Un Estado negligente permiti que San Cristbal fuera «asesinado»

Cerca de 15 organizaciones civiles que en 2010 emitieron un comunicado para alertar de la endeble situación ambiental en el municipio de la región Altos señalaron no sólo a Mariano Díaz Ochoa como beneficiado de la explotación de Salsipuedes, sino al expresidente municipal Sergio Lobato García y al exsíndico Víctor Isaac Ramos Herrera; el actual alcalde, Marco Cancino, parecer estar muy de acuerdo

Julieth Rodríguez/Portavoz

[dropcap]L[/dropcap]e pidieron al gobernador Manuel Velasco Coello cancelar las concesiones mineras en Chiapas, pero no contestó la petición. Ahora, El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) ha declarado como irreversible el daño hecho al ecosistema de San Cristóbal de Las Casas, destrucción ambiental que le costó a esta ciudad la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Según documentó el portal de noticias Chiapasparalelo, para agosto de 2013, ya eran al menos 91 mil 305 personas las que pedían de manera formal al Ejecutivo del estado que gestionara la cancelación de concesiones a las empresas mineras.
Integrantes del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas —conformado en su mayoría por indígenas de las zonas Altos, Norte y Selva— hicieron la petición por medio de la Vicaría de Justicia y Paz, en enero de ese año, y siete meses después el silencio continuaba siendo la respuesta de parte de las autoridades estatales.
Hace unos días el investigador de Ecosur, Miguel Ángel Vázquez Sánchez, afirmó que era irreversible el deterioro ambiental ocasionado por la actividad extractiva pues en siete décadas se sacaron 23 millones 924 mil 359 toneladas de arena y grava, en 52 bancos situados en cerros del oriente de esa ciudad.
La intensa actividad —que data de 1940— «ha provocado que las formaciones geológicas queden expuestas y se produzcan procesos graves de erosión», además, «en áreas aledañas a los bancos de arena se han establecido asentamientos humanos irregulares, convertidos en zonas de alto riesgo, pues colindan con taludes inestables que los cortes dejan tras la extracción de material», dijo el especialista en declaraciones para Elio Henríquez, corresponsal en Chiapas de La Jornada.
De acuerdo con el periodista, el deterioro es de tal magnitud que la Unesco declinó declarar a San Cristóbal como Patrimonio de la Humanidad.

Añeja petición

Antes de la petición del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, organizaciones civiles habían alertado de la situación. Fueron al menos 14 —entre las que destacaban Observatorio Ciudadano por el Ejercicio del Derecho a la Salud; la Red Mexicana de Afectados por la Minería en Chiapas; y la asociación civil Otros Mundos— las que firmaron un comunicado público en el año de 2010.
Acusaron incremento de la actividad extractiva en las montañas de Salsipuedes, con tal agresividad que la minera ya limitaba con el centro histórico, en específico, con los barrios San Diego y La Florecilla, regiones donde se pasó de 30 a 45 hectáreas devastadas en un lapso de tres años. El material extraído era utilizado para autopistas y las construcciones de las ciudades rurales, aseveraron.
«Se ha constatado que la acelerada y absurda construcción de la llamada ciudad rural «sustentable» de Santiago del Pinar, está demandando miles de metros cúbicos de grava y arena, sacados de Salsipuedes; por lo que podemos afirmar que esta «sustentable» ciudad rural de los Altos, se está construyendo a expensas de la destrucción de las montañas de la ciudad de San Cristóbal», se lee en el escrito.
Advirtieron: «El impacto de ellas sobre el paisaje puede observarse claramente desde cualquier zona de acceso a San Cristóbal. El efecto ecológico de las minas de Salsipuedes es devastador y pone en riesgo, a mediano plazo, no sólo la viabilidad de nuestra hermosa ciudad, sino su propia supervivencia».

Daños consecuentes

Las organizaciones explicaron debido a la deforestación de la cuenca y a la sobreexplotación de los mantos que se ha suscitado desde el año 2000, siete de 25 pozos artesianos se secaron, mientras que otros 12 funcionaban sólo de forma intermitente en temporada de lluvias.
La destrucción absoluta de las montañas de Salsipuedes que implicó la remoción total de la cubierta forestal (bosque), así como la desaparición de lomas, trajo como consecuencia inevitable la extinción de especies maderables, flora y fauna silvestres en la zona y con ello, la alteración irreversible del ciclo hidrológico natural.
La modificación al entorno provocada por la minería a cielo abierto generó impedimento de la infiltración a los mantos freáticos de millones de metros cúbicos de agua al año, «condenando a su desaparición a los importantes y escasos humedales que aún quedan en San Cristóbal, mismos que —paradójicamente— fueron declarados como Área Natural Protegida por el gobierno de Chiapas, en febrero de 2008», lamentaron los firmantes de la misiva.
También alertaron respecto a los daños a la salud que representa esta actividad en San Cristóbal, debido a la proliferación de partículas sólidas suspendidas (como polvo) y que ingresan al organismo por las vías respiratorias. A su vez, esta polución generaría aumento de temperatura en la ciudad.
Incluso, el material pétreo extraído de Salsipuedes —denunciaron— era consumido por cinco plantas productoras de asfalto que liberan las 24 horas, grandes cantidades de gases y desechos sólidos venenosos que perjudican la calidad del aire y del agua, además de ser agentes productores de cáncer.
La actividad de las minas y las plantas se lleva a cabo cerca de escuelas y de zonas habitadas, lo que pone en potencial riesgo sobre todo a la población vulnerable como infantes, adultos mayores y mujeres embarazadas.
Las asociaciones explicaron que los suelos calizos, la geografía accidentada (lomas) y el hecho de que se tratara de zona sísmica, hacían a la región susceptible de desprendimiento y grandes desplazamientos de suelos en época de lluvia, dado que no hay cubierta forestal que pudiera contrarrestar los efectos del agua. Por ello, la tierra podría arrastrase hasta sepultar complejos habitacionales.
Esto lo dijeron en agosto de 2010; un mes después, en septiembre de ese mismo año, ocurrió un deslave en la colonia La Almolonguilla —en el cerro Salsipuedes—que sepultó y arrastró 35 metros una vivienda que en ese momento estaba deshabitada. En esa época, el presidente municipal de la ciudad de Jovel era Mariano Díaz Ochoa, a quien han señalado de ser de los principales beneficiados con la explotación irracional de los recursos de este municipio.
A siete años de estas denuncias el panorama, si no es el mismo, se ha agravado según lo que expresó el ambientalista independiente Alejandro Ruiz Guzmán también para La Jornada. «Son decenas de hectáreas deforestadas, sobrexplotación que impide la recarga de mantos freáticos e impacta humedales y manantiales, como El Navajuelo y La Kist, que se abastecen de aguas superficiales; al no haber recargas suficientes, se presentan problemas de contaminación en zonas cercanas a los bancos de arena, generalmente habitadas, donde se dispersa el polvo», dijo.

