La primera ministra limita a un año el tiempo en que Reino Unido continuaría en la unión aduanera de no alcanzarse un acuerdo, en una propuesta que difícilmente convencerá en Bruselas
Agencias
[dropcap]T[/dropcap]heresa May ha superado una nueva crisis en su Gobierno. Esta vez, a cuenta de un plan para evitar que vuelva una frontera física a Irlanda en el caso de que la salida de la UE se produzca sin acuerdo. El ministro del Brexit, David Davis, había amenazado con dimitir si May no modificaba su propuesta de continuar indefinidamente en la unión aduanera de no alcanzarse un acuerdo nuevo. La primera ministra ha sofocado la rebelión limitando a un año el plan de contingencia. Los eurófobos cantan victoria. Pero, una vez más, el vago compromiso difícilmente convencerá en Bruselas.
Se está convirtiendo en la dinámica habitual en las negociaciones del Brexit, y es poco alentador para Reino Unido: la energía negociadora de Theresa May se agota en arduas batallas internas, antes incluso de cruzar el canal de la Mancha y tratar de acercar posturas con los Veintisiete, que son la verdadera contraparte. La primera ministra ha logrado este jueves sacar adelante un plan de contingencia dirigido a evitar el desastre en la frontera irlandesa en el caso en que no se alcance un acuerdo de salida. El ministro del Brexit, David Davis, figura clave en el Gobierno no solo por su cargo, sino porque ejerce de puente entre los dos bandos en que el asunto europeo divide al Gabinete, había amenazado con dimitir si la primera ministra seguía adelante con su intención de no poner una fecha límite al plan de contingencia.
Finalmente, tras un día de frenéticas negociaciones en Downing Street, May ha añadido una fecha: el plan de contingencia duraría solo un año. Rebelión sofocada. Davis se queda. Pero tanto los negociadores Bruselas como el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ya han advertido de que un plan de contingencia con una fecha final no es una solución factible.
El objetivo del plan es evitar que un fracaso en las negociaciones del Brexit lleve al levantamiento de una frontera física entre la nación británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, miembro de la UE, algo que Londres y Bruselas se han comprometido a que no sucederá. La vuelta de los controles fronterizos, advierten desde diversos frentes, podría hacer rebrotar el conflicto sectario que sacudió la región hasta finales del siglo pasado.
Para evitarlo –y evitar también un trato específico para Irlanda del Norte, a lo que los socios unionistas de May se oponen con uñas y dientes- el plan prevé que, en caso de no alcanzar un acuerdo de salida para el final del periodo transitorio en enero de 2021, Reino Unido continúe en la unión aduanera con la UE. La pertenencia a la unión aduanera, descartada ya por el Gobierno, es una clara línea roja para los partidarios del Brexit pues impediría a Londres cerrar acuerdos comerciales con terceros países. Por eso el sector más eurófobo del partido Conservador británico recela de un plan que temen pueda convertirse en la situación definitiva: solo están dispuestos a aceptarlo si tiene una fecha final clara.
La redacción del plan de contingencia produjo una nueva batalla entre los dos bandos en que el tema europeo divide al Gobierno de la debilitada Theresa May. Un conflicto que ha vuelto a atascar las negociaciones y ha provocado incluso presiones a la libra esterlina, debido a los temores de los inversores ante la falta de avances.
El tenor final del texto es fruto de un compromiso que el sector eurófobo vende como una victoria. Dice literalmente que el Gobierno «espera» que un futuro acuerdo comercial a largo plazo reemplace el plan de contingencia al final de 2021. La vaguedad de la redacción permite apagar la rebelión interna, pero constituye poco más que una nueva patada hacia delante que difícilmente satisfará a nadie. Los diputados conservadores más pro Brexit considerarán que el plazo no está lo suficientemente marcado. Cualquier intento de concretarlo más será con toda seguridad rechazado por la UE que, presionada por Irlanda, quiere una garantía legal de que no habrá una vuelta a una frontera física en la isla.
Pasa el tiempo y los avances en las negociaciones del Brexit están poco menos que atascados, principalmente porque el Gobierno británico parece incapaz de consensuar su propia postura en la mesa negociadora. La publicación de un prometido nuevo documento detallando más la postura del Gobierno ha sido aplazada. Igual que la decisión definitiva sobre el tipo de relación aduanera con la UE que quiere Londres, con el Ejecutivo divido entre dos opciones poco desarrolladas. La semana que viene, la gran ley de salida de la UE vuelve para continuar su tramitación a la Cámara de los Comunes, que tendrán que debatir las nada menos que 15 enmiendas introducidas por los lores. Cada vez parece más probable que Reino Unido llegue al final del plazo de negociación con una factura a abonar de 45.000 millones de euros y un vago boceto de lo que será la relación futura. De ser así, cuando el acuerdo llegue al Parlamento en octubre, los diputados tendrán que plantearse si eso es algo que pueden aceptar.
