La falta de reconocimiento a su trabajo y la estigmatización que conlleva ejercerlo produce abusos y discriminación, incluso, de la misma policía municipal; algunos ciudadanos han pedido su retiro por «la mala imagen» que generan; sin embargo, autoridades locales advierten que hacerlo constituiría una violación a sus derechos humanos
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]a discriminación y violencia hacia las trabajadoras sexuales aún persiste en las calles de la capital, en donde principalmente las mujeres trans son víctimas de agresiones verbales, psicológicas e incluso físicas por parte de vecinos, clientes y la misma autoridad encargada de vigilar su seguridad.
Hasta la fecha son consideradas no sujetas a derechos, lo que las convierte en uno de los sectores más vulnerables y desprotegidos de la sociedad, en constante riesgo de sufrir amenazas, extorsiones y detenciones arbitrarias, principalmente de policías municipales, quienes basados en la ignorancia y el machismo transgreden sus derechos humanos.
El estigma y la discriminación social producen la transgresión de sus derechos humanos y de acuerdo con la presidenta de la asociación civil «Brigadas Callejeras», Elvira Madrid, no existen las garantías para ejercer libremente el oficio sexual en la frontera sur.
Por tal motivo, reiteró la importancia y urgencia de garantizar los derechos civiles, económicos, políticos y sociales de las y los trabajadores sexuales, a través de la implementación de políticas públicas y acciones orientadas a la protección de sus derechos humanos.
Prostitución fuera de las calles
Aunque los agentes locales no cuentan con estadísticas que muestren el número exacto de trabajadoras sexuales que hay en la capital del estado, de acuerdo con algunos vecinos, el número de mujeres trans que ofrecen servicios sexuales en el primer cuadro de la ciudad ha incrementado de forma considerable, por lo que han solicitado su retiro forzoso «porque dañan la imagen de las calles de Tuxtla».
Al no contar con medidas legislativas que tomen en cuenta su voz, la marginación, en especial de las que pertenecen a un sector económico más bajo y las migrantes se intensifica porque además de ser quienes más ejercen en las calles son quienes más abusos sufren debido a la estigmatización de su labor.
Las denuncias ciudadanas han creado incertidumbre entre las y los integrantes de la asociación civil «Diana Sacayán» y de muchas más que ejercen la prostitución en las calles.
Al respecto, la regidora presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Paulina Conde, garantizó que no se impedirá que estén en las calles, pues eso constituiría una violación a sus derechos humanos.
«No está dentro del Ayuntamiento retirar a las trabajadoras sexuales del centro ni de cualquier otro punto de la ciudad, comprendemos que hay vecinos molestos pero también tenemos claro que no existen ciudadanos de primero, segundo o tercer grado así que trabajaremos para evitar el acoso de la policía y para que cuiden su seguridad».
Por falta de cultura sexual y respeto hacia las mujeres, el acoso existe, señaló Elvira Madrid, quien recientemente denunció abusos por parte de las autoridades municipales y cobros excesivos en la Zona de Tolerancia.
El Ayuntamiento capitalino no cuenta con estadísticas exactas acerca de las trabajadoras sexuales que laboran en la ciudad, y tampoco ha tomado medidas concretas para garantizar sus condiciones de vida y empleo.
A mayor criminalización, más VIH
Según datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), Chiapas es la entidad con mayor prevalencia de casos de virus de inmunodeficiencia adquirida en mujeres.
La directora general del Censida, Patricia Uribe Zúñiga, asegura que la descriminalización del trabajo sexual abonaría a que el 46 por ciento de las infecciones por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en la siguiente década se eviten.
Recordó que las políticas públicas efectivas son necesarias para disminuir los casos; sin embargo, son los estereotipos y los tabúes los que impiden que los gobiernos municipales y estatales creen medidas de prevención efectivas para mejorar la situación.
Reveló que en los últimos años, pese a la información y los avances en la medicina, los riesgos sanitarios continúan amenazando a las trabajadoras sexuales, sus clientes, familia y sociedad en conjunto, por lo que recomendó ofrecer servicios integrales en los que la salud sexual y reproductiva sean prioridad, además de la creación de grupos de discusión con perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos como estrategias preventivas.
