Inicio » Chiapas » Hay simulación en Alerta de Género
Hay simulación en Alerta de Género

Hay simulación en Alerta de Género

Integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas anunciaron que se retirarán de las mesas de trabajo de la AVG puesto que, más que avances, hay tintes políticos en el manejo de la misma

Portavoz Staff

Las organizaciones civiles integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas anunciaron que se retirarán de las mesas de trabajo de la Alerta de Violencia de Género (AVG) puesto que, más que avances, hay simulación con tintes políticos en el manejo de las mismas.
“Hacemos de conocimiento público que las peticionarias han determinado no asistir más a las mesas de trabajo convocadas por el gobierno de Chiapas, a través de la Fiscalía General del Estado, por incumplir de manera reiterada los acuerdos que permitan la implementación urgente y seria por parte de las autoridades involucradas”, informaron.
Mediante comunicado, los organismos dieron a conocer su posicionamiento respecto al tema a casi un año de haberse establecido la alerta en siete municipios de la entidad, lo que consideran fue parcial puesto que debió instaurarse en la totalidad del territorio chiapaneco; asimismo, acusaron la intromisión del “carácter patriarcal y machista con el cual los servidores públicos abordan las medidas para erradicar la violencia hacia las mujeres”, lo que ha entorpecido los trabajos.
“Desde el 20 de enero de 2017, fecha en que se conformó el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario hemos observado con preocupación que los representantes del gobierno de Chiapas han politizado la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para impulsar candidaturas, afianzar puestos políticos y justificar la reorientación de presupuestos públicos”, lamentaron.
Dilación injustificada para la implementación de medidas; incumplimiento al mandato judicial federal por parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), así como por el Ejecutivo federal y estatal; inoperatividad de las mesas de trabajo; ineptitud para llevar a buen puerto las disposiciones; y sobre todo, el doble papel desempeñado por la Fiscalía General del Estado son las irregularidades que han impedido el avance, explican.
Denunciaron que el 9 de agosto en la última reunión con autoridades federales y estatales —a nueve meses de la declaratoria—, sólo se convino la aprobación del logotipo y eslogan de una campaña de difusión.
Anteriormente, tuvieron que pasar seis meses de la Declaratoria de AVG para que se instalaran cuatro mesas de trabajo que hasta hoy no han operado las medidas recomendadas. “No han funcionado como se acordó en el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, no hay resultados concretos y adolecen en el funcionamiento del plan y programas que permitan monitorear y evaluar los avances, retos y retrocesos en la implementación de acciones”, aseveraron.
De la campaña de difusión mencionada —a la que han hecho observaciones—, los organismos desconocen la estrategia integral (no se las han proporcionado) y por tanto, no puede comenzar a operar en su totalidad.
Las autoridades estatales tampoco han reunido a todos los alcaldes de los ayuntamientos indígenas de la zona Altos para informarles con detenimiento los detalles de la declaratoria, mucho menos las acciones a implementar para detener la violencia sistemática contra mujeres y niñas indígenas.

Autoridad, juez y parte

Otro punto grave es que no se acuerparon de especialistas que dirijan la encomienda, sino lo que predomina es la “coordinación carente de metodología y conocimientos sobre género, derechos humanos, interculturalidad y multiculturalidad, aunado al desconocimiento del contexto prevaleciente en el estado”.
“Esta situación refleja la carencia de los perfiles académicos y experiencia teórica-práctica requerida para impulsar, direccionar y dar contenido a las medidas necesarias para proteger la vida de las mujeres en Chiapas”, espetaron las organizaciones.
A todo ello se suma el evidente conflicto de interés que representa el hecho de que la Fiscalía General del Estado coordine la implementación de la AVG y a su vez, sea una de las instituciones señaladas en violaciones a derechos humanos y el acceso a la justicia; juega “un papel de juez y parte”.

Deja un Comentario

Tu dirección de email no será publicada. Required fields are marked *

*

14 − 1 =