ERA y los escenarios legislativos
La crisis del sistema de partidos políticos en México se refleja claramente en la conformación y recomposición de los grupos parlamentarios tanto de las cámaras alta y baja federales, como de los congresos locales.
En la actual legislatura del Congreso Federal el gobierno de Peña Nieto y su partido operaron para evitar que una desbandada de diputados perredistas le diera la posición de tercera fuerza legislativa al Movimiento de Regeneración Nacional (morena) de Andrés Manuel López Obrador.
Esto representaría que el grupo parlamentario de AMLO encabezara la Junta de Coordinación Política en el tercer año de la legislatura.
Dicho en otras palabras: Los diputados del Peje administrarían los recursos del Congreso Federal en la coyuntura del próximo año electoral, cuestión que no se puede permitir el presidente Peña y su partido.
Por esa razón desde Los Pinos le concedieron la presidencia de la Mesa Directiva al perredista Jesús Zambrano para que a partir esa posición, en la que puede autorizar canonjías, mantuviera la cohesión de su grupo parlamentario.
En el caso de Chiapas el escenario se repitió: Morena está en la posibilidad de constituirse en la tercera fuerza partidista representada en el Congreso del Estado, lo que en términos de la legislación interna de la cámara, modificada el día de ayer, le permitía administrar ese poder legislativo en año final de la legislatura, año electoral. Eso tampoco se podía permitir desde el poder.
Entonces se operó por dos vías:
a) La mayoría del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana realizó una interpretación de la fórmula de asignación de los diputados plurinominales que daba, convenientemente, un diputado al PVEM en detrimento de Morena.
Esta asignación está impugnada y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede modificarla, lo que le devolvería a Morena su condición de tercera fuerza en el Congreso de Chiapas; sin embargo, eso ya no tendría efectos en la administración legislativa.
b) Previendo este escenario, ayer mismo se modificó la Ley Orgánica del Poder Legislativo local para impedir toda posibilidad de que Morena acceda a la presidencia de la Junta de Coordinación Política, órgano administrativo.
Y aprovechando el viaje, se hicieron los arreglos para garantizar el control del PVEM y del PRI de los órganos de gobierno: Mesa Directiva y Jucopo.
Un cambio fundamental en la ley orgánica fue la inclusión de los términos de mayoría absoluta y voto ponderado, para la toma de las principales decisiones de gobierno interno.
En los términos en que ayer se aprobó, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) puede ser presidida por toda la legislatura por el coordinador del grupo parlamentario que cuente con la mayoría absoluta (La mitad más uno: 21 de 41 diputados).
Actualmente el PVEM cuenta con 17 diputados, en caso de mantenerse en la diputación plurinominal Eduardo Ramírez Aguilar. ERA bien podría operar la pronta deserción de cuatro legisladores de otros partidos para engrosar su grupo parlamentario y así contar con la «mayoría absoluta» para mantenerse en la presidencia de la Jucopo por los tres años.
En caso de no conseguir la «mayoría absoluta», ERA podría por «voto ponderado» (el valor de cada voto de los coordinadores de los grupos parlamentarios cuenta proporcionalmente en función del número de legisladores que representan) ser electo titular de la Jucopo, para luego ser reelecto los dos años siguientes.
Otro escenario sería que no llegara ERA a la próxima legislatura y se le permitiera al PRI asumir la administración en el segundo año y quedara el último periodo administrativo al rejuego de las circunstancias políticas que prevalezcan en ése entonces.
Empero, lo cierto es que Eduardo Ramírez, hasta ahora, tiene fincada la continuación de su proyecto desde el liderazgo en el Congreso del Estado y su grupo pareciera seguro de tener garantizado, bajo cualquier circunstancia, sea como sea, el ingreso del comiteco a la próxima legislatura.
* * * * * *
El Trife, desde su Sala Regional de Xalapa, continúa dirigiendo fuertes juicios en contra de las autoridades electorales de Chiapas. Por ejemplo, en el fallo del caso del municipio de San Andrés Duraznal, puede leerse: Se amonesta al Consejo Municipal Electoral y al Consejo General, ambos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, así como al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, para que en lo sucesivo actúen apegados a los principios que rigen la materia electoral, en razón de que su indebido desempeño contribuyó a un cambio de ganador en la elección de ayuntamiento.
