Falta capacitación e interés de servidores públicos; hay deficiencias al debido proceso y al acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres
CIMACNOTICIAS
[dropcap]A[/dropcap]unque la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas se decretó hace más de medio año, el 18 de noviembre de 2016, la Fiscalía General Estatal (FGE) continúa con las faltas al debido proceso y al acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres, denunció la agrupación civil, Centro de Derechos de la Mujer en Chiapas (CDMCH).
La AVG fue solicitada por dicho Centro hace tres años y se otorgó para los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores.
Esta situación, señala el CDMCH en un comunicado, se debe a la falta de capacitación, voluntad e interés de fiscales, peritos, policías, traductores y secretarios de la Fiscalía para actuar de acuerdo al mandato que dio la Secretaría de Gobernación (Segob), por medio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), al gobierno encabezado por Manuel Velasco Coello.
De esta forma, las medidas urgentes de seguridad, prevención y justicia que implica la AVG no se aplican, ya que no existe en la Fiscalía la claridad de cómo actuar, por ejemplo cuando una mujer se presenta a denunciar una agresión o algún tipo de violencia de género.
Otras irregularidades que detectó el CDMCH respecto a la AVG, solicitada hace tres años por esta organización civil, son que no existen espacios privados y adecuados para escuchar a las víctimas de violencia cuando presentan una denuncia, «generalmente este tipo de procedimiento se realiza en áreas de atención inmediata, un espacio abierto que revictimiza a las personas», describió la organización.
Además, no se llevan a cabo los procedimientos de actuación inmediata de atención a víctimas. «Esto implica canalizar de inmediato a los servicios de salud cuando existen lesiones físicas o bien la sospecha de daños no visibles que puedan generar riesgo para su vida y requieran atención médica», dice el Centro.
Por el contrario, observó el CDMCH, las autoridades se tardan en los trámites, no se le da a conocer a la víctima el procedimiento a seguir ni copias o revisión de su declaración, y los tiempos y recursos en la intervención que existen. Todo esto, bajo un trato que no es digno ni sensible por parte de los servidores públicos, lo que reproduce «los perjuicios que tienden a revictimizar y culpar a las mujeres».
Malos tratos a mujeres indígenas
La organización peticionaria de la AVG destacó en particular los malos tratos que enfrentan las mujeres indígenas, quienes viajan por varias horas para acudir a denunciar ante un Ministerio Público, donde se encuentran con la falta de traductores, personal médico, psicológico y trabajadoras sociales capacitadas.
Cabe recordar que la declaratoria del Mecanismo incluye recomendaciones específicas para la población indígena y para las 16 localidades de la zona de los Altos de Chiapas, no obstante, el Centro indicó que en su mayoría no se cumplen con las órdenes de protección a favor de mujeres indígenas.
Sin aplicar protocolo por feminicidio
La organización civil insistió que se mantienen las omisiones por parte del Estado para atender los casos de feminicidio ya que no se aplica el «Protocolo de Actuación Operativa y Técnica en la Investigación de los Delitos de Homicidio y Feminicidio».
Tampoco se tiene conocimiento por parte de la Fiscalía estatal de cuántos casos de feminicidio (número, lugar, y fecha) se han cometido de noviembre de 2016 hasta la fecha, argumentó la agrupación. Desde agosto de 2014 hasta ese momento, la FGE había documentado 104 casos de feminicidio en Chiapas.
De acuerdo con el Centro, estas irregularidades ya han sido discutidas en tres sesiones ordinarias con el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) sobre el seguimiento de la Alerta, por lo que, como parte de la Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, continuará vigilando al gobierno de Manuel Velasco en su obligación de «salvaguardar la vida e integridad de las mujeres».
