivo otorgar créditos e incentivos fiscales al sector informal para insertarlos a la formalidad.
Se anunció un fondo de más de dos mil 700 millones de pesos disponibles que, según las proyecciones optimistas, deberían haber dado sus primeros grandes resultados positivos durante el primer trimestre subsecuente al lanzamiento de la estrategia. Sin embargo, más de cinco meses después, las cifras alentadoras no han llegado.
Chiapas se ha colocado como un ejemplo del fracaso de este tipo de estrategias contra el empleo informal. Y es que, mostrando un decremento de apenas el 0.3 por ciento, actualmente se calcula que en Chiapas el 78.6 por ciento de las personas económicamente activas en la entidad trabajan en la informalidad.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a finales del año pasado se contabilizaban un total de un millón 811 mil 977 trabajadores en Chiapas, de los cuales un millón 424 mil 214 hoy se encuentran en el sector informal.
La entidad chiapaneca, junto a Guerrero y Oaxaca, son los tres estados con los peores resultados trimestrales. Aquí simplemente no existió disminución significativa en el sector informal. Es una realidad innegable para que quienes todos los días caminan por banquetas atiborradas de vendedores ambulantes.
En Chiapas la Secretaría del Trabajo, bajo la responsabilidad de Manuel Sobrino Durán, parece haber decidido seguir la pauta trazada durante años. Es un problema que no preocupa, porque simplemente es algo en lo que tampoco se ocupa, ni se actúa; como si la responsabilidad de afrontarlo fuera exclusivamente de la Federación y los municipios.
No se conocen de programas específicos para hacer frente a la informalidad laboral en Chiapas, se ha limitado el asunto a operativos de alcaldías con ideas dispersas para enfrentar al comercio informal, con operativos policiacos cíclicos que sólo buscan acallar las voces de inconformidad en el comercio establecido. Es un círculo vicioso que se ve interminable.
La entidad chiapaneca y el país entero requieren sin duda de mejores programas gubernamentales contra la informalidad, de estrategias que vayan más de los meros objetivos recaudatorios, proyectos de solución que entiendan el problema de fondo, que verdaderamente incentiven y planteen resultados creíbles para finalmente dejar de despilfarrar presupuestos millonarios que evidentemente no están cumpliendo sus objetivos.