En la Mira / Hector Estrada

A un año de los terremotos miles siguen en las calles

Se ha cumplido ya un año de los dos terremotos que sacudieron a México en septiembre 2017 y miles de familias damnificadas siguen sin poder regresar a sus hogares. El programa para la reconstrucción a cargo de la Sedatu y Rosario Robles Berlanga se ha plagado de irregularidades y demoras por demás sospechosas.
De acuerdo a datos de la propia dependencia federal, en Chiapas sólo una de cada cuatro viviendas empadronas ha concluido ya su reconstrucción. Más de la mitad registra un avance del 50 por ciento o menos, lo que representa un aproximado de más 32 mil familias a la espera de que sus viviendas sean concluidas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha reportado hasta el mes de agosto una inversión de más de siete mil millones de pesos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas. Dinero que se encuentra ya en plena ejecución. Sin embargo, son miles de familias damnificadas quienes aseguran no haber recibido todavía los recursos prometidos por la federación.
En Chiapas las protestas por presuntas irregularidades en la entrega de recursos han sido una constante desde que el presupuesto fue autorizado. Habitantes de municipios como Villaflores, Cintalapa y Tonalá han denunciado formalmente el incumplimiento en el pago del dinero para la reparación o reconstrucción de sus viviendas.
A muchos de ellos los censaron, empadronaron y les entregaron las tarjetas o folios, pero el dinero nunca llegó a sus manos. Otros, sin ninguna explicación, simplemente fueron excluidos del programa aunque sus viviendas habían sido dictaminadas como pérdida total por Protección Civil.
Existen ya procesos judiciales contra el propio gobierno federal por negar a damnificados el derecho a recibir los recursos para la reconstrucción de sus hogares. Es el caso de la sentencia emitida por el Juzgado 1ro. de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas que hace sólo unos días resolvió así el amparo 712/2018 para obligar a la Sedatu a atender a una familia damnificada que había sido excluida del programa.
Se estima que actualmente en Chiapas son más de 15 mil familias quienes permanecen a la espera del total del dinero prometido por Enrique Peña Nieto para reparar o reedificar sus viviendas. Familias que ni siquiera han comenzado la reparación o reconstrucción ante el incumplimiento de la Sedatu.
La reconstrucción se ha prolongado demasiado para familias que han esperado por un año a fin tratar de retornar a la normalidad y reconstruir sus vidas. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) admitió recientemente que no existe «certeza del avance de la reconstrucción de 209 mil viviendas, 938 unidades médicas y 16 mil 795 escuelas que el gobierno se comprometió rehabilitar»
No han sido suficientes los más de siete mil millones de pesos para agilizar el proceso, mientras las irregularidades sobre al asignación de recursos, la contratación de empresas y el destino real del dinero se acumulan con el paso del tiempo. El gobierno entrante tendrá la obligación de abrir una investigación a fondo sobre un tema que no deja de indignar a la ciudadanía mexicana, lastimada por una corrupción rapaz que no respeta ni a las víctimas de tragedias naturales… así las cosas.

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