En la Mira / Hector Estrada

Mocri EZ, entre el repudio social e intereses oscuros

Las agresiones contra la sociedad civil y los actos vandálicos protagonizados el pasado viernes por integrantes del Movimiento Campesino Revolucionario Independiente Emiliano Zapata (MOCRI-EZ) en Tuxtla Gutiérrez terminaron convirtiéndose en el «tiro de gracia» para una organización que desde hace al menos una década y media ha alimentado el sentimiento de repudio y rechazo entre la población de Chiapas.
El MOCRI EZ es un viejo conocido para los chiapanecos. Sus métodos violentos para imponer condiciones, apropiarse de propiedad pública o privada y operar en la absoluta impunidad no es asunto nuevo para quienes al menos han vivido durante los últimas dos décadas en territorio chiapaneco. Los antecedentes de sus arbitrariedades constantes están en la memoria colectiva, las hemerotecas y, más recientemente, en los historiales de las redes sociales.
Los nombres de sus poderosos patrocinadores son ya del dominio público. Aunque el Movimiento Campesino Revolucionario Independiente Coordinadora Plan de Ayala-Movimiento Nacional (Mocri-Cnpa-MN) nació en 1990, fue durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero cuando dicha agrupación sufrió un fractura definitiva que finalmente dio paso un nuevo movimiento paralelo identificado bajo el nombre de Emiliano Zapata.
Así surgió el MOCRI EZ; bajo la tutela y financiamiento de un gobierno sabinista que vio dentro del movimiento la oportunidad de fortalecer vínculos con aliados violentos a fin de convertirlos en letales grupos de choque, dispuestos a «reventar» manifestaciones legítimas. Y los ejemplos de su irrupción o filtración en protestas docentes, estudiantiles, de la sociedad civil o políticas sobran.
Con el paso de los años, y la llegada al poder de Manuel Velasco Coello junto a sus principales alfiles, la organización terminó por encontrar nuevos patrocinadores políticos. Se convirtieron en el grupo predilecto del gobierno estatal y los herederos verdes, a cambio de inmunidad legal en sus más de tres mil invasiones territoriales y su expansión desproporcionada dentro del transporte público irregular.
Se convirtieron en el grupo delictivo predilecto de los últimos dos gobierno para realizar los «trabajos sucios». Pero las negociaciones con el nuevo gobierno no perecen haber rendido los frutos esperados. La invasión al predio Rosario Sabinal, de más de 15 hectáreas en la capital chiapaneca (sólo dos meses de haber iniciado el gobierno de Rutilio Escandón) detonó el inicio de la ruptura final.
La maniobra de la MOCRI EZ para poner en jaque a la nueva administración estatal no fue circunstancial. Se trató de jugada planeada y orquestada por sus patrocinadores para sentar al gobierno de Escandón Cadenas a una nueva mesa de negociación y, de paso, sabotear espacios de poder que no han querido ser devueltos a los que se fueron. Sin embargo, nunca esperaron la reacción involucraría a la fuerza pública. Y la respuesta inmediata del MOCRI EZ fue la peor posible.
La reacción desquiciada y visceral de la organización se convirtió en una equivocación garrafal para su propia causa. La documentación mediante video (en directo) y fotografías realizada por los propios ciudadanos sobre las agresiones y actos vandálicos cometidos por integrantes de la MOCRI EZ sepultaron toda posibilidad de empatía social a sus procedimientos… y el enfado, repudio y escarnio social llegaron en cascada contra ellos de manera inevitable.
Tratar ahora de victimizarse, utilizar muertos circunstanciales y argumentar la infiltración de supuestos grupos de choque para deslindarse de los hechos es francamente inverosímil. Sus procedimientos son perfectamente identificables y conocidos. Durante años, con lujo de violencia, palos y amenazas de muerte, han arrebato tierras a pequeños y grandes propietarios en Chiapas. Todo en la absoluta impunidad.
Lo que los líderes no han querido decir, en el caso del predio Rosario Sabinal, es que previo al desalojo hubo una mesa de aclaración (junto a otros dos presuntos propietarios en disputa) para verificar la autenticidad del propietario, y no salieron beneficiados con el dictamen final. Su escritura carecía de algunos sellos y era la más recientes de las tres presentadas durante el careo. Se les llamó al desalojo pacífico, pero amenazaron con defender el predio con «guerra y sangre si era necesario».
Y es que a los ciudadanos no les importa de quien o quienes sea el predio en conflicto, se trata de la arbitrariedad con la que dicha organización se conduce. Tiene que ver con el respeto al derecho ajeno y la legalidad. Las agresiones documentadas el pasado viernes no pueden quedar impunes. Debe castigarse con todo el peso de la ley a semejantes actos delictivos, cuya defensa mediática es igual de inaceptable como los hechos mismos.
Para el próximo jueves 21 de marzo el MOCRI EZ ha anunciado una movilización que partirá a las 10 de la mañana rumbo al Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Están en su legítimo derecho constitucional para manifestarse, de manera pacífica como han advertido. Sin embargo, el gobierno deberá estar muy atento a no permitir que la violencia y la arbitrariedad vuelvan a sacudir a una ciudad ya bastante lastimada por gobiernos omisos del pasado… así las cosas.

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