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Estado de derecho y Desarrollo

Estado de derecho y Desarrollo

José Antonio Molina Farro

In claris non ficti interpretatio.
“En la claridad no cabe la interpretación”

< Hay gemidos de dolor en la República. Privilegio para los de arriba, servidumbre para los de abajo>. Luis Cabrera. Durante décadas se ha simulado la vigencia del orden jurídico. Los poderosos lo violan continuamente, los débiles lo sufren. Aún más, lo decía Emilio Rabasa Estebanell, “Todo lo hemos esperado de la ley escrita y la ley escrita ha demostrado su incurable impotencia”. En muchas regiones del país, la ley y las fuerzas del orden público han sucumbido frente al crimen organizado, la violencia y la corrupción. El marco jurídico es groseramente lastimado por el propio Estado, el mercado y grupos delincuenciales. Sin hipérbole, la violencia es galopante, parece incontenible.
Cualquier proyecto nacional o estatal, Plan de Desarrollo o estrategia de gobierno que pretenda ser exitoso pasa necesariamente por el fortalecimiento del Estado de derecho. Esto exige que las autoridades del más alto nivel muestren con hechos que esa es su voluntad. Reconocer los problemas es el primer paso para su solución. Enfrentarlos requiere de visión, objetivos, estrategia, metas y valentía para perseverar en una dura lucha contra la delincuencia y grupos de poder que se benefician día con día del estado presente de las cosas. El Estado ha perdido presencia y efectividad en tareas que le son inherentes y que se reflejan en un sistema de justicia inoperante, que en muchos casos sirve a los intereses económicos y políticos y descobija a la población vulnerable. El tradicional sistema clientelar ha producido mayor desigualdad y pobreza.
La inseguridad y la violencia en México han llegado a niveles intolerables; una de las causas es la infiltración del crimen en casi todas las esferas gubernamentales y no en pocas del sector privado. Feminicidios, asesinatos de líderes sociales, periodistas. El tema presenta complejas aristas. El Estado cuenta con herramientas, regulación, el SAT, el aparato de inteligencia y la ley. Hace falta utilizarlos con indeclinable voluntad política. Urge un nuevo modelo de policía que desarrolle capacidades estatales y municipales y un nuevo armado institucional de seguridad y procuración de justicia para optimizar las capacidades de las diferentes instancias; transformar el sistema penitenciario para que deje de ser escuela del crimen y se convierta en fuerza de rescate moral y social; fortalecer la capacitación, la prevención y la participación ciudadana. La Guardia Nacional debe responder con eficacia a estas acuciantes cuestiones. En Chiapas se ha señalado que los niveles delincuenciales alcanzados hoy día se deben a una ineficiente gestión de los órganos encargados de la persecución del delito. Respeto a esas voces, pero para mí sería intelectualmente deshonesto atribuir esta ola de inseguridad a la nueva administración sin reparar en las profundas y complejas raíces que la prohíjan y que, a mi juicio, no son imputables al gobierno de Rutilio Escandón. Lo dije en una colaboración anterior, son apenas 78 días de gobierno. Merece el beneficio de la duda. Es necesario, no obstante, dar un golpe de autoridad y reexaminar las estrategias. Rutilio tiene proyecto, no se olvide su fructífero paso por el Poder Judicial. Nadie debe caer en ingenuidades. Qué tanto puede un gobernante ir contra corriente de políticas centrales de su mismo partido. Aunque la oportunidad es irrepetible, para quien su única prioridad es el bienestar del pueblo de Chiapas. Lo he dicho, conozco a Rutilio, él tiene la mirada puesta en el presente, avizora el futuro sin ser futurista. No va a distorsionar convicciones en aras de congraciarse con el centro y en detrimento de quienes confían en su proyecto.
Buena parte de los problemas del desarrollo que aún persisten se deben a una deficiente gestión gubernamental, que ha empeorado en los últimos 30 años. Nuestras ventajas comparativas se deterioran inexorablemente por su mal uso, y nuestro bono demográfico se traduce lastimosamente en una población joven desempleada, frustrada, y, en muchos casos, hundida en la miseria. De ahí que todos deseamos que el programa de AMLO “Jóvenes construyendo el futuro” llegue a muy buen puerto. Sería insensato estar en desacuerdo con apoyar a los jóvenes universitarios pobres con la cantidad de 2,400 pesos mensuales y a los jóvenes aprendices en talleres y empresas con 3,600 pesos al mes. Sin embargo, de ello, habrá que dialogar constantemente con el sector empresarial para el diseño eficaz de la estrategia. La creación de seis nuevas universidades en Chiapas debe de considerar la pertinencia de las carreras ofertadas. De lo contrario la frustración de los jóvenes seguirá en aumento.
–La deriva de la política económica que, obsesionada con los objetivos nominales, arroja un lento crecimiento –decrecimiento en Chiapas- caracterizado por la polarización de desempeño entre empresas exitosas y unidades de sobrevivencia, entre el campo y la ciudad, entre exportadores y no exportadores, entre firmas grandes y pequeñas, y una casi nula capacidad de desarrollo tecnológico del aparato productivo. Para corregir el rumbo se requiere de un liderazgo que convoque a la sociedad, en sus disímbolas fuerzas, a un Acuerdo para el Desarrollo, en el cual las señales del mercado se consideren, ciertamente, en la ecuación, pero no por encima de los objetivos de bienestar que el mercado no puede garantizar. Ello precisa de políticas integrales que aborden simultáneamente objetivos sociales, económicos y ambientales a partir de una identificación precisa de los “trade offs” de las decisiones de política y de sus consecuencias. Así también, reactivar la inversión pública en infraestructura, educación, salud y vivienda.
No creo en lo que respetados analistas exigen, esto es, “recuperar la ética del servicio público”, pues no se puede recuperar aquello que no se ha tenido. Sí necesitamos el cambio, el ejemplo de líderes, acciones contundentes y dejar atrás las apariencias y la simulación como parte de la Cuarta Transformación y del pretendido cambio de régimen político. Efectivamente, llevar al cabo una auténtica cruzada en contra de la corrupción y de su hermana consentida, la impunidad, sin omisiones escandalosas como las que han ocurrido en el pasado. Andrés Manuel y Rutilio están ante una irrepetible oportunidad histórica. Hablemos, nos pronunciemos y dejemos en el basurero de la historia aquella aseveración de Octavio Paz: “La historia de México ha sido el monólogo de los jefes, el griterío de los sectarios y el silencio del pueblo”. La ruta del desperdicio y las oportunidades perdidas ha sido marcada por la continuidad acrítica, sin la debida participación de la sociedad. El reto está en reencauzar, transformar y fortalecer a las instituciones e instrumentos que hemos creado en las últimas cinco décadas para atender estas necesidades; tal es el caso de la CDH, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, el INE, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAPAM, que reciben importantes recursos con resultados no siempre satisfactorios. México y Chiapas deben de transitar hacia un modelo que ponga en el centro mismo de la acción gubernamental, la dignidad de las personas como derecho fundamental y con las prioridades puestas en el crecimiento incluyente, la justicia distributiva, el empleo decente y la inversión productiva, y no detenerse solo en el control de la inflación y la estabilidad nominal, que se han acompañado de miseria, atraso, marginación y zozobra laboral en los últimos 30 años.

En una próxima colaboración abordaré lo que, a mi juicio, son proyectos que podrían detonar, mutatis mutandis, el desarrollo de Chiapas.

Concluyo: Protius mori quam foederi. “Antes morir que deshonrarse”.

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