El diputado federal Guillermo Santiago lamentó la pretensión de querer utilizar el tema de los desplazados con fines políticos: «Entendemos que el desplazamiento tiene muchas causas pero el problema radica en que no está siendo atendido». Lamentó que el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno lleve seis años sin operaciones
Texto: Julieth Rodríguez
Fotografía: Jesús García
[dropcap]S[/dropcap]in operaciones desde hace más de seis años, se ha mantenido el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, contemplado en la ley para la atención de familias en esta situación, denunció el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional, Guillermo Santiago Rodríguez.
Ayer, en compañía del defensor de derechos humanos Diego Cadenas Gordillo, así como de los indígenas desplazados que instalaron desde hace siete días un plantón frente al Palacio de Gobierno, el político morenista anunció en conferencia de prensa que ingresaría a las oficinas del gobierno del estado la solicitud para la instalación del consejo referido, puesto que más de mil 900 personas en estas condiciones requieren atención.
Antes de mediodía, a través de su cuenta oficial de Twitter difundió el contenido del escrito donde, además, exigía que ese organismo sesionara para cumplir «la Ley para la prevención y atención del desplazamiento interno en el estado de Chiapas y así garantizar los derechos humanos de los desplazados», tanto del ejido Puebla, como de todos quienes se encuentran en situación de desplazamiento en el estado.
Exhortó al gobierno estatal a que inicie los trámites correspondientes «para la conformación y elaboración de un Registro Estatal para la Población Desplazada, esto con la finalidad de atender a los diversos grupos».
Lo acompañaron en la entrega, representantes de los desplazados del ejido Puebla (Chenalhó), entre ellos, Javier Hernández, quien durante la conferencia efectuada por la mañana de ese día, acusó a las autoridades del estado de desatención puesto que no han intervenido para solucionar su situación.
En la comparecencia ante los medios de comunicación, también participaron los representantes desplazados Juan Pérez Pérez de Zinacantán; y Armando Méndez Núñez, del ejido Cintalapa, así como otro del ejido Tenango, ambos en Ocosingo.
Comentaron que se unen a la causa de sus compañeros del ejido Puebla, con la esperanza de que las autoridades intervengan en sus casos que datan de años, uno incluso desde hace una década.
Entre las peticiones, destacaron la desarticulación de grupos armados que —aseveraron— están bajo las órdenes de la alcaldesa Rosa Pérez, liberación de sus compañeros presos en «El Amate», y restitución de sus propiedades. De no encontrar eco en las autoridades, advirtieron que lo que sigue en el plan de acción es una huelga de hambre.
Omisión
Santiago Rodríguez también denunció el incumplimiento de la ley por parte de las autoridades. Recordó que en 2012, el Congreso estatal aprobó la Ley para la prevención y atención del desplazamiento interno en el Estado de Chiapas, donde se estipula el establecimiento del consejo estatal para darle atención integral al desplazamiento interno, y que estaría encabezado por el secretario de gobierno, así como por otros funcionarios e integrantes de pueblos indígenas. Su importancia radica en que es el mecanismo institucional y legal para resolver la problemática.
«Este consejo tiene como obligación atender la situación de desplazamiento y darle solución pronta; así también, dice el artículo 10, garantizar las condiciones de vida para que mientras exista el problema de desplazamiento, las personas cuenten con alimentos, servicios médicos, techo y vestido, situación que no se está cumpliendo, se está violando la ley. Me comentan los del ejido puebla llevan 50 días sin alimento y más de dos meses sin atención médica», expresó el diputado.
Alertó de la pretensión de querer utilizar el asunto con fines políticos, sin especificar el modo o por parte de quiénes ha sucedido. «Entendemos que el desplazamiento tiene muchas causas pero el problema radica en que no están siendo atendidos, y muchos de los desplazados están queriendo ser utilizados con fines electorales», dijo el morenista.
Asimismo, se encontró con que el consejo estatal para la atención integral no ha sesionado y a los compañeros que son desplazados ni siquiera los ha atendido el secretario de gobierno.
«El artículo 3 transitorio de la ley para prevenir el desplazamiento, establece que el consejo deberá instalarse en un plazo de 60 días naturales tras la publicación de esta ley; pasaron seis años y el consejo no está operando», comentó.
También informó que el punto de acuerdo que ingresó desde noviembre pasado a la Cámara de Diputados, por el conflicto de Chalchihuitán y Chenalhó está a punto de dictaminarse. Espera que sea a favor para que de esta manera, desde lo federal se le exhorte a las autoridades del estado para que actúen como lo estipula la ley en los casos de desplazamiento, además que se garantice el respeto a sus derechos humanos.
FRASE
«El artículo 3 transitorio de la ley para prevenir el desplazamiento, establece que el consejo deberá instalarse en un plazo de 60 días naturales tras la publicación de esta ley; pasaron seis años y el consejo no está operando»: Guillermo Santiago Rodríguez
