En la Mira / Hector Estrada

Serán 95 mil mdp mexicanos al año para plan migratorio

[dropcap]E[/dropcap]ntre la controversia por el creciente rechazo social a la migración ilegal y la postura de «atención desbordada» por parte del gobierno mexicano para atender el tema, el desfile de cifras imprecisas y la poca claridad de las autoridades federales han abierto una serie de dudas y especulaciones sobre la cantidad y el origen de los recursos que México destinará para hacer posible el denominado plan migratorio integral.
De acuerdo a declaraciones del propio Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el plan bilateral que emprenderán Estados Unidos y México para contener el flujo de migración ilegal de connacionales y centroamericanos, en la búsqueda del llamado «Sueño Americano», tendrá un costó total de 10 mil millones de dólares al año.
El acuerdo inicial pactado por los dos países desde diciembre del años pasado, y ratificado en semanas recientes como parte de los compromisos para evitar el incremento de los impuestos arancelarios, estipula una inversión bipartita de cinco mil millones de dólares por nación, para la aplicación de medidas urgentes en la frontera sur mexicana y Centroamérica.
Según cifras de la propia Comisión de Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados, la inversión de México será equivalente a alrededor de 95 mil millones de pesos, lo que representan un monto similar o mayor al presupuesto de egresos destinado a entidades como Chiapas para todo el 2019.
Como medida inicial del «plan integral», el gobierno de Andrés Manuel López Obrador invertirá un total de 90 millones de dólares en El Salvador, Honduras y Guatemala (30 millones cada uno) para la implementación del programa «Sembrando Vida», que busca emplear a miles de personas en trabajos de reforestación, replicando así su principal proyecto sexenal de desarrollo social en México.
En sus más recientes declaraciones, Ebrard y Obrador han asegurado que el presupuesto de «Sembrando Vida» para la atención al masivo fenómeno migratorio en Centroamérica emanará del Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, más conocido como Fondo Yucatán, que tiene a disposición una bolsa de 2 mil 918 millones de pesos (alrededor de 150 millones de dólares).
De esta manera, durante 2019 el gobierno federal tiene previsto gastar entre 100 y 130 millones de dólares de dicho fondo para Sembrado Vida, a fin de dar empleo a migrantes tanto en México como en Centroamérica; significando un monto equivalente a lo invertido de 2012 a 2016 (129.7 millones de dólares) en un solo año.
Y los compromisos de México para evitar un conflicto mayor con el gobierno de Donald Trump van más allá de la generación de empleos para migrantes. La administración de Obrador también se comprometió a la habilitación de albergues para alojar a quienes ingresen de manera irregular desde la frontera guatemalteca, pero además dar alojamiento y manutención «temporal» en el norte del país a quienes sean deportados de Estados Unidos para esperar la respuesta a sus solicitudes de asilo.
El monto total de inversión para los albergues que ya han comenzado a ser instalados en al menos seis entidades del país aún no ha sido precisado por el gobierno federal y las entidades involucradas; sin embargo, las cifras evidentemente serán elevadas. Y es que, según datos de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, de enero a la fecha se tienen reportadas las deportaciones de 14 mil personas que hoy se encuentran albergadas en comunidades del norte de México esperando su cita de asilo en Estados Unidos.
El proyecto de inversión bilateral también contempla importantes obras de infraestructura para la región, como la construcción de un gasoducto y un sistema eléctrico para el sur de México y el norte de Centroamérica. Son 10 mil millones de dólares al año, proyectados para toda la siguiente década (hasta 2030), o al menos para lo que resta del sexenio encabezado por Obrador.
Resulta evidente que ni la venta del lujoso avión presidencial, evaluado por la ONU en entre 130 y 150 millones de dólares, o el «Fondo Yucatán» (con 150 mdd), serán suficientes para hacer frente a tremendo compromiso de financiamiento internacional. Se trata de medidas francamente irrelevantes para verdadero monto total de inversión que aún sigue sin ser precisado y transparentado por las autoridades federales.
La poca claridad en torno tema y las deficientes estrategias de comunicación para socializar las acciones humanitarias del gobierno ha alimentado una controversia peligrosa e innecesaria. No se puede reducir todo desacuerdo con el plan de atención a la migración ilegal con la xenofobia; hacerlo resulta demasiado simplista o carente de análisis a mayor profundidad.
¿De dónde va a salir el presupuesto restante para cumplir el compromiso hecho con los Estados Unidos? ¿Qué recorte o fuente de financiamiento va a solventarlo? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está obligado a dar explicaciones detalladas sobre la inversión que México destinará a la atención de la pobreza en otros países, sin ocultar información inconveniente o reducir todo a datos esporádicos de conferencia.
El encono y rechazo creciente hacia el la masiva migración ilegal también es consecuencia del mal manejo de la problemática y la desinformación generada por las autoridades federales. La población mexicana exige certidumbre, legalidad y ser escuchada en torno a un tema tan importante, donde parece haber sido excluida de las prioridades y en el que, paradójicamente, la consulta popular tan aludida Obrador ni si quiera fue «requerida»… así las cosas.

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