¿Beneficiados?

Las 14 organizaciones civiles que en 2010 emitieron el comunicado para alertar de la endeble situación ambiental en San Cristóbal señalaron no sólo a Díaz Ochoa como beneficiado de la explotación de Salsipuedes, sino al expresidente municipal Sergio Lobato García y al exsíndico Víctor Isaac Ramos Herrera.
Los acusaron de ser dueños de empresas constructoras y de venta de materiales de construcción; de fraccionamientos, camiones de volteo y/o de plantas de asfalto que aprovechaban los materiales de los cerros calizos.
En tanto, de manera más reciente, Vázquez Sánchez —de Ecosur— refirió que es prácticamente imposible conocer la superficie dañada, la cantidad del material extraído y su destino, así como los nombres de los propietarios que sobrexplotan el lugar, los empleos y recursos generados, las condiciones laborales y de seguridad de la población y el cumplimiento de la normatividad.
Su compañero ambientalista, Ruiz Guzmán, admitió que algunas empresas explotadoras son propiedad de políticos y empresarios (sin mencionar nombres), así como que muchos sitios son explotados por las noches, sin respetar leyes de equilibrio ecológico.
Para La Jornada, Vázquez Sánchez dijo que existía negativa por parte de las autoridades del ramo para brindar información respecto a la vigilancia de las afectaciones.
El problema no ha sido solamente que el Ayuntamiento haya avalado la apertura de numerosos yacimientos a empresas que explotan grandes superficies con maquinaria y camiones de carga, sino que se ha vuelto una forma de vida pues hay incluso familias de escasos recursos tecnológicos que se dedican a ello.
«La cadena socioeconómica de la explotación de materiales pétreos «aumenta la complejidad de su impacto socioambiental, pues se inicia con propietarios vinculados con el poder político y económico local o con pequeños propietarios, la contratación de personal con experiencia en manejo de explosivos, extractores del material (areneros de pico y pala), personal especializado en manejo de maquinaria, transportistas, comerciantes de material pétreo, albañiles, arquitectos e ingenieros, y culmina con los ciudadanos y dependencias gubernamentales que compran el material para la construcción y el revestimiento de caminos y carreteras»», explicó el especialista de Ecosur.

Se escapa nombramiento

Quadratín Chiapas informó, el pasado abril, que San Cristóbal de Las Casas no había sido nombrada como Patrimonio Mundial de la Humanidad a causa de las condiciones de deterioro ambiental que presenta, y por su detrimento arquitectónico.
Además, la ciudad no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales ni relleno sanitario, requisitos mínimos para alcanzar este reconocimiento, consignó el portal de noticias.
La Jornada coincidió con que la creciente destrucción de su arquitectura y la alteración de su entorno alejaron el nombramiento de San Cristóbal. Citó al exdelegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Jorge Alberto Ruiz Cacho, quien refirió que la ciudad fue destruida o modificada en 75 por ciento en el lapso de 25 años.
De acuerdo con la Declaración de un Bien Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, las ciudades históricas vivas son candidatas a recibir este nombramiento si son «susceptibles de evolución bajo el efecto de mutaciones socioeconómicas y culturales». Por tanto, para que un sitio sea distinguido como tal debe cumplir con 10 características.
Algunas son la planificación urbana o la creación de paisajes; ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico; ser ejemplo eminentemente representativo de procesos ecológicos y biológicos en curso en la evolución y el desarrollo de los ecosistemas.
Así como «contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación in situ de la diversidad biológica, comprendidos aquellos en los que sobreviven especies amenazadas que tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación».
No obstante, San Cristóbal ha registrado un crecimiento desordenado, el curso natural de los procesos ecológicos y biológicos han sido afectados, además que se ha devastado con ecosistemas que existían en la zona de Salsipuedes. A esto se aúna el desinterés de las autoridades por actuar ante la problemática.
Para La Jornada, la directora de Medio Ambiente y Recursos Naturales del ayuntamiento de San Cristóbal, Gabriela Velázquez Gamboa, afirmó que urge que la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) de Chiapas clausure los bancos de arena por haberse rebasado el límite de extracción.
Le pidieron al gobernador Manuel Velasco Coello cancelar las concesiones mineras en Chiapas, pero no contestó la petición. Ahora, Ecosur ha declarado como irreversible el daño hecho al ecosistema de San Cristóbal de Las Casas.

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