En la Mira / Hector Estrada

Chiapas y la falsa paridad política

La sospechosa renuncia masiva de más de 40 mujeres electas a un cargo de elección popular en Chiapas ha puesto nuevamente sobre la mesa una práctica recurrente y bastante viciada en la política mexicana: la cínica simulación en la asignación de espacios dentro de las cuotas electorales destinadas a las minorías representativas del país.
Se trata de esos espacios dedicados a sectores históricamente relegados del poder político, como los pueblos indígenas, las mujeres y las personas de la diversidad sexual, que se han convertido en un jugoso botín para el reparto de candidaturas a los aliados y el pago de favores políticos. Nada nuevo entre las prácticas recurrentes de la política nacional.
Hace sólo unas semanas el tema de controversia tenía que ver con las candidaturas destinadas de los pueblos indígenas usurpadas por funcionarios del gabinete de Manuel Velasco Coello, quienes falsificaron documentos para colarse al congreso federal como falsos representantes de los pueblos originarios.
En el mes de mayo algo similar sucedió en Oaxaca cuando presidentes municipales y militantes del PRI y el Partido Verde se hicieron pasar por personas transexuales para ocupar los espacios destinados a este sector poblacional. El escándalo de nivel nacional terminó con la cancelación de las candidaturas a manos del propio organismo electoral local (IEEPCO).
En Chiapas las trampas y simulaciones en torno a las leyes que buscan la paridad de genero ya habían tenido su antecedente de controversia en 2015 cuando las fuerzas políticas locales (principalmente el PVEM y el PRI) pasaron por alto las leyes, registrando solamente un 25 por ciento de candidaturas para mujeres, aunque la ley establece que debe ser al menos el 50 por ciento.
La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligó a modificar las candidaturas, y las trampas volvieron a aparecer. Se reasignaron los cargos de elección, pero detrás, en las suplencias, se dejaron a quienes realmente ocuparían los puestos después de tomar protesta. Y así sucedió. Las renuncias de candidatas electas a ayuntamientos y diputaciones cayeron en cascada. Todo había sido una nueva simulación desvergonzada.
Tres años después las cosas no parecen haber cambiado mucho. Sin medidas efectivas para evitar que las cosas sucedieran nuevamente, los mismos partidos volvieron a cometer las mismas trampas. Esta vez fueron más de 40 mujeres (más de 60 dicen algunos medios nacionales) las que de manera sospechosa renunciaron casi al mismo tiempo a sus respectivos cargos de elección.
La gravedad del asunto tiene que ver justamente con la violencia política que el mismo sistema ejerce contra las minorías. No importa que la denuncia no haya emanado de las víctimas directas. De eso se trata justamente la violencia, del uso utilitario que se le da a las personas para satisfacer los deseos de quienes ejercen algún tipo de poder sobre ellas. A voluntad o de manera forzada se trata justamente de la misma agresión sistemática.
Por eso, más allá de las indagatorias, la integración de pruebas ministeriales o sentencias judiciales, las autoridades electorales en México están obligadas a cambiar el escenario. Están obligadas por ley a impulsar reformas que establezcan nuevos candados normativos que impidan la usurpación de espacios electorales destinados al empoderamiento de las minorías.
Los partidos políticos en México han demostrado estar dispuestos a aprovechar cualquier campo de oportunidad en materia electoral. No sólo para repartir candidaturas con personajes que no representanta otra cosas que sus propios intereses, sino también de hacer trampa y usurpar espacios cuando es necesario.
En la lista de las nuevas diputadas aparecen nombres que nada tienen que ver con la lucha por la legitima equidad política, como el de la esposa de Enoc Hernández, Dulce Gallegos; la esposa de Julián Nazar, Luz María Palacios o el de una de las principales operadoras de Zoé Robledo, Bárbara Meñón, entre otras que nos obligan a reflexionar sobre ¿a quiénes ha beneficiado finalmente la importante lucha por las cuotas de paridad efectiva en México?
Lo cierto es que la política mexicana está carente de representatividad real y los partidos no están dispuestos a actuar de manera ética mientras el arbitro sea tan permisivo y omiso como hasta ahora. Las listas de suplencias han quedado compuestas por mujeres para acallar protestas, pero se trata de los mismos rostros ligados personajes añejamente vinculados al mismo poder político que, créanme, poco le interesa la equidad o la justicia social para esas minorías que ahora utilizan a su favor… así las cosas.

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