El biólogo Antonio Lazcano describe el conflicto que ha enfrentado a organismos públicos con investigadores como la búsqueda de autonomía de los organismos académicos «sin la intromisión del poder»
Aquínoticias Staff
Tras un conflicto que ha estado calentándose a fuego lento entre el Gobierno y la comunidad científica de México, el problema ha llegado al punto de ebullición.
Científicos de organismos públicos se enfrentan con investigadores críticos.
El problema inició incluso antes de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tomara posesión el 1 de diciembre de 2018 con el anunció de haber elegido a la bióloga Elena Álvarez-Buylla como futura titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
La preocupación acerca del activismo de la nueva encargada en contra de las cosechas transgénicas prendió las alertas que pronto terminaron por confirmarse.
Álvarez-Buylla al frente de Conacyt, forzó la renuncia de la directora del Centro de Investigación Científica de Yucatán, Beatriz Xoconostle, biotécnologa y reconocida por su trabajo sobre el mejoramiento de cultivos a través de la ingeniería genética. No se le notificó la razón de su despido.
El punto de quiebre llegó el mayo pasado, cuando el presidente López Obrador firmó un memorando que se tradujo en recortes de 30 por ciento a 50 por ciento a los montos asignados a los centros de investigación científica en áreas como materiales, combustibles, viáticos, pasajes aéreos e investigaciones.
El biólogo Antonio Lazcano, publicó ese mes en la revista científica estadounidense Science un artículo en el que cuestionaba el rumbo de la ciencia en México bajo la política de recortes de López Obrador.
En éste criticaba «la oposición (de Álvarez-Buylla) a la «ciencia occidental racional y hegemónica», que podría extinguir las colaboraciones internacionales, ahuyentar a los inversionistas en ciencia y tecnología, y alentar una fuga de cerebros de México».
Aseguró que no se trata de un enfrentamiento entre Álvarez-Buylla y él. «El verdadero problema es la independencia que tienen que tener los organismos académicos para poder juzgar en términos científicos la labor de los colegas sin la intromisión del poder», puntualizó.
Con información de Sin Embargo
