En la Mira / Hector Estrada

Omisión y complicidad detrás de la tragedia en Comitán

Lo sucedido este lunes en Comitán tiene la misma factura política que ha desencadenado otros episodios de violencia y muerte en la entidad chiapaneca. El financiamiento de agrupaciones de choque (disfrazadas de organizaciones campesinas), la omisión, la ingobernabilidad y la ausencia recurrente del Estado de Derecho se han convertido en una mezcla fatal que sigue cobrando vidas.
El enfrentamiento ocurrido la mañana de este 30 de julio en la Central de Abastos de Comitán no fue un hecho fortuito. La amenaza de desalojo violento emitida por la Alianza de Organizaciones Sociales Independientes de Chiapas (AOSICH) en contra de los comerciantes de la Organización Proletaria Independiente Emiliano Zapata (OPIEZ) se dio con varias horas de anticipación.
Los comerciantes de la OPIEZ sabían perfectamente que llegarían los integrantes de la OASICH a enfrentarlos. Pero también el ayuntamiento tenía conocimiento de la amenaza. Sin embargo, el gobierno municipal permitió que la violencia se desatara en pleno corazón de la ciudad. Dejó que la anarquía reinara en el conflicto y se llevara de por medio a varias víctimas inocentes.
El jaloneo por los espacios comerciales en la Central de Abastos de Comitán no es nada nuevo. Lleva varios años «en combustión» sin que las autoridades hayan podido resolverlo. Se trata de un problema iniciado en 2004 desde que la OASICH (también conocida como Frente de Alianza de Organizaciones Sociales, FAOS por sus siglas) invadió el estacionamiento de carga y descarga para convertirla en su propia zona comercial.
La invasión arbitraria, solapada por las propias autoridades durante años, sin que se haya realizado un desalojo definitivo, terminó por convertir el asunto en un «conflicto interno». Los presuntos pactos ocultos entre la FAOS y los gobierno municipales para el intercambio de favores políticos postergaron en conflicto, dejando en el desamparo a los comerciantes afectados al interior de la Central de Abastos.
El desentendimiento del gobierno municipal llevó la situación a niveles de tensión extrema. Fueron los propios comerciantes afectados quienes tomaron la decisión de apoderarse del espacio en disputa y desalojar a los añejos invasores. Desde ese entonces la amenaza de un enfrentamiento a mayor escala estaba a flor de piel. El presidente municipal de Comitán, Marco Guillén, sabía perfectamente del riesgo pero, por complicidad o temor, decidió hacer caso omiso y la tragedia finalmente se consumó este lunes.
Hoy las acusaciones han caído de manera directa sobre Juan Díaz Montejo, líder del Frente Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos (FDROC) y principal operador de la FAOS. Nada más y nada menos que el mismo personaje vinculado y recluido en prisión por el episodio de 2016 cuando maestros fueron rapados durante las protestas por la reforma educativa. A las acusaciones contra Juan Díaz se suman los señalamientos contra Víctor Domínguez, miembro de una organización presuntamente ligada al alcalde de Comitán.
En la tragedia de este 30 de julio perdieron la vida cuatro personas, dos de ellas nada tenían que ver con las disputas entre comerciantes. Las balas y los proyectiles alcanzaron a al menos 25 personas más. Se trata sin duda de uno de los hechos violentos más dolorosos e indignantes ocurridos durante los últimos años en aquel municipio chiapaneco, donde la indiferencia, negligencia y omisión gubernamental se ha pagado con sangre.
En el caso de Comitán, como en otros tantos ocurridos en Chiapas durante los últimos años, la complicidad de las fuerzas políticas y la ingobernabilidad han desencadenado consecuencias fatales que exigen justicia y castigo para aquellas autoridades y autores materiales que por acción u omisión han provocado las tragedias. Mientras eso no suceda, Chiapas seguirá siendo un paraíso de anarquía e ingobernabilidad donde el Estado de Derecho sólo es pieza de discursos huecos… así las cosas.

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