Los análisis científicos, el peritaje realizado en Cocula y las contradicciones de los supuestos perpetradores pone en entredicho la «verdad histórica» informada por el exprocurador Jesús Murillo Karam
Nayeli Roldán
[dropcap]E[/dropcap]l Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que analizó lo ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa concluyó que la versión de la Procuraduría General de la República acerca de que los jóvenes fueron incinerados en basurero de Cocula, Guerrero, no es científicamente posible.
Los análisis científicos, el peritaje realizado en Cocula y las contradicciones de los supuestos perpetradores pone en entredicho la «verdad histórica» informada por el exprocurador Jesús Murillo Karam sobre lo ocurrido con los normalistas desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Lo anterior, de acuerdo con las conclusiones del Grupo Interdisciplinario, presentadas este domingo 6 de septiembre.
«Los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula», concluyó el grupo de expertos, tras seis meses de investigación, como lo mandó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El grupo de está conformado por Francisco Cox, abogado originario de Chile y especialista en derecho constitucional; Claudia Paz y Paz, abogada guatemalteca especializada en derecho penal y derechos humanos. También lo componen la abogada colombiana Ángela Buitrago, experta en derecho penal y ciencias criminológicas; Carlos Beristáin, médico español y especialista en educación para la salud, y Alejandro Valencia Villa, abogado originario de Colombia, especializado en la promoción y defensa derechos humanos y derecho internacional humanitario.
De acuerdo con Francisco Cox, experto en derechos humanos e integrante del Grupo Interdisciplinario, un experto en «ciencia del fuego» concluyó, tras una visita al basurero de Cocula en julio de este año, que para incinerar 43 cuerpos se hubiera requerido 13 mil kilogramos de neumáticos y 30 mil kilogramos de madera y el fuego debió haber durado 60 horas; además se hubiera generado una nube de 300 metros que sería vista por los pobladores, pero no ocurrió.
Además, no hubiera sido posible que alguien se acercara a la pira de fuego a supuestamente arrojar más combustible, como dijeron en sus declaraciones los supuestos perpetradores. Esto porque el fuego generaría de 14 a 16 kilowatts de radiación, lo que hubiera quemado a quien se acercara.
Quinto autobús
En la presentación de los resultados, que se llevó a cabo en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del DF, los cinco expertos del grupo confirmaron también la existencia de un quinto autobús que salió de la terminal de Iguala. Es decir, un autobús adicional a los cuatro que, según se conoce, tomaron los normalistas en la noche de su desaparición.
Los expertos aseguran que conocieron de investigaciones de autoridades estadounidenses acerca de un autobús de Iguala que transportaba droga a Estados Unidos, por lo que instaron a que esa fuera una línea de investigación para la PGR.
Cabe agregar que, según los expertos, ese quinto autobús no ha formado parte del expediente e investigación de la Procuraduría porque, supuestamente, había sido destruido por los estudiantes.
En conferencia de prensa, el experto en derechos humanos e integrante del grupo independiente, Carlos Beristain, dijo que la existencia del autobús debe ser una línea de investigación porque las evidencias demuestran que la intención del operativo contra los normalistas era «no dejar salir los autobuses de Iguala».
«Hay un modus operandi, un aumento de violencia, un ataque dirigido hacia los estudiantes y (la orden de) no dejar salir los autobuses», dijo el experto de origen español.
En la presentación del informe, los expertos mencionaron que uno de los estudiantes que sobrevivió al ataque fue llevado a una casa de seguridad en Iguala, donde escuchó que había un hombre dirigiendo todo el operativo.
«Fue un operativo que estaba siendo dirigido de forma coordinada por un hombre que no hemos logrado identificar», agregó la experta Claudia Paz.
Sobre la presunta participación del Ejército en el caso, los expertos indicaron que los militares vieron a los estudiantes heridos en la clínica Cristina, donde los agredieron verbalmente.
Los expertos aseguraron también que los estudiantes fueron vigilados en todo momento a través de las cámaras del C4, pero durante los ataques, hubo «silencio» entre las autoridades.
Tanto elementos de la Policía Federal, municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional estuvieron enterados de la presencia de los estudiantes y desde un principio sabían que eran alumnos de Ayotzinapa. «Nunca los confundieron», dijo Claudia Paz.
Horas más tarde, en la primera reacción al informe, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que giró instrucciones para que se tomen en cuenta las observaciones realizadas por los expertos de la CIDH.
A través de su cuenta de Twitter, Peña Nieto agradeció el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos humanos «para la investigación de estos hechos tan lamentables»
(Con información de animalpolitico.com)
